Una de las eternas discusiones a nivel de prestación de servicios públicos ha sido entre qué modelo de gestión presta mayor eficiencia, eficacia y calidad, decantándose las opiniones entre lo público y lo privado. Sin embargo, la falta de objetividad en los debates, sumado a la polarización de las opiniones, ha generado que un asunto netamente técnico se desvirtué políticamente.
Pese a ello, si es nuestro deseo realizar una aproximación a lo que sucede en la Administración Pública a través de las Empresas Públicas, es necesario recordar que si bien es cierto, su estructura es similar a la de una Empresa Privada, éstas no persiguen los mismos objetivos, pues la “pública” responde al interés social y a la universalización de los servicios, lo cual en ocasiones ha hecho que estas Empresas caigan en déficits con la consecuente baja eficiencia, ya que por uno u otro motivo los costes no han sido trasladados al ciudadano usuario, siendo asumidos directamente por la propia Empresa, afectando directamente su sostenibilidad financiera.
En el modelo de gestión “público” de un servicio tan importante como el agua potable y el saneamiento, el gestor debe alejarse en todo momento de la influencia político clientelar
Si tomamos el caso ecuatoriano como ejemplo, según lo destaca SENPLADES (2013), en el país existían 240 Empresas Públicas, de las cuales 28 pertenecían al Gobierno Central (25 públicas y 3 de economía mixta), y las 212 restantes corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de las cuales 71 son Empresas Municipales que prestan el servicio de agua potable y saneamiento, siendo así, existe una Empresa por cada tres municipios, lo cual resulta preocupante, teniendo en cuenta las economías de escala en el sector (más de 100.000 habitantes), cumpliendo el parámetro antedicho tan sólo el 25,3% de ellas, siendo el resto potenciales empresas ineficientes y endeudadas, pues no cumplen con los criterios básicos para la prestación del servicio debido a los problemas estructurales de operación, así como vinculado a factores económicos, técnicos y organizativos.
Frente a ello, las Empresas Públicas del sector se enfrentan a un importante reto que implica gestionarse y crecer de conformidad a una planificación debidamente estructurada, que permita su sostenibilidad financiera, dentro del cual se conjugue el cumplimiento de un compromiso social, sobre todo que permita romper la brecha urbano-rural, así como la universalización del servicio de agua potable y saneamiento en las zonas periféricas. Sin embargo, si no se cumplen las premisas expuestas, el modelo de gestión pública corre el riesgo de convertirse en una carga para la Administración Pública.
Por lo expuesto, lo público no implica gratuidad, ya que los costes que representan la producción de agua (ciclo integral) deben reflejarse siempre en la tarifa a cobrar al usuario final del servicio, y el Gestor Público no puede caer en el “alto costo político” que un sinceramiento de tarifas puede representar.
En mi opinión, en el modelo de gestión “público” de un servicio tan importante como el agua potable y el saneamiento, el gestor debe alejarse en todo momento de la influencia político clientelar, lo cual no quiere decir, que no se deba propender hacia Empresas que sean “socialmente rentables”, sobre todo al tratarse de un derecho humano fundamental.
