Artículo de Juan López Martos en El Diario de Sevilla

92
0
92
La sequía otra vez

Con su aleatoria puntualidad ya tenemos aquí otra vez con nosotros la tradicional e irregular sequía, con sus también tradicionales acompañantes: la amenaza de restricciones en los abastecimientos de agua potable, la reducción en las dotaciones unitarias en los regadíos, la reducción de la superficie regada, y, cómo no, las asimismo tradicionales obras de emergencia para resolver ¿definitivamente? alguna de las carencias citadas.

Se debe comenzar por aclarar algo más la cuestión de las obras de emergencia. Hoy día cualquier responsable político en materia de aguas sabe que en la mayor parte de España, y en Andalucía desde luego, la sequía es un problema esencialmente climático a resolver con una acción decidida y constante, si bien en épocas de bonanza meteorológica no se cuenta con la comprensión presupuestaria suficiente; también sabe que en bastantes ocasiones ha de realizar obras de emergencia, tales como nuevos pozos, ya realizadas en la sequía anterior, aunque hoy están inservibles por una desafortunada o inexistente conservación de lo construido, debido al afán de lucro de los gestores privados o públicos, unido a la falta in vigilando de los responsables públicos, en muchos casos los ayuntamientos. Esto –creo– explica la continuidad de las obras de emergencia.

Pero volvamos al meollo de la cuestión, nada más y nada menos que independizar nuestras necesidades de agua de los avatares climáticos, acomodar nuestras demandas de agua a los flujos naturales de la misma, sean estos superficiales o subterráneos. Una primera decisión, que desde luego ha de contar con la comprensión ciudadana, es la de lograr que las demandas de agua tengan un verdadero sentido económico, cualquiera que sea el uso a que se destinen, de carácter vital (abastecimiento a poblaciones) o de carácter económico (hidroelectricidad, industria, regadío, usos recreativos). Parece claro tras lo expresado que el agua debe tener un precio, premisa aceptada por la Directiva marco europea para la política de aguas, que incluye en su articulado la recuperación de los costes del agua a distribuir entre al menos los siguientes usos: industria, hogares y agricultura. Únicamente así podremos hablar de demanda de agua, pues hoy lo que existe son más bien requerimientos para usar el agua.

Este principio sólo se aplica de forma creciente en nuestro país en los abastecimientos urbanos, pero se rechaza de plano por los agricultores, que riegan con aguas superficiales reguladas. Por supuesto que una política de precios del agua es un tema complejo, pero no se puede compensar al regadío a costa del agua, un recurso escaso, compensación que si es necesaria debe aplicarse de manera equitativa a las rentas agrarias que la necesiten. En el mismo sentido, no es lógico que un abastecimiento urbano con agua superficial regulada abone alrededor de 0,03 euros por m3 y tras los correspondientes tratamiento y distribución se cobre al ciudadano hasta 15 veces más como mínimo; también habría que clarificar la calificación de los usos del agua, pues no es lo mismo un abastecimiento de una urbanización de segundas residencias que el de una ciudad estable; igualmente requerirían un precio distinto un campo de golf y un riego de hortícolas.

Cuando nuestra demanda de agua respondiera a las condiciones que se acaban de exponer se eliminarían la mayoría de los usos ineficientes y se acabarían los hechos consumados urbanísticos, análogos al de Seseña que ha salido en prensa estos días, que existen en numerosos lugares y en otros usos industriales o de regadío. La modificación legal que ha propuesto la ministra Narbona para que los informes de los Organismos de Cuenca sean vinculantes en todas las transformaciones urbanísticas sería una medida muy acertada que, desgraciadamente, el Consejo de Ministros en su reunión del 14 de julio no ha aceptado.

Lo expuesto hasta ahora supone una actuación sobre la demanda de agua. Es lógico, pues, actuar también sobre la oferta, para tratar de aumentar el volumen de agua disponible, es decir, con las condiciones de cantidad, calidad y oportunidad que cada uso necesite.

Tradicionalmente se ha venido usando la fracción de la lluvia que se transforma en escorrentía superficial, mediante los embalses que regulan los flujos naturales, y la escorrentía subterránea, regulada por los acuíferos. En España el máximo volumen de agua natural, que podría pasar a disponible a través de los acuíferos y de los embalses, es 110 km3 (un km3 equivale a mil millones de m3, lo que es similar a un embalse de Iznájar lleno). Actualmente se dispone de un volumen medio de agua circulando sobre o bajo tierra de 115 km3 , que mediante la acción renovadora de acuíferos y embalses se convierten en 56 km3 disponibles, volumen que supone el 49 por ciento del recurso natural.

De acuerdo con los datos referidos y con la población del país, 44,39 millones de habitantes a 1 de enero del presente año, contamos con pues con 1.260 m3 por habitante y año, cantidad muy estricta que se debe mejorar con las herramientas de la ingeniería: nuevas detracciones al medio natural, difícilmente compatibles hoy con la pervivencia de dicho medio, mejorando la gestión del agua ya disponible, reutilizando el agua o desalando agua de mar o aguas salobres. Todo esto es ya harina de otro costal, que si el diario lo permite se puede analizar en cualquier otro día.

Juan López Martos, doctor ingeniero de caminos. Profesor Extraordinario de la Universidad de Granada.

Comentarios