Agua, energía y futuro

Las crisis sacuden nuestra rutina. Sacuden los hábitos y conductas, ponen en cuestión los valores que sustentan el funcionamiento de nuestra sociedad y la vida se vuelve insegura, falta de referencias en las que confiar.

Siempre fue así, aunque quizá ahora se ha exacerbado la inseguridad en la medida en que antes había calado la idea de que el progreso material nos había inmunizado para el riesgo.

La realidad nos ha dado la medida de la vulnerabilidad humana y de que hay que estar preparados para limitar los riesgos, pero también para asumirlos, pues el riesgo cero no existe.

De las crisis surgen nuevas prioridades. No aparecen por arte de magia, pues en general son líneas de trabajo que quedaron apuntadas desde sectores quizá más lúcidos, quizá menos comprometidos con el establishment. Ocurre que, desde el desconcierto, se da resonancia social a esas ideas, como también a disparates y a oportunistas del río revuelto.

Siempre es difícil separar el grano de la paja. No obstante, creo que dos de las ideas que van a prosperar especialmente son las relativas al agua y la energía. Más específicamente, respecto a las energías limpias y renovables y su relación con el agua.

Recientes evaluaciones cifraron en 16.000 millones de euros las inversiones en el sector del agua –abastecimiento, depuración y medidas contra la desertificación- solo para cumplir con los objetivos de sostenibilidad marcados por Naciones Unidas y las normativas ya existentes en el seno de la Unión Europea. Complementariamente, la industria del agua integrada en la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras se declara tecnológicamente preparada para enfrentar el cambio climático. La pregunta era: ¿quién lo paga?[1]

Poco antes, AEAS estimó que sólo el agua urbana necesitaría 4.900 millones para normalizar sus sistemas de agua, que deberían financiarse con subidas escalonadas de tarifas que en 10 años irían de los 2,2 €/m³ actuales a los 3,6 euros/m³.[2]

El mensaje implícito del sector era: tenemos la capacidad financiera y técnica para hacerlo, déjennos ese mercado y nos ocupamos de él.

Ciertamente, la crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa no sólo la necesidad de reformar nuestro deteriorado sistema de salud, sino la de invertir en infraestructuras esenciales que, a la vez que reactivan nuestra economía, nos preparen para un futuro distinto y mejor. Sabemos ahora que esa necesidad irá acompañada, previsiblemente, de una lluvia de millones públicos que permitirán el relanzamiento de sectores esenciales desde una posición prestigiada del poder público.

La expectativa millonaria ha producido una reevaluación de las necesidades del sector, que recientemente AEAS i AGA han cifrado en 49.283 millones de euros de los que un tercio se orientan al abastecimiento.[3] Ni una sola explicación de las diferencias, que triplican las estimaciones de AEAS el pasado noviembre, y las de abril, mostradas por SEOPAN. Quizá la diferencia no está en las necesidades del ciclo del agua sino en la lluvia de millones que parece avecinarse. Me gustaría saber qué se diría de un político que manejara las cifras con esa ligereza.

Es posible, por otra parte, que la inversión pública vaya acompañada de inversión privada, como también es posible un mayor grado de intervención pública sobre los ámbitos estrictamente privados de la economía.

En ese escenario, es perfectamente posible disociar la capacidad técnica del sector de su capacidad financiera, de manera que el futuro se dibuje desde una perspectiva en la que el interés público no sea condicionado necesariamente por el interés privado, ni en los planteamientos estratégicos –que no pueden ser improvisados-, ni en las prioridades que pueden confundir, como tantas veces, el interés sectorial con el interés público. El debate abierto recientemente en Andalucía tiene eses trasfondo.[4]

Por otra parte, la ley de cambio climático anticipa inversiones multimillonarias en el sector de la energía y, al margen de la evolución específica del sector hacia las energías limpias y renovables, es previsible y deseable que muchas de las actuaciones se den precisamente en la interfase agua-energía, ya sea por la introducción de mecanismos de autogeneración renovable, por la mejora en la eficiencia energética o por la reducción de necesidades de agua de refrigeración de los procesos energéticos.

De manera que el futuro deseable ciertamente pasa por mejorar los sistemas del ciclo del agua y adaptarlos a los nuevos tiempos y circunstancias, mejorar la garantía de abastecimiento en cantidad y calidad y adecuar la gestión del recurso a las eventualidades del clima.

Por otra parte, la intensa inversión pública ha de reforzar la posición del interés público en el nuevo escenario y ha de permitir que las adecuaciones tarifarias no dependan del endeudamiento intenso, hoy habitual en muchos abastecimientos.

¿Será ahora posible un diálogo en el que se reconozca abiertamente la prioridad del interés público?