La crisis económica acarreó una pérdida de confianza en las instituciones que tuvo especial repercusión en los servicios de agua urbana. Sus versiones más constructivas se expresaron en nuevos movimientos sociales y su expresión política, y en el planteamiento de cuestiones inéditas hasta el momento en el contexto español, como el derecho de acceso al agua, que llegó como una extensión de los planteamientos que se formulaban para el tercer mundo, que antes de la crisis parecía tan lejano y en el que tuvieron un papel importante muchas ONG de matriz española.
El ejemplo de París, que acababa de recuperar la gestión de su servicio de agua, puso sobre la mesa el Observatorio del Agua de París (OPE), que es una comisión extra-municipal creado en 2006 por el Alcalde de París, como lugar de intercambio y reflexión de los ciudadanos en el que se emiten opiniones consultivas con el objetivo de ayudar a satisfacer las expectativas de los usuarios en el ámbito del agua y el saneamiento.
Diseñado como una herramienta para la consulta y el control ciudadano sobre la política municipal de agua, el OPE está informado de todas las deliberaciones importantes sobre la gestión del agua, sobre las cuales emite una opinión antes de su aprobación ante el Consejo de París. Un representante del Observatorio se sienta en la Junta de Directores de Eau de Paris (empresa Gestora) con voz deliberativa.
Un observatorio es, en principio, un órgano que recopila y sistematiza información y la pone al servicio de quien la precise. Puede incluir la realización de encuestas y la propuesta de indicadores de gestión. Sus funciones pueden ser extrapoladas a las de órgano de participación si así se considera oportuno, pero debe tenerse en cuenta que la participación tiene una dimensión social que la palabra observatorio no sugiere.
La hipótesis de un observatorio estatal del agua urbana debería limitarse a la recopilación y sistematización de información para ponerla a disposición general. En efecto, no tendría sentido extender sus funciones a las de participación en materias que no son competencia del Estado. Otra cosa sería la consideración de un órgano de participación en el seno de las confederaciones hidrográficas, que tienen competencias muy concretas en relación al agua urbana.
Un tal organismo no podría tener funciones ejecutivas. En su desempeño informativo debería buscar una excelencia –solvencia profesional, independencia de criterio- de la que obtener ascendente para intervenir en la elaboración de propuestas o en la solución de conflictos. Hay que tener en cuenta que las necesidades de asesoramiento solvente en ese terreno son muy grandes no sólo en el ámbito técnico sino en el de la gestión económica y administrativa y muy especialmente en las cuestiones que conciernen a la opinión pública.
A nivel autonómico existen ejemplos en los que profundizar: El Observatorio del precio del agua en Cataluña es un espacio web para dar a conocer cuál es el precio del agua en Cataluña, los elementos que lo configuran, los costes que se recuperan y los servicios que se pagan. Emite informes periódicos sobre el precio del agua, su composición, los servicios que incluye y otros conceptos que integran el recibo; sobre la estructura de la tarifa del agua; los precios en los distintos municipios y su evolución; y sobre el tipo de gestión que se practica en los servicios de abastecimientos. Pero no es, propiamente, un órgano de participación, funciona de forma análoga al SINAC en el que el Ministerio de Sanidad recopila y organiza datos y los pone a disposición pública.
A nivel provincial, hay que constatar el papel de las diputaciones –al igual que a nivel insular los Cabildos- en general infrautilizadas, aunque con notables ejemplos de su potencial dinamizador de la acción local. Un ejemplo a seguir es el de Promedio, consorcio puesto en marcha en 2005 por la Diputación de Badajoz con un recorrido ejemplar.
A nivel municipal en España se han iniciado algunas experiencias como la de Terrassa, donde el Pleno municipal de julio del 2018 aprobó el Reglamento del Observatorio del Agua de Terrassa (OAT), como órgano que articulará la participación de la ciudadanía en la definición de las políticas y en las decisiones estratégicas que afecten al servicio de abastecimiento de agua municipal. El Reglamento prevé que el OAT esté formado por una representación amplia de la ciudadanía, de las entidades, de los agentes sociales y económicos, de los grupos políticos, del Gobierno de la ciudad y de los sectores consumidores de agua.
En Sevilla, EMASESA ha creado un órgano asesor y de participación, integrado por representantes de sus grupos de interés, especialistas y personal de la empresa, que ayudan a generar y evaluar la estrategia de gestión pública.
El laboratorio del agua nace de la iniciativa de Graciela Schneier-Madanes, actualmente presidenta del OPE. Se trata de un ente con una capacidad de acción superior a la de un observatorio, pues más allá de la función propia de ese, se capacita para promover y ensayar experiencias piloto en los diversos ámbitos de gestión del agua urbana, ya sean de carácter social, técnico o económico. Más allá de sus funciones de información y asesoramiento, sus actuaciones como banco de pruebas deberían constituir referencias evaluadas de las iniciativas que pudieran emprenderse. A título de ejemplo los ámbitos de trabajo del laboratorio se podrían extender a técnicas de financiación e inversión, indicadores de servicio como rendimientos o condiciones laborales, o a propuestas de homogeneización de modelos tarifarios.
