“Datos! Datos! Datos! … no puedo hacer ladrillos sin arcilla” exclamó Sherlock Holmes (El misterio de Copper Beeches, Arthur Conan Doyle).
Hace unas semanas me invitaron a la primera reunión de un nuevo proyecto que se está gestando en Fresno (California) para establecer una colaboración efectiva entre investigadores, representantes del sector privado y funcionarios de administraciones públicas con el objetivo de desarrollar un centro tecnológicos sobre el agua aprovechando el conocimiento sobre infraestructura y tecnología existente en el Valle Central de California. Uno de los principales focos de atención que caracterizará este plan será el de poner a disposición pública datos reales sobre la gestión del agua propiedad de empresas privadas y agencias públicas para atraer la atención de investigadores en una clara estrategia win-win donde los científicos obtendrán materia prima para sus estudios y las empresas y agencias públicas obtendrán los resultados de esos experimentos, recayendo los beneficios finales de este proyecto sobre la propia sociedad que se aprovechará de un mejor gestión del recurso al mismo tiempo que se potencia economía de la región.
Los investigadores que nos centramos en la gestión del agua tenemos que afrontar grandes trabas para conseguir datos con los que comprobar nuestras hipótesis
Y es que aunque estemos asistiendo en este ya bien entrado siglo 21 al boom de la liberación pública de Big Data, los investigadores que nos centramos en la gestión del agua tenemos que afrontar aún grandes trabas para conseguir datos con los que comprobar nuestras hipótesis, como bien apuntaba en este otro blog el Dr. Maximilian Auffhaumer.
El énfasis en la puesta a disposición de datos que propone los compañeros de la California State University en Fresno me trajo a la cabeza un episodio que me sucedió hace unos pocos meses: buceando por internet encontré un estudio muy interesante realizado por una agencia pública española (de cuyo nombre no quiero acordarme) muy relacionado con mi investigación y ya totalmente finalizado, así pues contacté con sus autores y intenté conseguir los datos de origen de la investigación, y como ya estaréis imaginando, simplemente me contestaron que no podían compartir los datos y que sólo los resultados eran públicos.
No quisiera parecer ingenuo, ya que se que ésta es la práctica habitual, ni tampoco es mi intención la de acusar a estos investigadores porque probablemente actuaron de acuerdo al código de conducta establecido para estas ocasiones en su puesto de trabajo, pero me gustaría mirar más allá de este hecho concreto: en España (y supongo que en muchos otros países) estamos desperdiciando muchas oportunidades, y también mucho dinero, con el tratamiento privado que se le da a los datos que han sido recolectados con financiación pública. Entiendo perfectamente que los investigadores que recogen estos datos a través de arduas encuestas para un estudio en concreto tienen que tener la privacidad necesaria durante un tiempo para realizar el trabajo que han diseñado, pero pasado un periodo prudencial los datos obtenidos con financiación pública deberían pasar a disposición pública, y es más, debería proporcionarse una plataforma adecuada y de fácil acceso online para poder multiplicar los beneficios potenciales de la explotación de estos datos.
Pasado un periodo prudencial, los datos obtenidos con financiación pública deberían pasar a disposición pública
La administración de los Estados Unidos lleva ya unos años promoviendo legalmente este tipo de medidas a través de por ejemplo la llamada Enmienda Shelby a la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés) en la que se “obliga a la Oficina de Gestión y Presupuesto (…) a requerir a las agencias federales que se aseguren de que todos los datos producidos con financiación federal deberán ser puestos a disposición pública”. A la misma conclusión llegó la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) en un informe publicado en 2006, pero hasta donde llega mi conocimiento, las administraciones españolas no han establecido ninguna regulación similar. Tratando de encontrar información con la gran ayuda del amigo google sólo encontré una pequeña referencia no muy a la vista en el documento de Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2013 – 2020.
Para concluir, solamente quisiera apuntar que considero que esta propuesta es de muy sencilla aplicación, una cambio regulatorio menor que no creo que moleste a ningún partido político, y que es de ese tipo de pequeños pasos de los que de vez en cuando el mundo da un salto hacia adelante. Y es bien sabido que España necesita soplos de aire fresco… así que por qué no atreverse a respirar?
