Los jueces del Constitucional buscan el consenso para resolver la guerra del agua

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Julio M. Lázaro

El Pleno del Tribunal Constitucional está intentando buscar la unanimidad de los magistrados en la sentencia sobre el Estatuto valenciano impugnado por las comunidades autónomas de Aragón y Castilla-La Mancha, al tiempo que trata de elaborar una doctrina que sirva para todos los estatutos implicados en la denominada guerra del agua, según han informado fuentes del alto tribunal. Aunque las posiciones de partida están enfrentadas sobre el texto de la ponencia, magistrados de ambos sectores intentan un acercamiento en busca del consenso sobre las sentencias.

El artículo 17.1 del Estatuto de la Comunidad de Valencia, impugnado por Aragón y por Castilla-La Mancha, establece: "Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal".

Los aragoneses ven en ese artículo un intento de aprovechamiento del Ebro por parte de los valencianos, cuestión innegociable para el Gobierno aragonés, para el que no es de recibo que Valencia "intente aprovecharse de las aguas sobrantes de una cuenca sin contar para nada con la región afectada".

A su vez, los castellano-manchegos recurrieron porque, según su presidente, José María Barreda, la Comunidad Valenciana "se arrogaba todos los excedentes supuestos de las cuencas hidrográficas limítrofes", en referencia al trasvase Tajo-Segura y a los embalses de la cabecera del Tajo.

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