Agbar advierte de las trampas de la Generalitat y de su persistencia en seguir actuando ilegalmente en el caso ATLL

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AGBAR
Grupo Agbar es un holding con más de 140 años de historia constituido por más de 128 empresas que operan en el sector de servicios del ciclo integral del agua, dando servicio a más de 26 millones de habitantes
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Agbar ha presentado un recurso ante el Tribual Superior de Justicia de Catalunya solicitándole que obligue a la Generalitat a excluir a Acciona del servicio de ATLL y a que le adjudique el contrato, advirtiéndole de las trampas de la Administración y de su persistencia en seguir actuando ilegalmente.

En el escrito, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Real Academia Española Santiago Muñoz Machado, se señala que se está, en suma, ante un expediente tramposo que no debe llevar a esa Sala a engaño, puesto que no existe por parte de la Generalitat una mínima actividad válida tendente a dar cumplimiento a la Resolución del OARCC 1/2013, que acordaba la exclusión de Acciona como adjudicataria de Aigües Ter-Llobregat.

En lugar de realizar esa actuación, la Generalitat está declarando reiteradamente en sede política que no tiene intención de ejecutar la resolución, un acto del todo inadmisible jurídicamente.  Así, en unas recientes declaraciones del president de la Generalitat Artur Mas y del conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila, los responsables de cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo dicen que ya han empezado a ejecutar y que por eso han convocado a una mesa de contratación para estudiar el tema, una decisión absolutamente contraria al derecho y que pretende volver a calificar las ofertas con una retroacción del procedimiento de contratación mucho más atrás de lo que exige el OARCC. 

Lo cierto es que la Generalitat, recurrida dicha resolución, que fue denegada mediante tres autos y confirmada en casación por tres sentencias del Tribunal Supremo, sigue sin dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano de recursos contractuales, y está permitiendo, desde hace ya más de dos años, que Acciona preste sin contrato el servicio de abastecimiento de agua de ATLL.

En vez de dar cumplimiento a la resolución, la Generalitat sigue persistiendo en esa conducta ilegal cuando ante esta situación no existe alternativa alguna que no sea la obligación de retrotraer las actuaciones al momento en que esa exclusión debió producirse, y tener por anulado el contrato indebidamente ejecutado por la actual concesionaria. Además, se encubre mediante expedientes y actos administrativos intentando protegerse de una querella por prevaricación. Para eso ha construido artificiosamente un expediente administrativo con más de 800 páginas, de las cuales 760 son escritos de Acciona y sus socios, con el que pretende convencer al Tribunal catalán de que está ejecutando.

Acciona no tiene concesión para prestar el servicio de ATLL y debe dejar de hacerlo, y no hay que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dicte la sentencia sobre el fondo del asunto en la que se confirme si tiene o no tiene contrato. Sobre esto no hay duda, así lo ha dicho el propio el conseller Santi Vila quien reconoce que el Tribunal Catalán se ha pronunciado con claridad meridiana.

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