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Eva Hernández: "Estamos en tiempo de descuento para salvar nuestras fuentes de agua"

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Con el fin de dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo, desde iAgua hemos iniciado un ciclo de entrevistas llamado "La Nueva Política del Agua" (#NuevaPolíticaAgua). Hoy hablamos con Eva Hernández Herrero, Responsable del Programa de Aguas y Alimento de WWF España.

Pregunta - Recientemente, España ha vivido una moción de censura que ha terminado con un ciclo de más de 6 años de gobiernos del PP. ¿Qué balance general realiza de las políticas de agua llevadas a cabo desde la Administración General del Estado en esta etapa?

Respuesta - Mientras hemos pasado meses mirando al cielo con la única esperanza de que lloviera, y siguiendo diariamente en los informativos la evolución del agua embalsada, nos hemos olvidado de la salud de las verdaderas fuentes de agua de la sociedad: los ríos, acuíferos y humedales.

En estos seis años no ha habido una mejora significativa en la salud de nuestros ecosistemas acuáticos y hemos seguido aumentando la presión sobre ellos, que son las verdaderas “fuentes de agua” de la sociedad, a base de obras de embalses, impulsando el espejismo de que modernizar regadíos ahorra agua y promoviendo nuevas superficies regadas, al tiempo que se ha paralizado la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. No había presupuesto para cuidar, recuperar o controlar el estado de los ecosistemas que nos dan de beber, pero sí se ha contado con dinero para recrecer el embalse de Yesa o iniciar el  de Alcolea.

En estas legislaturas no hemos tenido nada que no hubiéramos tenido antes: hemos mantenido la gestión y las ideas del siglo XX para los retos del XXI

La gestión del gobierno se ha centrado en salvar las formas sin cambiar el fondo: se han aprobado los segundos planes hidrológicos en plazo, pero arrastrando los problemas del primer ciclo, con graves incumplimientos de la normativa europea, la Directiva Marco del Agua (DMA), tal como informó la Comisión Europea, y abusando de las excepciones. Un claro ejemplo son los Planes Especiales de Sequía, que presentan estos eventos extremos como excusa para saltarse la ley, considerando como “excepcionales” sequías que ocurren, de media, un año de cada cuatro, o “coyunturales” situaciones de escasez que se dan la mitad del tiempo.

Ante su propia incapacidad para transponer en condiciones la DMA y para aplicar siquiera nuestra propia legislación  –recordemos que apenas se han cerrado pozos ilegales de los 500.000 que se estima que existen en España- el gobierno del PP decidió plantear un “Pacto Nacional por el Agua”. Para WWF, el primer pacto es cumplir con la ley y si hay voluntad política de un verdadero pacto, debería ir más allá del marco legal y de la situación actual, y tener visión de futuro. Sin embargo, ese pacto no aspiraba más que a cumplir con algunas exigencias legales, a resolver cuestiones propias de la gestión diaria de un ministerio de medio ambiente –como acordar con comunidades autónomas y municipios la forma de aplicar las directivas de depuración o de inundaciones- , y a encontrar argumentos para justificar algo en lo que se lleva centrando la gestión del agua en este país desde tiempos de Joaquín Costa: aumentar la oferta. ¿Falta agua? Traemos más. De un embalse, de un trasvase, de una desaladora, de la modernización de regadíos, de reutilizar agua depurada…

En estas legislaturas no hemos tenido nada que no hubiéramos tenido antes: hemos mantenido la gestión y las ideas del siglo XX para los retos del XXI. Centrada en la oferta, opaca y buscando seguir impulsando las obras públicas para el regadío y facilitando la producción hidroeléctrica a cualquier precio. Lo que sí hemos visto claro, con la última sequía, es que este modelo no funciona: necesitamos un modelo que nos aporte seguridad ante el desafío del cambio climático. Seguridad de que vamos a tener agua en el grifo, de que no perdemos nuestras playas o nuestra pesca, de que no se nos inundan los pueblos. Seguridad de que no va a colapsar el modelo agrícola de regadío, que no deja de crecer en España alentado por el espejismo de que nunca faltará agua. Y eso no se consigue a fuerza de aumentar la oferta y de seguir llenando de hormigón los ríos, porque no cabe una presa más: hay que empezar ya a reducir la demanda y a cuidar nuestras fuentes de agua.

Un buen marco legal y una buena planificación hidrológica permitirían asumir los retos pendientes.

P. - La política de agua ha quedado encuadrada en el Ministerio para la Transición Ecológica encabezado por Teresa Ribera y Hugo Morán. ¿Cuáles diría que son sus principales retos y qué espera de su acción de gobierno en materia de agua?

R. - Esperamos que el cambio de nombre del Ministerio implique realmente un cambio de paradigma y se impulse, por fin, una verdadera “transición hidrológica”. El principal reto es que la sociedad comprenda que no podemos seguir como hasta ahora, que las infraestructuras duras no son la solución a nuestros problemas actuales y a los que están por venir de la mano del cambio climático, y que unos ríos, acuíferos y humedales sanos son la mejor y única garantía para contar con agua –y otros servicios de los ecosistemas- para asegurar nuestra calidad de vida. Y el primer paso en este sentido tiene que venir desde la propia administración.

El apoyo a la Directiva Marco en Europa, y su completa transposición y aplicación en España, son prioritarios y una herramienta clave para este cambio. Un buen marco legal y una buena planificación hidrológica permitirían asumir los retos pendientes.

Necesitamos cambiar la Ley de Aguas para que la satisfacción de las demandas del regadío e hidroeléctricas deje de estar por delante de los objetivos ambientales y el abastecimiento a poblaciones. Considerando que si no recuperamos la salud de nuestros ecosistemas acuáticos no habrá agua para la agricultura, la producción de energía, el urbanismo, el turismo, la navegación, o incluso para satisfacer el derecho humano al agua, parece lógico que la política hidrológica fije un límite a los demás usos.

La modificación de la Ley de Aguas permitiría además aplicar la recuperación de costes del agua, de modo que se fomente un consumo más responsable y se posibiliten las inversiones necesarias para mejorar el dominio público; revisar el sistema concesional para adaptarlo a la realidad cambiante y evitar el acaparamiento de derechos; o abrir los espacios formales de participación a todos los actores interesados, y no solo a los que tienen una concesión de aguas.

Hay que dejar de pensar que el aumento de la oferta resuelve los problemas de escasez

Además, es necesario revisar otros textos legales que dejan huecos y que permiten tomar decisiones sobre el agua al margen de la Directiva Marco del Agua y de la planificación hidrológica, como la preconstitucional Ley de Reforma Agraria, el Memorandum del Tajo, o los artículos que permiten privatizar los mercados de aguas.

Las mejoras en la base legal redundarían en mejores planes hidrológicos. El tercer ciclo de planificación, en el que ya se está empezando a trabajar, será esencial: se nos acaba el tiempo, no solo el fijado por Europa, para recuperar nuestros ríos. Los nuevos planes tienen que reflejar el cambio y abrir el debate desde las primeras fases. Hay que dejar de pensar que el aumento de la oferta resuelve los problemas de escasez.

Es imprescindible, en cambio, trabajar en la reducción de las demandas, y esto no es sólo aumentar la eficiencia -modernizar regadíos o reutilizar aguas residuales es solo otra forma de oferta- . Reducir demandas implica conocer con detalle cuánta agua se usa y se consume realmente, acabar con los pozos ilegales y con los consumos que superan los permisos, revisar concesiones para adaptarlas a los recursos disponibles -teniendo en cuenta las necesidades de los ecosistemas acuáticos y los efectos del cambio del clima-, implica revisar la política de precios del agua. Es, incluso, plantearse reducir la superficie de regadío.

Necesitamos cambiar la Ley de Aguas para que la satisfacción de las demandas del regadío e hidroeléctricas deje de estar por delante de los objetivos ambientales y el abastecimiento a poblaciones

Mientras se gestan estos cambios, se pueden ir ya tomando medidas, como revisar en profundidad los Planes de Sequías antes de aprobarlos, o renunciar definitivamente al recrecimiento de Yesa, a la construcción de los embalses de Alcolea, Biscarrués y Mularroya, o al dragado del Guadalquivir. Podemos dar un impulso a la recuperación de los ríos, que están al borde del infarto con un obstáculo de media por kilómetro, promoviendo la demolición de presas y otros obstáculos obsoletos que ya no ofrecen ningún beneficio a la sociedad.

Estamos en tiempo de descuento para salvar nuestras fuentes de agua, de vida, de cultura y de economía. No podemos permitirnos perder ni un día más para darle la vuelta al modelo de desarrollo de este país y eso es tarea de todo el gobierno. Incluso de todo el Parlamento. El Ministerio de Transición Ecológica no podrá hacer nada si no sopla un viento a favor, pero tiene la responsabilidad de ser timón de cambio.

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