Desde hace tres años se viene desarrollando en Andalucía una experiencia inédita y singular en el conjunto de España. Se trata de la colaboración en los temas del agua de un numeroso grupo de organizaciones sociales de muy diferente tipo y a veces con intereses y puntos de vista enfrentados: sindicatos de trabajadores, organizaciones agrarias, ecologistas, ciudadanas y científicas importantes y representativas, que se han constituido en Mesa Social del Agua de Andalucía (CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en Acción, CIREF, Fundación SAVIA, Fundación NCA, Red Andaluza de la NCA)
El momento en el que nos encontramos, con el cambio climático y la crisis de seguridad hídrica como telón de fondo, vuelve a hacer urgente debatir el modelo de gestión del agua. Las directrices básicas que la Mesa Social propone se sintetizan en las siguientes ideas:.
- Los planes hidrológicos de demarcación, basados en los principios de la Directiva Marco del Agua, especialmente ahora que entramos en la revisión del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027), son el auténtico marco dónde tomar las grandes decisiones de la política del agua, poner en práctica las medidas e inversiones concretas y desarrollar los procesos de participación pública efectiva. En consonancia con lo anterior, la prevención del deterioro y la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios y las aguas costeras, y el buen estado de las aguas subterráneas tiene que ser un objetivo inaplazable de la política de aguas andaluza. Así como la fijación de las necesidades de agua de las especies y hábitats en los espacios protegidos.
- Para ello resulta clave garantizar el equilibrio entre las demandas de recursos y los recursos realmente disponibles asumiendo los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y previendo la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático. Todo ello obliga a reorientar la política del agua de Andalucía hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del agua, sostenible en términos ambientales y sociales, siendo imprescindible iniciar una transición hídrica justa.
- Es preciso abrir un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados. Un debate también sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra Andalucía y que requiere una atención prioritaria. Es fundamental realizar un diagnóstico de las necesidades que tienen nuestros pueblos y ciudades para saber cuánto van a costar esas carencias y cómo se pueden financiar. Es importante establecer unos mecanismos de corresponsabilidad en el servicio a la ciudadanía para el conjunto del territorio.
- Es necesario redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío, el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional. Esta reorientación requiere el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería ecológica y de baja huella hídrica, así como a la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral. También es necesario apoyar la reutilización de aguas regeneradas y la desalación para sustituir extracciones en los ríos y acuíferos actualmente sobrexplotados, así como el establecimiento de tarifas volumétricas en el sector que incentiven el ahorro de recursos y la aplicación de instrumentos como los bancos de agua bajo un estricto control de las administraciones públicas.
- El Pacto del Agua que el actual gobierno de Andalucía propone debe asumir y promover un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada, en el que puedan intervenir todos los actores socio-económicos en igualdad de condiciones. El Pacto debe hacer prevaler, como eje central de las políticas del Ciclo Integral, los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Para ello es preciso dotar al ciclo urbano del agua de un marco regulatorio que garantice un buen y justo servicio para la ciudadanía, tomando como referencia el Proyecto de Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía.
- Es necesario desarrollar un proceso de pedagogía social efectiva para facilitar el consenso que requiere afrontar los impactos del cambio climático y los retos de una transición hidrológica justa, que exigen la transformación profundas de los modelos sociales y de pensamiento.
Este artículo está firmado por Antonio Aguilera (Fundación SAVIA), Rocío Algeciras (FACUA), Antonio Amarillo (Ecologistas en Acción), Luis Babiano (AEOPAS), Luis Berraquero (Greenpeace), Antonio Figueroa (Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua), Roque García (UPA), Roberto González (SEO), Tony Herrera (CIREF), Noelia Márquez (COAG), Leandro del Moral (Universidad de Sevilla), Rafael Rodríguez (CCOO), Rafael Seiz (WWF).