La sobreexplotación del acuífero, los proyectos gasísticos y mineros o el dragado del Guadalquivir amenazan el Espacio Natural de Doñana. A juicio de WWF, el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía no están cumpliendo las recomendaciones de UNESCO, a quien transmiten declaraciones de intenciones que luego son desmentidas por las acciones de ambas administraciones.
España ha entregado este primero de diciembre un informe a UNESCO sobre los pasos que ha adoptado en favor de la conservación de este enclave. Para WWF, las exigencias del organismo no sólo se han incumplido, sino que España ha transmitido únicamente declaraciones de intenciones que podrían cambiar en vista de los nuevos escenarios políticos posibles. Proyectos como el dragado del Guadalquivir o el almacenamiento de gas en Doñana no se han cancelado formalmente, por lo que podrían ejecutarse a pesar de que se haya transmitido a UNESCO lo contrario.
En relación al dragado del Guadalquivir, aunque España ha declarado ante la UNESCO que no se llevará a cabo el proyecto y que lo excluirá del próximo Plan Hidrológico del Guadalquivir, se opone sin embargo a retirarlo del Plan vigente, que ha sido recurrido por WWF ante el Tribunal Supremo. Los escritos de oposición del Ministerio de Transición Ecológica y la Autoridad Portuaria, coetáneos a los informes enviados a la UNESCO en 2017 por España, defienden el dragado y su inclusión en el actual Plan Hidrológico, lo cual es totalmente contrario a lo afirmado ante el organismo internacional en Cracovia, donde tuvo lugar la última reunión del Comité de Patrimonio de la Humanidad. Para WWF, si España quiere demostrar que no va realizar el dragado del Guadalquivir, debe llevar a cabo acciones verificables desde el punto de vista legal, como anular el proyecto de dragado mediante la correspondiente resolución administrativa.
En relación a la gestión del agua y la situación del acuífero, el Parque Nacional de Doñana, patrimonio de la humanidad y humedal de importancia internacional, lleva décadas soportando la proliferación de cientos de pozos ilegales y hectáreas regadas sin permiso que le están llevando al colapso. Esta sobreexplotación se refleja en la evidente falta de agua en los ríos y arroyos que nutren al Espacio Natural, deteriorando el acuífero que tardará décadas en recuperarse.
Hay que destacar que actualmente el acuífero está en peor estado que durante la gran sequía de 1995: más del 80% de los sectores están en parecida o peor situación que hace 24 años. Para intentar paliar esta situación, el Gobierno andaluz aprobó en 2014 un plan de ordenación (Plan Especial de la Corona Forestal) que, entre otras medidas, abogaba por la gobernanza en la zona, con el cierre de captaciones y fincas ilegales. Años después de su aprobación, el Plan sigue sin aplicarse totalmente y WWF ha podido comprobar que la superficie de regadío sigue creciendo, y que no hay un control en la zona del volumen de agua usado por los agricultores.
WWF denuncia también que, en lugar de velar por la conservación del humedal más emblemático de España, el Congreso de los Diputados está promoviendo la especulación del regadío en Doñana al aprobar una nueva ley que aumenta de 4,99 a 19,99 Hm3 la cantidad de agua que se podrá trasvasar a Doñana. Apenas 24 horas después de aprobarse esta ley en el Congreso, el PP andaluz ya estaba pidiendo la ampliación de la superficie de regadíos que acosan a Doñana. Según cálculos de WWF, si los agricultores se limitasen a regar con los volúmenes autorizados en sus concesiones y se cerrasen las fincas ilegales que no dejan de proliferar en la zona, no haría falta ampliar el trasvase, ahorrando el coste de la larga lista de infraestructuras que se ha asociado al mismo, y logrando la recuperación del acuífero en un plazo mucho menor.
“Ya es hora de actuar, de cerrar fincas y pozos ilegales y no crear falsas expectativas a regantes ilegales que provocan un daño a Doñana y al resto del sector agrícola”, afirma el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. “No podemos caer en errores de la vieja política de aguas con más presas y trasvases, hay que apostar por el cumplimiento de la legalidad en un estado de derecho”, añade.
Por último, Del Olmo señala: “UNESCO debe hacer responsable a España por maltratar nuestro patrimonio común, y devolver la gestión de Doñana al camino correcto, exigiendo hechos concretos y verificables y no meras declaraciones de intenciones que no comprometen a España y que pueden ser modificadas en función del escenario político. Estamos a tiempo de preservar la asombrosa biodiversidad de Doñana y todos los beneficios que supone para la zona y para toda la humanidad, pero sólo si actuamos de una vez por todas ante su degradación”.
