La nueva Ley del ciclo integral del agua entrará el próximo 1 de septiembre en vigor, tras su publicación hoy en el Diario Oficial de Galicia. Se trata de una ley que la Xunta impulsa para apoyar a los ayuntamientos en la gestión del abastecimiento y la depuración, mejorando la calidad de los servicios a los ciudadadanos y reforzando el cuidado de las rías y de los ríos.
El carácter transformador de esta Ley permite su configuración como herramienta de ayuda a los ayuntamientos para una gestión de los servicios urbanos del agua, de competencia directa de las entidades locales.
La nueva norma, la que los ayuntamientos podrán adherirse de forma voluntaria, fomenta una gestión profesional de los servicios urbanos del agua. Así, en aquellos municipios que así lo soliciten, Augas de Galicia se encargará de la explotación de las infraestructuras hidráulicas, como ya está haciendo en los 28 ayuntamientos en los que actualmente está gestionando sus depuradoras.
La nueva ley contribuirá a evitar la llegada de aguas blancas a las depuradoras, que estas funcionen mal o que haya fugas en las redes municipales que en algunos ayuntamientos consiguen el 80%.
La normativa también supone aplicar unas tarifas transparentes y homogéneas en toda Galicia, que respetan la autonomía municipal y no supone incremento de tarifas ni imposición de ningún tipo.
Además, con esta nueva norma se pondrá a la disposición de los ayuntamientos que quieran gestionar sus sistemas nuevas herramientas: un programa de formación periódica y directrices que le sirvan de guía, para que puedan conseguir una gestión eficiente.
De este modo, se establece un marco normativo para blindar la calidad en los servicios, la eficiencia en la explotación de las infraestructuras hidráulicas y la viabilidad económica de los sistemas, marcando un antes y un después en la calidad de los servicios del agua a los ciudadanos y en el cuidado de las rías y de los ríos.
El nuevo modelo
La Xunta define, con esta ley, un nuevo modelo para ayudar a los ayuntamientos que así lo soliciten ante las dificultáis contrastadas, técnicas y económicas, que tienen muchos municipios para prestar adecuadamente y con eficacia estos servicios municipales, que inciden en la calidad de las aguas, en medio natural, en la salud de las personas y en actividades económicas como la pesca, el marsiqueo a acuicultura o el turismo.
El nuevo marco regulatorio da un paso más en el camino de la correcta gestión del ciclo integral del agua, apostando por la integración de servicios y por la gestión profesionalizada y especializada de las infraestructuras y servicios asociados, partiendo del conocimiento minucioso de los sistemas y de la ordenación completa de sus instalaciones.
Además, apuesta por la gestión agrupada de las infraestructuras y la aplicación de economías de escala, que implica menores costes derivados de la optimización de materiales, equipos y personal, permitiendo ahorros del 10%.
Con esta Ley Galicia opta por el instrumento más eficaz y útil, que tiende a mano a los ayuntamientos y procura una gestión profesional y de calidad de un servicio tan básico como es el agua, un bien público cada vez más escaso, pero imprescindible para la vida.
Hace falta recordar que en los últimos años, la Xunta lleva movilizado 1.100 millones de euros en actuaciones de saneamiento y abastecimiento, con las que el 90% de las aglomeraciones urbanas cumplen la directiva europea sobre depuración; el 79% de las masas de agua de las rías se encuentran en buen estado; y los puntos de vertido clasificados cómo contaminantes pasaron del 40 al 15%.
En el siguiente enlace al DOG puede consultarse la información.
