Marzo de 2013 ha resultado ser un mes record en precipitaciones y esta circunstancia ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad bastante generalizada de nuestros sistemas hídricos frente a ese fenómeno y también ha hecho aflorar algunas falsas ideas sobre las causas del daño y la forma de actuar frente a este evento. Volveremos a escuchar los debates sobre los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico y si este episodio responde a la lógica de los ciclos o representa el umbral de un nuevo tiempo. Pero, independientemente del lado del debate en el que nos encontremos, lo necesario es seguir tomando medidas para una mejor protección frente a las inundaciones, lo que evidentemente no significa reducirlas a un riesgo cero.
Hasta tiempos relativamente recientes sequías e inundaciones eran consideradas una catástrofe que había que soportar
Para un país con una climatología como España, la gestión de los fenómenos extremos debe ser considerada como parte de la gestión global del agua aunque hasta tiempos relativamente recientes sequías e inundaciones eran consideradas una catástrofe que había que soportar y no una situación que debe gestionarse. La protección frente a inundaciones de la población, infraestructuras y el sistema económico (bienes y haciendas, en lenguaje clásico) en general implica una política decidida de provisión de bienes públicos en las que tienen gran importancia medidas de ordenación territorial y de seguros junto con las clásicas de infraestructuras.
Siempre se ha considerado que el gran problema del Sistema Hídrico de nuestro país, en lo que se refiere a los fenómenos extremos, eran las sequías que representaban escenarios con aportaciones inferiores a las consideradas medias, con una presentación mas o menos cíclica. Las avenidas, por el contrario, todavía siguen siendo consideradas como un fenómeno aleatorio, poco o nada parametrizable, de presentación súbita, que se desarrolla en un área territorial reducida y frente al cual solo cabe plantearse actuaciones ex post incluyendo el seguimiento de la evolución de la avenida y regulándola cuando sea posible.
No es mi objetivo ahora el analizar o no la bondad de las actuaciones llevadas a cabo en el pasado con relación con las avenidas, cuyo punto de arranque podemos situarlo en la rotura de la presa de Tous en octubre de 1982. Tampoco lo es el tratamiento que estas situaciones han tenido y están teniendo en la Planificación Hidrológica, a mi juicio insuficientes. Lo que quiero poner de manifiesto son algunas percepciones sociales sobre el fenómeno y sus consecuencias en la orientación de las futuras políticas del agua.
Las poblaciones aguas abajo de una presa (sin que sea relevante el tamaño de la misma) consideran que los efectos de la avenida se ven agravados por la operación de la misma cuando efectúa un desembalse para disponer de mas capacidad de retención. Puede resultar difícil explicarlo pero, aún a costa de ampliar su tiempo de duración, la magnitud de la riada es menor. ¿Qué habría pasado si no hubiera existido la presa que ha retenido el agua? Sencillamente: la avenida hubiera sido de mayor magnitud.
La regulación que ofrece la presa resulta tremendamente eficaz para las avenidas de tipo medio – por otra parte, las mas frecuentes - a las que prácticamente elimina. La “protesta” del ciudadano afectado por la operación de regulación del caudal que realiza en la presa enmascara, de manera subliminal, el hecho que cree que la existencia de ésta ha dotado de una protección adicional (y elevada) al territorio aguas abajo de la misma eliminando el riesgo de inundación. La consecuencia es la utilización del espacio próximo al río para localizar allí otras actividades, en un proceso quizás lento pero implacable.
Algunas de estas nuevas actividades pueden ser perfectamente inundables (estoy pensando en las imágenes que nos han ofrecido de la playa fluvial de Valladolid) y solo habrá que asumir el coste de su reparación. En otros casos podemos estar hablando de viviendas o instalaciones industriales, lo que nos introduce en una escala de gravedad mayor y que obligará en algunos casos a evacuaciones de personas o la recuperación del tejido productivo. Muchos campos de cultivo que se encuentran en zonas inundables, no asumen esa situación y consideran que deben de estar protegidos de una manera casi absoluta.
Las soluciones clásicas han sido siempre estructurales. En primer lugar, los embalses, los de regulación y, mas recientemente los de laminación pura, pero eso tiene sus limitaciones. Resulta curioso que, en pleno episodio de unas avenidas excepcionales, gran parte de los responsables de la administración del agua hayan apuntado la necesidad de construir mas presas de laminación aunque posiblemente estén pensando en presas de regulación.
Es posible que se trate de un mensaje coyuntural que sin duda tendrá que ser llevado a sus justos términos tras una reflexión sosegada por ejemplo sobre si esas nuevas presas que se prometen van a ser todas de laminación pura o se va a utilizar la excusa de la defensa de inundaciones para proyectar presas que incrementen regulaciones y aumenten disponibilidades, es decir posibiliten mantener las políticas de ofertas del presente.
En algunos ríos la capacidad de laminación y por tanto la posibilidad de actuar en una situación de avenida minimizado sus efectos es muy reducida
Es cierto, sin embargo, que en algunos ríos la capacidad de laminación y por tanto la posibilidad de actuar en una situación de avenida minimizado sus efectos es muy reducida (por ejemplo el Duero, aguas arriba de Zamora, tiene poco más de la tercera parte de capacidad de regulación de la que se dispone en el Guadalquivir aguas arriba de Sevilla) . En el lado contrario, sobre todo en el área mediterránea, las posibilidades de presas de laminación en los tramos bajos ya son muy escasas. Finalmente, habría que analizar si el coste de estas posibles infraestructuras justifica el valor de los bienes a proteger (salvo que se considere adecuada la protección de bienes en zonas de riesgo extremo sin adoptar medidas de ordenación de las que luego hablaremos).
Un segundo tipo de medidas estructurales lo constituyen los encauzamientos y muros o motas de defensa. Se trata de protecciones de carácter local, aunque en algunos casos pueden tener un desarrollo de algunos kilómetros, que afectan a zonas urbanas, construcciones o cultivos. El riesgo en esos puntos puede resultar reducido ya que sólo se verían afectados por avenidas superiores a las de diseño. Sin embargo, al constreñir el cauce se produce un aumento de la velocidad de las aguas y de su capacidad erosiva. Los efectos negativos de la avenida se trasladan aguas abajo del encauzamiento, multiplicándolos.
La disminución de la sensación de riesgo ha implicado que de manera sistemática se haya producido una ocupación mas o menos intensa del espacio que se ha liberado al río, espacio que suele ser de dominio público. En los casos de defensa de poblaciones puede resultar extremadamente complejo y poco realista adoptar medidas para una reversión de la situación pero es en zonas de cultivo, en las que sistemáticamente se producen inundaciones, donde deberían estudiarse otro tipo de medidas.
Una de las mas importantes sería la realización de una adecuada red de drenaje (asignatura pendiente en nuestros regadíos) que facilite la rápida evacuación de las aguas y evite el espectáculo de campos anegados durante un periodo prolongado, situación letal para cultivos leñosos.
Probablemente deberíamos replantearnos el concepto de encauzamiento clásico actuando con criterios de restauración fluvial
Probablemente deberíamos replantearnos el concepto de encauzamiento clásico actuando con criterios de restauración fluvial. Hace un par de años se realizaron unas actuaciones en un tramo de 20 kilómetros del curso superior del río Órbigo. Se trataba de “esponjar” el cauce, ampliando el área inundable (siempre dentro del dominio público), trasladando las motas existentes, haciéndolas de menor altura y permitiendo que la avenida se distribuyese en un espacio mayor, perdiendo cota y velocidad. Habrá que hacer un análisis mas afinado de la avenida actual (que ha sido algo mas moderada que la de otros afluentes del Duero), pero una primera impresión es que no se han producido efectos apreciables sobre la población e instalaciones y que se han reducido considerablemente los problemas en los tramos inferiores, en los que no se había actuado, probablemente como consecuencia de la laminación inducida en el tramo alto. Si esta primera impresión se confirma, deberíamos incorporar este tipo de actuaciones blandas a oreos casos futuros cuando ello sea posible.
Aunque pueda parecer una medida de carácter menor no pueden descuidarse los programas de mantenimiento de cauces ya que alguno de los problemas de las avenidas deriva de que muchos puentes u otros obstáculos actúan como verdaderas presas, reteniendo agua, aumentando el nivel de las mismas y produciendo inundaciones laterales, debido a que la suciedad arrastrada por la riada ha limitado su capacidad de desagüe. Estas operaciones de limpieza deben conjugar la efectividad con la protección a los hábitats naturales de los ríos y, probablemente, no actuar indiscriminadamente sobre un tramo y sí realizar tratamientos selectivos.
El papel de los SAIH en este aspecto se encuentra sobradamente contrastado y no debería reducirse su operatividad
El núcleo central de las actuaciones frente a las avenidas debe de estar fundado en una cultura de la prevención del fenómeno lo cual nos lleva a considerar la importancia de disponer de instrumentos eficaces que permitan un buen conocimiento de la presentación y evolución de la avenida tanto para tomar decisiones operativas, en los casos en que existan presas que permitan la laminación, como para activar los mecanismos de protección civil. El papel de los SAIH en este aspecto se encuentra sobradamente contrastado y no debería reducirse su operatividad en aras de unos pretendidos ahorros a corto plazo con riesgo de disminuir la seguridad a medio y largo plazo.
Dentro de esta cultura de prevención son relevantes medidas ex ante, en las que cobran especial importancia las de carácter no estructural relacionadas con la ordenación del territorio. La reciente Directiva de Inundaciones plantea la necesidad de disponer de planes de gestión del riesgo de inundación de los que son parte importante los mapas de riesgo de inundación que informan sobre el riesgo de situar nuestra actividad en un lugar determinado. La Planificación Hidrológica no puede ordenar mas que una mínima parte de territorio, la correspondiente al Dominio Público Hidráulico (y aún éste, con limitaciones) pero si señalar las distintas zonas de riesgo y, en el caso que la ordenación urbanística opte por localizar actividades en las mismas, plantear las medidas que serían necesarias para minimizar el riesgo, cuando ello sea posible física, económica y ambientalmente. El coste de esas medidas de protección debería repartirse, a diferencia con la situación actual, entre el sector público y los potenciales beneficiarios. Una atribución directa de cargas como la que proponemos permitiría plantear operaciones de intercambio entre nivel de riesgo y coste, sobre todo en actividades que implican una alta ocupación de terrenos.
El tema de las infraestructuras lineales incide muy directamente en el territorio. Es de sobra conocido el efecto barrera que pueden tener carreteras o ferrocarriles agravando las condiciones iniciales de la avenida. Por eso es imprescindible iniciar actuaciones de permeabilización en los casos que se han revelado necesarios y, simultáneamente, exigir que los nuevos proyectos tengan en cuenta ese hecho. Menos importancia se les ha dado a modificaciones en la red de drenaje superficial que pueden dar origen a puntos bajos, origen de cortes de la red viaria.
Frente a la visión de campos anegados que nos ofrece la televisión estos días hay que considerar que la mayor parte de éstos se encuentran en zona inundable (con mayor o menor periodo de retorno). Y obrar en consecuencia. Los planos de zonas inundables deben darnos una indicación clara de los riesgos y ayudarnos a crear una cultura de la prevención que incorpore tanto las medidas necesarias, incluyendo los seguros.
Hemos pasado por un episodio que todo el mundo tacha de excepcional (las referencias anteriores se sitúan en 1947). Parece ahora mas necesaria una reflexión sobre la problemática de las inundaciones en donde las soluciones infraestructurales tendrán un papel que jugar pero teniendo conciencia de que ni van a eliminar todo el riesgo ni van a ser siempre posibles. Por ello es cada vez mas importante considerar y realizar actuaciones en y sobre el territorio y tener en cuenta que de los costes económicos de elevar los niveles de seguridad para determinadas localizaciones, también deben ser corresponsables los ciudadanos que se benefician de las mismas.
