Primero la oscuridad
“El decretazo de Sánchez carga 7.000 millones anuales en el recibo de la luz hasta 2031 para el sector de renovables” (El Mundo 26-11-2019).
“Con la medida salva al sector de la bajada de tipos de interés y se imposibilita un recorte en el recibo de la luz de en torno al 5%, según expertos consultados. Se trata del llamado Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico, que establece la remuneración a las plantas ya instaladas de renovables a partir del 1 de enero de 2020 y que extiende la que expira ahora como si los mercados siguieran tratando a España como en los años del rescate 2012 y 2013".
"El nuevo decreto ya no garantiza a este sector la rentabilidad resultante de sumar 300 puntos básicos a la cotización del bono del Tesoro a diez años como quedó establecido para el período 2013-2019. Si se hubiera mantenido esta metodología, habría supuesto, con la última evolución de los mercados, bajar del 7,4% de rentabilidad vigente a en torno a a un 4,7% de rentabilidad. Eso habría supuesto cargar al recibo unos 5.500 millones de euros y no los 7.000 millones previstos, con la consiguiente bajada en el recibo".
"Lo que ha hecho el Consejo de Ministros a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica es que ya no toma como referencia el bono del Estado, sino que garantiza directamente el 7,4% anual durante los próximos doce años“.
Segundo la claridad
Estudio “Necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España”, realizado por AEAS y la Cátedra Aquae de la UNED, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña: “Las necesidades de inversión en la renovación de infraestructuras supondrían un mínimo de 2.221 millones de euros al año. En relación a la obra nueva, la inversión necesaria para la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas relacionadas con el ciclo del agua asciende a 45.192 M€ hasta 2033. Para el ámbito urbano se pueden resumir que, para el 2º Ciclo de Planificación correspondiente a 6 años −teóricamente desde el 2015 a 2021, ya sobrepasado y no cumplido− el importe destinado a obra nueva del ámbito urbano se sitúa en 11.800 M€ y que, básicamente, están recogidos en el capítulo de Objetivos Ambientales del mencionado Plan DSEAR. En el detalle y de forma anualizada, esta cifra supone una necesidad de inversión de 1.900 M€ al año. Asimismo, el sector del agua urbana considera que hay que invertir, adicionalmente, otros 300 M€ anuales por nuevos requerimientos de calidad y 500 M€, que ya se cumplen, para la mejora operativa de los servicios".
"Todo ello supone que se requiere una inversión anual total de 4.900 M€”.
Estoy sin palabras.
Y ahora quiero volver a oír (ya ni las escucho) las voces que, cada vez que propugno una tarifa de agua a nivel nacional, gritan y gritan: ¡Anatema, anatema, eso es políticamente imposible!
Hay que ver que fácilmente se resuelven los nudos gordianos cuando hay puertas giratorias.
La razón principal para crear un regulador a nivel nacional para el sector del agua no son todas las razones técnicas, económicas y sociales de las que hemos estado hablando en los últimos años.
He visto la luz (que cruel contrasentido, para un amante del agua): la mejor y única razón para crear un regulador nacional es la aparición de una nueva puerta giratoria.
A ver si así nos hacen caso.
