El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma ha aprobado la cesión de los terrenos de Escombreras en los que el Ente Público del Agua construirá la primera desalinizadora impulsada por la Administración regional. El Ente Público del Agua fue creado meses atrás por el Gobierno autónomo para suplir, con la búsqueda de recursos hídricos propios, la sequía en la cuenca del Segura.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita, y el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, han sembrado dudas sobre el proyecto. En este sentido, Aldeguer explicó que cualquier persona, empresa o administración puede hacer una desalinizadora, pero puntualizó que en cualquier caso "se debe pedir permiso a la autoridad competente para ceder el agua, que es este caso es el ministerio de Medio Ambiente, quien tiene que decidir hacia dónde se van los recursos que se generan en las desalinizadoras, que están considerados dominio público hidráulico". Además, Zorita acusa al gobierno murciano de "subvencionar a los constructores, ya que las demandas existentes en las zonas próximas a Escombreras estarán definitivamente cubiertas en 2006 con el Programa AGUA, que ha sido criticado desde el Gobierno de Murcia. Además, el precio del agua de esa desaladora será mucho más caro que la del Ministerio de Medio Ambiente".
Por su parte, el consejero de la Presidencia murciano, Fernando de la Cierva, afirmó que el Estatuto de autonomía garantiza la gestión de los recursos hídricos internos de Murcia, "por lo que nosotros tenemos la competencia exclusiva en las aguas interiores, por lo que el Ministerio no tiene nada que decirnos".
En definitiva, Madrid y Murcia se enfrentan por la titularidad del agua desalada.
