Nuevos retos para las Juntas de Agua en Ecuador

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Sobre el blog

Andrés Martínez
Doctor por la Universidad de Alicante (PhD). Tesis en Gestión del Agua y gobiernos locales del Ecuador. #WaterLaw #Watergovernance #LocalGovernment
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Hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, publicó una reseña acerca de por qué razón existe más acceso a agua potable en las ciudades que en la zona rural, pues si tomamos el caso de América Latina, el 18% de los hogares rurales no poseen acceso a fuentes de seguras de agua, mientras que en el caso del saneamiento la cifra se eleva al 37%, situación que se produce sobre todo en zonas de difícil acceso o pequeñas poblaciones, donde sus habitantes, especialmente niños y mujeres, tienen que abastecerse de agua en pozos, ríos o lagos. Frente al problema descrito, el BID plantea la construcción de infraestructura con tecnología de punta que permita acceder de manera eficaz a las comunidades, situación que debe ser apoyada y gestionada por parte de los gestores políticos de los gobiernos subnacionales, y con la colaboración de los usuarios a fin de obtener una adecuada gobernanza de los recursos hídricos.

Si bien es cierto, la solución planteada parece ser la mejor vía, sin embargo, la construcción de nuevas infraestructuras acompañada de la operación de las plantas, así como el correspondiente mantenimiento, implica altas inversiones monetarias, mismas que no siempre pueden ser costeadas por los comuneros.

En este sentido, es interesante analizar la realidad jurídica que atraviesa el Ecuador, en relación con la gestión del agua potable y el saneamiento en las zonas rurales, y en particular el Acuerdo 2015-1136, de la Secretaría del Agua, de fecha 25 de mayo de 2015, el mismo que ha puesto en alerta a las denominadas: Juntas Administradoras de Agua Potable, así como a las Juntas de Riego-Drenaje.

Para esto, es importante recordar que el agua, al tratarse de un “sector estratégico”, como lo define la Constitución del Ecuador, es el Estado quien tiene la responsabilidad sobre la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, sin embargo, al tratarse de una competencia concurrente (gobierno central y municipal), el servicio público es gestionado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales

Sin embargo, desde la pasada Ley de Aguas (codificada en 2004), así como en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua (2014), se reguló a las Juntas Administradoras de Agua Potable (llamadas Juntas de Agua), las cuales en su mayoría fueron aprobadas en su momento por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, el cual fue reemplazado por la Secretaría Nacional del Agua (2008).

En realidad las Juntas de Agua institucionalizaron o formalizaron una práctica ancestral respecto a la gestión del agua por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas, ya que durante décadas, si bien es cierto, la competencia en la prestación del servicio era municipal, el centralismo, el clientelismo y la mala administración, descuidaron la provisión de los servicios en el área rural. Por ello, la minga (Del quechua mink'a: Reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común.), fue una de las herramientas que permitió la construcción de infraestructuras.

A la fecha, con la expedición del Acuerdo 2015-1136, se instrumentalizan los requisitos y el procedimiento para la aprobación del nuevo tipo de Juntas, las cuales ya no sólo prestarán el servicio de agua potable, sino que asumen la provisión del saneamiento en los sectores en los que el GAD Municipal no presta el servicio, situación que ha puesto en tela de duda si el sistema comunitario como había sido concebido hasta la fecha en el sector rural, será capaz de asumir este nuevo servicio, tanto por razones a nivel técnico así como por razones de sostenibilidad financiera, debido a las tarifas (fijas –no disponen de microcontadores) que cobran usualmente los sistemas comunitarios.

En mi opinión, en el último año se han dado trascendentales reformas normativas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, para lo cual hace falta talleres, jornadas de debate y reflexión en los aspectos técnico, jurídico y político, con el propósito de conciliar intereses y posiciones en torno a un recurso tan importante como el agua.

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