La otra cara del trasvase Tajo-Segura

7.041
4
  • otra cara trasvase Tajo-Segura

Sobre el blog

Antonio Lamela
Prof. Dr. Arquitecto, Urbanista y planificador del territorio / Premio Rey Jaime I / Dr. Honoris Causa UCJC / Académico RADE

Cuando se cumplen 37 años de la puesta en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura es momento de analizar y revisar las consecuencias que ha tenido, con una imprescindible visión global de los aspectos afectados —medioambiental, humano y socioeconómico— en el contexto de nuevos modelos de gestión integral del agua, con avanzadas técnicas a nuestro alcance y herramientas que nos permiten hacer un juicio crítico para comprobar su vigencia o errores cometidos, a la vista del desequilibrio territorial producido.

Los trasvases de agua no deben ser valorados en función del rendimiento obtenido con el agua trasvasada sino en la medida en que esa acción antrópica incide en la masa de agua afectada. Cuando éstos se realizan entre ríos de una misma cuenca, o entre ríos caudalosos, es evidente que las consecuencias no son las mismas que cuando se realizan entre ríos de distintas cuencas, y de forma prolongada en el tiempo, sin la rigurosa planificación y adaptación a las variaciones pluviométricas y de consumos. En estos casos, los perjuicios medioambientales pueden ser enormes, a lo largo de todo el curso del río, no sólo de la cabecera.

Cuando se ensalza el trasvase Tajo-Segura como herramienta de gestión del agua, se hace como consecuencia de los resultados obtenidos en la cuenca receptora: la pujanza del sector agrario en el sureste español, con el consiguiente crecimiento económico, gracias a la disponibilidad del agua transferida desde el Tajo a una región semiárida. Pero casi nunca se analizan sus efectos en la cuenca paciente, además de diversos “errores de apreciación”, que son muy importantes.

El propio nombre de la ley que regula la transferencia del recurso —Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura— lleva implícita la idea de equidad entre cuencas, que el tiempo se ha encargado de desmentir y ha convertido en paradoja.

El desarrollo agrario del sureste español —Murcia, Alicante y Almería— ha inducido la improcedente incorporación continuada de nuevos terrenos de regadío a pesar de que las aportaciones de agua en el Tajo, cada vez menores, solo han permitido trasvasar, como máximo, el 30% de lo previsto como posible, creando unas “necesidades” y expectativas que han forzado a apurar al máximo los trasvases aún en momentos de sequía, es decir, de alerta o prealerta, con los embalses de Entrepeñas y Buendía en torno al 12%-14% de su capacidad. Un auténtico disparate.

Menos se habla del desarrollo turístico que, obviamente, ha conllevado un aumento del consumo de agua, que también satisface el trasvase. Una sola imagen del desarrollo de la Manga del Mar Menor es suficiente para ver de forma intuitiva este aspecto.

La consecuencia es que el río Tajo está prácticamente muerto en distintas épocas y, por ello, además, muchos de sus tramos sin capacidad de dilución de las aguas contaminadas procedentes del Manzanares y el Jarama, como factor añadido, y sin el “caudal ecológico” adecuado para la supervivencia de los ecosistemas vegetales y animales, incluso humanos.

No se trata sólo de si el agua trasvasada se emplea de forma razonable, eficiente y con buenos resultados económicos, sino de si todo ello es a costa del estancamiento del desarrollo del territorio de la cuenca donante y la degradación de un río importante.

Este desequilibrio se plasma en el famoso “canon de compensación” a la cuenca perjudicada, como contrapartida al agua enviada, que es costeado por los beneficiarios del trasvase y se distribuye entre las CCAA de toda la cuenca del Tajo para ser supuestamente invertido en infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas sin realizar; es decir, no llega de forma real a los habitantes perjudicados de la cuenca del Tajo.

Otro grave “error de apreciación” es considerar excedentaria toda el agua existente en los embalses por encima del umbral mínimo, establecido en 400 hm3, cuando las necesidades de la cuenca cedente —teóricamente prioritarias, según la ley— no se satisfacen, teniendo en cuenta la variedad de usos posibles para su desarrollo, aparte del consumo humano, algunos de los cuales no han podido implantarse al no tener su oportunidad.

Todo esto ha de llevarnos a una reflexión sobre el deseable desarrollo sustentable, aplicado a nuestros ríos, y el necesario equilibrio territorial.

La conciencia medioambiental no era un aspecto prevalente en décadas en que el propio desarrollo económico de nuestra nación era prioritario pero, actualmente, es imprescindible la gestión de los recursos considerando tres aspectos: su limitación, el incremento creciente de las demandas y la competencia por ellos entre sectores productivos, manteniendo la sustentabilidad.

El valor concedido últimamente en España al medio ambiente se ha materializado, como casi siempre, más que por convicción, por imposición de las normativas de la Unión Europea; en este caso, la Directiva Marco del Agua, en cuyo espíritu subyacen —además de la consideración del recurso como un patrimonio a conservar— la incorporación de la Sociedad a los ámbitos de decisión, mediante los procesos de participación pública incluidos en la aprobación de los planes de cuenca, y el principio de recuperación de costes, importante para que exista el deseable control sobre la inversión en infraestructuras por parte de las Administraciones.

Respecto a esto último, cabe recordar que, a día de hoy, el trasvase T-S no ha sido amortizado; y ello incluso sin haber sido considerados ni valorados en la factura final los perjuicios medioambientales infligidos a causa de las drásticas detracciones de agua sobre el caudal del río Tajo, además de la perjudicial huella en el paisaje y las dañinas barreras insalvables producidas por las mega infraestructuras necesarias para transportar el agua.

No hay que olvidar, además, la progresiva desertización medioambiental y humana que, paradójicamente, se ha producido por la “solidaridad” de la cuenca donante, siendo ésta una de las zonas más despobladas de España y con bajo nivel de desarrollo económico. Las posibilidades de utilización del agua en esta cuenca son aquellas que vinculan el desarrollo urbano a la disponibilidad de agua; las que les han sido arrebatadas, al considerar que las “prioritarias” necesidades de la cuenca cedente se limitaban al agua para consumo humano y el riego agrícola. Se ha considerado como inamovible el trasvase, aceptando que la prosperidad de la economía del sureste español vaya asociada únicamente al estancamiento de la resignada cuenca del Tajo. Otra injusticia más.

Este territorio, rico en patrimonio natural y cultural, tiene una baja densidad de población que ha crecido únicamente en áreas urbanas de tamaño medio. Es precisamente esa menor población —¿menor censo de votantes?— la que se esgrime a veces a la hora de cuantificar los beneficiarios del trasvase, como una justificación del desequilibrio socioeconómico que se ha producido. Se ignora, en cambio, su proximidad a Madrid y sus conexiones, que crean muchas posibles sinergias —no solo por el turismo, como ya ocurrió en Entrepeñas y Buendía, llamados como conjunto “Mar de Castilla”— sino por la posibilidad de implantación de otros usos productivos —recreativos, culturales, educativos, socio sanitarios, etc.— potenciados por dicha proximidad. Para todo ello, es obvio que los recursos hídricos deben ser algo más que ”reservas mínimas”.

En términos de “huella hídrica” —es decir, el agua necesaria para obtener cualquier producto, sea agrícola, industrial o de otro tipo— también parece lógico que la proximidad del recurso agua a sus áreas de consumo contribuye a la eficiencia, pues el transporte de ésta o de los productos mencionados, a lugares alejados, implica consumo de energía o de combustible, con las consiguientes emisiones de CO2, lo que es desfavorable para el medio ambiente.

Todo esto indica que la correcta planificación territorial y de los recursos, fuertemente vinculados, solo se puede hacer con una visión holística y multidisciplinar, con altura de miras y visión de Estado.

En la gestión integral del agua se encuentra un interesante campo de actuación, por su influencia en el desarrollo de las regiones, sin excluir a ninguna, valorando el patrimonio medioambiental que supone el agua y su relación con los territorios asociados. No olvidemos que el Tajo baña Aranjuez, Toledo o Talavera de la Reina.

Actualmente, disponemos de técnicas cada vez más avanzadas en la depuración de aguas residuales y desalación de agua de mar, con disminución progresiva de sus costes, al reducirse el consumo de energía en los procesos, algunos de los cuales ya se acercan al consumo casi nulo, gracias a la simultánea producción de energía durante esos procesos.

Todo ello con el concurso de las TIC —técnicas de información y comunicación— en los sistemas avanzados o “inteligentes” de gestión, que ayudan en la toma de decisiones. Sin duda, es en la innovación, superando viejos modelos, donde se encuentra el futuro de la gestión del agua, para lograr la verdadera sustentabilidad hídrica, medioambiental y humana.

Comentarios

La redacción recomienda

6 de Junio, 2016
Nuevos lagos sustentables