El exdirector de la Agencia Catalana de Aguas (ACA) Leonard Carcolé; y el que fuera gerente de la institución Joan Pinyol han declarado ante la Fiscalía Anticorrupción que el entonces secretario General del Govern catalán Germà Gordó presionó en 2012 para adjudicar a Aguas de Barcelona (Agbar) la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), un negocio que sería millonario y salvaría las cuentas ese año de la Generalitat. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citará a ambos a declarar, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.
Este asunto se investiga en el marco de la causa conocida como 'tres per cent' en relación a la existencia de "una trama delictiva que subyace en la estructura de la contratación pública de las Administraciones catalanas, controlada desde el partido (ya extinto) Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y, en concreto, por Germá Gordó", imputado en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
Los investigadores consideran que él daba cobertura al tesorero del partido, Andreu Viloca, aprovechando su condición de secretario del Govern, mediante actividades delictivas como designaciones fraudulentas en pluralidad de contratos públicos que se convertían en pagos a fundaciones cercanas a la extinta CDC.
En este contexto, Anticorrupción recogió el testimonio de Pinyol y Carcolé, quienes señalaron que Gordó conocía de los procesos de adjudicación que involucraban a más de una consellería, como fue el caso de la privatización de ATLL. Pinyol concretó que sobre aquel asunto se celebraron dos reuniones en 2012 en las que el secretario general se mostró especialmente interesado en el cumplimiento de los plazos.
"Tiene que ser para Agbar"
Sin embargo, preguntado si en esa etapa percibió de Gordó "alguna conducta que pretendiera incidir en su quehacer profesional", Pinyol destacó ante el fiscal que al terminar la reunión, comentó delante de todos los presentes que aquel concurso tenía que "ser para Agbar".
"Bueno, bueno, que nadie se equivoque", añadió según este testigo, cuando se le hizo notar que se trataba de un concurso y Aguas de Barcelona debía cumplir los requisitos.
No fue el único. El mismo testigo, que prestará declaración ante el juez De La Mata, afirma que el abogado Miquel Roca, que entonces era secretario del Consejo de Administración de Agbar, le pidió una reunión en la que acabó proponiendo "mejoras" en las condiciones del pliego de contratación con la jefa de Asesoría Jurídica del Departamento de Territorio, Carmen Sardá, delante.
Pinyol sostiene que Roca le solicitó en particular modificar tres de las condiciones que se habían fijado para el concurso y él le hizo saber que no era posible. El representante de Agbar le trasladó entonces que la oferta que acabaría presentando "iba a condicionar de algún modo el pliego" dado que con los requisitos establecidos les iba a ser difícil conseguir financiación para concurrir.
En su declaración en Anticorrupción el pasado mes de noviembre, fue preguntado por el rol que jugó en aquel momento el que era director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, imputado también en relación al cobro de comisiones de Convergència Democràtica en la adjudicación pública.
"Una puntuación técnica ya hecha"
Pinyol explicó que Rosell era miembro de la Mesa de Contratación y que en una de las reuniones en que se puntuaban las ofertas, se presentó con "una puntuación técnica ya hecha de todos los licitadores en la que se daba la mejor puntuación a Agbar, con gran diferencia respecto del segundo".
Hubo otras empresas que solicitaron la modificación de cláusulas, como Acciona, que lo hizo por escrito y se le respondió que no, de acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press. Sin embargo, acabó ganando el concurso, aunque la adjudicación quedó revocada por sentencia firme del Tribunal Supremo en febrero de 2018.
Por su parte, Carcolé, que también tendrá que acudir en calidad de testigo a la Audiencia Nacional, manifestó ante la Fiscalía que si bien Gordó no tenía intervención en los concursos de la Agencia Catalana de Agua, en "alguna ocasión" se interesaba por "algún aspecto", preguntar por una empresa en concreto y saber cuál había sido el resultado de la adjudicación.
Puso un ejemplo, el de un concurso de explotación de depuración. Gordó le preguntó si Electromecánicas Soler había presentado oferta y cuando Carcolé, tras recavar la información, le informó de que la empresa había sido excluída por no cumplir los requisitos, él le planteó si aquello tenía "algún arreglo posible". Al recibir un no por respuesta, "tuvo una reacción no amigable o un poco hostil" y "mostró su descontento gestualmente", según la declaración prestada el pasado 25 de octubre.
