¿Por qué y para qué son importantes los precios del agua?

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  • ¿ qué y qué son importantes precios agua?

Sobre el blog

Carlos Mario Gómez
Director del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá, Investigador de IMDEA Agua. Asesor de la Comisión Europea y ONU Agua entre otros. Ha sido profesor de las Universidades de Oxford y Berkeley.
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Los asuntos del agua son sin duda paradójicos. El agua es esencial para las personas, es indispensable para muchas actividades económicas y es un elemento estructural de los ecosistemas que nos aportan múltiples servicios, incluida el agua que necesitan las personas y sus actividades económicas. Por ese motivo las sociedades donde el agua es escasa deben encontrar la manera de llegar a acuerdos sobre asuntos públicos tan delicados como, por ejemplo, decidir de quién es el agua, para qué puede usarse, quién ha de tener la prioridad en momentos de penuria, cuánto habrá de pagarse por ella, etc. 

Obviamente, tales cuestiones se hacen más difíciles de resolver a medida que se agotan las fuentes naturales, baratas y accesibles y se deben incorporar alternativas artificiales, más caras y que exigen un esfuerzo mayor en términos de capital y tecnología. No cabe duda que en la actualidad tenemos los medios para conseguir agua suficiente mediante regeneración, reutilización, desalación y otras soluciones sofisticadas. Vivimos en sociedades cada vez más capaces de apoyar con tecnología y capital físico a la lluvia, los ríos y el ciclo espontáneo del agua en la naturaleza en aras de una oferta suficiente y sostenible de agua para todos.

Pero el capital y la tecnología no son suficientes. Aun así es necesario llegar a acuerdos para resolver las cuestiones de gobierno de siempre: ¿quién ha de servirse del agua del río, quién de la desaladora y quién ha de procurarse el agua reutilizando sus vertidos o los de los demás? ¿Hemos de pagar todos lo mismo por un metro cúbico de agua, como ocurre con los kilovatios de energía, o está bien que los que tienen la suerte de beber de fuentes baratas paguen menos que los que se abastecen de fuentes caras? Y, si no se tratara del agua tendremos en unos años: ¿quién debe pagar para reducir la escasez o para garantizar que en el futuro tengamos agua suficiente?

En el Siglo XXI la tecnología ya es parte de la solución. Los principales problemas están del lado del gobierno y la gestión de los asuntos del agua. La primera dificultad para llegar a acuerdos sobre estos temas está en la mezcla de emociones y hechos en la que se dirimen las discusiones públicas sobre los temas del agua. Los responsables políticos conocen de sobra el coste de apostar en la arena pública por aumentos de precios, trasvases, grandes obras hidráulicas, privatizaciones, etc. Por eso muchos prefieren tratar estas cuestiones en la comodidad de los gabinetes de expertos y representantes sectoriales o dejarlas en manos de los gestores en lugar de discutirlas abiertamente en la arena pública. Los ciudadanos por su parte conocen de sobra la importancia del agua, pero están poco preocupados por los detalles: pocos saben realmente cuánta agua consumen o cuánto pagan por ella y sus impresiones tienen un inevitable componente emocional. Aunque los asuntos del agua requieran diálogo y consenso, en la práctica, tal comunicación es deficiente o no existe. El gobierno prefiere tratar los temas como un asunto “técnico” que ha de ser tratado entre “entendidos”, y los ciudadanos, por su parte, desconfían de soluciones que no entienden y, no pocas veces con razón, ven en ellas el riesgo de que el interés particular prevalezca sobre el interés común.

Solo en ese contexto puede entenderse, por ejemplo, la evolución reciente de los precios del agua que pagan los hogares españoles. A muchos ciudadanos sensibles a estos temas les sorprenderá saber que en la última década el precio del agua se duplicó en términos reales. Esto es algo que difícilmente se habría conseguido si tal aumento se hubiera sometido con antelación al debate público. La actualización de la tarifa del agua es aún más llamativa porque coincide con una fase de recesión, desempleo y desigualdad creciente. A pesar de ello, los precios del agua aumentaron y más que rechazo o aceptación, la reacción de las familias españolas fue de indiferencia.

No cabe duda que los precios del agua necesitaban una revisión al alza. Los cambios recientes se pueden considerar un triunfo de la buena gestión, que exige una financiación suficiente para la provisión de servicios de agua, pero no necesariamente del buen gobierno del agua, que exige precios adecuados para responder a los objetivos de la gestión de los recursos hídricos del país.

El aumento gradual que, con la máxima discreción posible, han conseguido administraciones y empresas aporta liquidez y solvencia al sector. Además, desde el punto de vista de la administración, esta mejora contribuye a satisfacer una de las exigencias más imperiosas de Bruselas: elevar los niveles de recuperación de costes del ciclo integral del agua. Sin duda dos buenas noticias. Pero cabe preguntarse si realmente esos objetivos, sin duda importantes, son suficientes para justificar los precios del agua.

Más allá de los compromisos con Bruselas y de la necesidad de conseguir una financiación sostenible para el ciclo urbano del agua, la cuestión central debe ser si la administración y el sector están ahora mejor preparados que antes para afrontar un futuro dominado por el reto de responder al crecimiento de la demanda de agua en un contexto de incertidumbre agravada por las escasez pasada y los efectos del cambio climático. Es probable que una mejor financiación del sector permita responder mejor a esos problemas. Pero hay que hacer que esos sean los objetivos visibles de la política hidrológica.

Las políticas hidrológicas españolas se refugian en objetivos formales que no dicen nada a los ciudadanos y que por tanto carecen de significado político. ¿Por qué razón la mayoría de los españoles deberíamos asumir como propios los objetivos de mejorar el estado hidromorfológico o el potencial biológico de las masas de agua y hacer todo lo posible para avanzar en la recuperación de costes del agua? Trasladadas al ámbito de lo público, esas metas parecen más bien imposiciones externas, cuando no coartadas convenientes para encubrir otros intereses. El hecho es que hasta el momento la administración ha hecho poco para convencernos de la importancia de los precios del agua y aún menos para superar la desconfianza de muchos respecto a la política hidrológica.

Cumplir con la Directiva Marco del Agua o con Bruselas no es el fin. Europa es importante, no por las obligaciones asociadas a la pertenencia al club, sino porque aporta mayores posibilidades para conseguir objetivos nacionales de desarrollo en torno al agua y, estos últimos objetivos, son los que deben ocupar el centro de la discusión. Ya puestos en ese contexto, para aclarar por qué son importantes los precios del agua en España hoy deberemos tener claro al menos lo siguiente:

  • En primer lugar, tenemos sistemas de precios centrados en costes pasados cuando lo que realmente necesitamos sistemas de precios adecuados para afrontar el futuro. El sistema actual presta demasiada atención a la recuperación de los costes financieros, en general subestimados, de unas obras pasadas, cuando lo que debe importarnos es la capacidad para mantener y reemplazar tales obras y por el objetivo aún más importante de construir la seguridad hídrica que garantice la sostenibilidad futura de los servicios actuales. Eso exige pensar en la oferta y la demanda futura de agua.
  • En segundo lugar, es necesario reconocer que en gran parte del territorio español ya se han agotado las oportunidades de movilizar los recursos hídricos disponibles de un modo natural y, en consecuencia, las nuevas demandas sólo podrán cubrirse reduciendo el agua en otros usos, con los conflictos que esto implica, o mediante la introducción de recursos no convencionales como la reutilización y la desalación, sin excluir las mejoras en la eficiencia en todos los usos.
  • En tercer lugar, además del cumplimiento de la normativa europea en materia de agua, España requiere una estrategia diferenciada de largo plazo. España es diferente y aún más en temas de agua. Además de la escasez estructural de agua y la exposición al riesgo de sequía, dos problemas que sólo pueden agravarse con el cambio climático, el agua es un recurso esencial de actividades como el turismo, la agricultura y la energía, que son centrales en el modelo de desarrollo territorial del mediterráneo español.

Así las cosas, los precios del agua deberían servir al menos para:

  • Construir seguridad hídrica para el futuro. Para ello es esencial discutir y acordar el mix de recursos futuros que debe estar formado por las fuentes convencionales (como la lluvia, los ríos, los acuíferos, etc.), y por las no convencionales (como la desalación, la regeneración, la recirculación, etc.), y asignar a cada una de ellas un papel sabiendo que unas, como la lluvia, son baratas pero inciertas y otras, como las desaladoras o los acuíferos, son caras pero predecibles.
  • Reconocer la necesidad de acelerar la transición de un modelo agotado de precios, diseñado para financiar obras hidráulicas, a un modelo de nuevo cuño que incentive la eficiencia en el uso del agua, la asignación del recurso a los usos de mayor valor, la innovación y la difusión de nuevas tecnologías, etc. en beneficio de mejorar la seguridad hídrica y de reducir la escasez y la vulnerabilidad al riesgo de sequía de la economía española en todo el territorio.
  • Hacer visible para los ciudadanos los beneficios de la seguridad hídrica. Solo así sería posible, por ejemplo, avanzar hacia sistemas de precios aceptables que penalicen a quienes aumentan la escasez futura y premien a los que mejoren la seguridad hídrica. Esto permitiría evitar anomalías como por ejemplo que se siga sobrexplotando las aguas subterráneas, con lo que esto supone para la escasez y la inseguridad futura, mientras permanecen ociosas las desaladoras que podrían satisfacer las mismas demandas sin aumentar la escasez ni la exposición a las futuras sequías.

En suma, las políticas de precios que debe promover el gobierno deben poner el foco en el futuro y no en el pasado. Esto significa también que el criterio fundamental para evaluar el éxito o el fracaso de la política hidrológica deberá ponerse en objetivos de largo plazo que tengan suficiente relevancia pública.

En ese orden de ideas, quizá la principal deficiencia del actual modelo de planificación hidrológica consiste en asumir que, una vez ejecutado el gasto, las políticas públicas consiguen los objetivos originalmente propuestos. Por ejemplo, se da por sentado que la ingente inversión realizada en modernización de regadíos fue un éxito. Pero no hay nada que demuestre que efectivamente se alcanzó el objetivo propuesto de reducir el uso del agua en unos 3.000 millones de metros cúbicos al año. La Administración carece aún de una cultura de evaluación de los grandes programas de inversión pública, pero lo más preocupante es que, a día de hoy, la seguridad hídrica no sea un objetivo explícito de la política hidrológica española.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog del Foro de la Economía del Agua el 20/04/2017

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