En diciembre de 2025, un conflicto que debería resolverse en mesas técnicas terminó escalando a la arena de la presión comercial: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con imponer un arancel adicional de 5% si México no aceleraba entregas de agua bajo el Tratado de Límites y Aguas de 1944.
El desenlace fue un entendimiento binacional: México anunció la intención de liberar 249.163 millones de m³ (cifra que en algunas notas circuló redondeada como “249” o “240” millones) con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre de 2025, y con la meta de cerrar un plan operativo más completo antes del 31 de enero de 2026.
Ese acuerdo desactivó el ultimátum inmediato, pero dejó intacta la pregunta de fondo: ¿qué tan sostenible es administrar un tratado octogenario con un clima y una hidrología que ya cambiaron?
1) Un tratado de 1944 diseñado para otro “mundo del agua”
El Tratado de 1944 regula el reparto en tres sistemas clave: Río Colorado, Río Tijuana y Río Bravo/Rio Grande. En el Río Bravo/Rio Grande, el esquema funciona por ciclos de cinco años, en los que México debe entregar a EE. UU. 1.75 millones de acre-feet (aprox. 2,158 millones de m³) desde tributarios mexicanos, promediando 350,000 acre-feet anuales.
El problema no es el tratado “en abstracto”; es el contexto en que fue concebido:
- En 1944, la presión demográfica y productiva era menor.
- El clima no estaba atravesado por el mismo patrón de sequías más largas, temperaturas más altas y evaporación creciente.
- La infraestructura de riego y presas era una promesa de expansión; hoy, en muchas zonas, es un sistema estresado y con márgenes reducidos.
Por eso, cuando hoy se exige “cumplimiento” como si el agua fuera una variable política, se ignora una realidad elemental: la disponibilidad no siempre acompaña a la obligación.
2) La CILA/IBWC: el canal institucional para que esto sea técnico, no un pleito de micrófonos
Aquí conviene poner un reflector: el Tratado de 1944 no opera solo por discursos; se ejecuta con una maquinaria binacional.
La CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas, sección mexicana) y la IBWC (sección estadounidense) son el mecanismo permanente de implementación. Y, crucialmente, existe una herramienta práctica para ajustar la operación sin “romper” el tratado: las Minutas (“Minutes”), acuerdos ejecutivos que atienden controversias, operación, y condiciones cambiantes.
En otras palabras: sí hay un carril para discutir viabilidad técnica, operación, calendarios, y mecanismos, y para sostener diálogo continuo entre expertos.
De hecho, tanto el gobierno mexicano como instancias estadounidenses han enmarcado el acuerdo reciente en ese espíritu de cooperación operativa ante la sequía extrema en la cuenca del Río Bravo.
3) La tensión reciente: cuando el agua entra a la agenda dura, pierde el enfoque
La crisis de diciembre no apareció de la nada. Venía madurando por el cierre del ciclo quinquenal y por el déficit acumulado. En la narrativa estadounidense, el reclamo se centró en que México adeudaba volúmenes significativos, afectando a agricultores y ganaderos en Texas, y por eso la exigencia de una liberación inmediata equivalente a 200,000 acre-feet (muy cercana, en magnitud, a los 249.163 millones de m³ anunciados por México).
Del lado mexicano, el mensaje público fue: se buscará cumplir, pero no de manera instantánea si ello compromete prioridades internas y capacidades físicas en un escenario de sequía severa.
El problema es el encuadre: cuando el agua se discute bajo amenaza arancelaria, deja de ser cooperación y se vuelve coerción. Y esa lógica es especialmente peligrosa en una frontera donde el agua ya compite con migración, seguridad y comercio.
4) Las voces del campo: el miedo es hídrico (y es legítimo)
En el norte de México, productores y regiones agrícolas perciben el acuerdo como un riesgo operativo real: liberar agua en un momento de almacenamiento crítico puede traducirse en menos riego, menos producción, y más vulnerabilidad económica local.
Diversas coberturas han registrado el fondo del reclamo: no se puede “entregar” como si la cuenca estuviera normal, porque no lo está; y porque los costos sociales recaen, primero, en quienes dependen directamente del recurso para vivir y producir.
En paralelo, desde Texas, las autoridades estatales han presionado por el cumplimiento, argumentando el daño a su sector agrícola y señalando el cierre del ciclo quinquenal con faltantes.
Este es el corazón del dilema: dos agriculturas vulnerables (a ambos lados) empujadas a competir por un caudal que se achica.
5) El factor climático: el Tratado no negocia con la termodinámica
La conversación pública suele quedarse en “México debe / EE. UU. exige”. Pero la variable que manda no es retórica: es física.
- El propio marco técnico binacional reconoce que las entregas pueden verse afectadas por sequía, escasez, eventos extremos y cambio climático.
- Reportes de cuenca han documentado bajos caudales en el Río Grande y el Río Conchos vinculados a sequía persistente.
- El IPCC advierte que pueden ocurrir sequías más extensas y severas en el suroeste de EE. UU. y el norte de México, con potencial de reducción de largo plazo en flujos del Colorado y el Rio Grande.
- Estudios del USGS muestran escenarios donde el volumen de escurrimiento en el Alto Río Grande puede reducirse bajo ciertos supuestos de calentamiento.
- Si esto es así, el argumento “cumple ya” puede chocar con el principio más básico de gobernanza hídrica: nadie está obligado a lo imposible cuando la disponibilidad cae por debajo de umbrales críticos.
6) El Consejo Consultivo del Agua: cumplir sí, pero con inversión y modernización
El Consejo Consultivo del Agua respaldó el acuerdo binacional, pero lanzó un mensaje que vale más que cualquier titular: sin inversión y modernización, el país seguirá gestionando crisis con parches.
En su posicionamiento, el organismo llamó a:
- tecnificación del campo,
- modernización de infraestructura,
- esquemas eficientes de recuperación del agua,
- y actualización de normas para reúso y regeneración.
Este punto es clave: si el cambio climático ya está reescribiendo la hidrología, entonces el cumplimiento no puede basarse solo en “entregar” —tiene que basarse en transformar la forma en que usamos y cuidamos el agua.
Tres ideas de cierre
- El tema no puede ser político ni de amago, sino técnico.
“El Tratado de 1944 no se salva con amenazas: se sostiene con datos, modelación climática y operación binacional.”
- Nadie está obligado a lo imposible.
“Cuando el agua se negocia como moneda política, quien paga primero es el agricultor y la seguridad alimentaria.”
- Repensar el tratado a la luz de la seguridad binacional (sin romperlo): clima, datos y cooperación tecnológica.
“El agua no debería ser arancel: debería ser agenda de seguridad compartida, cooperación tecnológica y prevención de crisis.”
Porque el futuro realista no es uno donde “se gana” el agua con presión comercial. El futuro sensato —y posible— es uno donde México y EE. UU. se sientan a hacer lo indispensable: corridas climáticas y de disponibilidad, reglas operativas más resilientes, y un paquete conjunto de eficiencia para sostener a los agricultores más vulnerables de ambos lados.
