El conflicto hídrico, aún sigue encapsulado en pequeños grupos de la sociedad, como Agricultores, industriales, académicos, científicos y algunas autoridades del sector público. Pero está lejos de ser una preocupación de la sociedad o de una parte importante de ella.
¿Por qué? Tal vez, porque el agua es un recurso tan vital para la subsistencia y el desarrollo, que las personas no conciben que pudiera faltar el suministro de agua y asumen que es una obligación del Estado proveerla, en forma continua y de calidad, ya sea en forma directa o a través de terceros.
Esta afirmación es cierta y políticamente correcta. Efectivamente es una obligación del Estado, sin importar, si es una zona rural o urbana, o el operador sea público, privado o municipal, nacional o internacional, Todo lo anterior es efectivo, pero solo en teoría.
El Estado debería asegurarnos el agua, pero no puede, no es posible dictar una ley (al menos aun) para que aumente la oferta hídrica en un país o que no existan las sequías. Su responsabilidad solo se limita a realizar las mejores prácticas, acciones y coordinaciones para evitar quedarnos sin el abastecimiento de agua. Pero esto, no nos asegura que su resultado sea un éxito.
Recordemos que fue el Estado quien ha otorgado, en forma gratuita, un exceso de derechos de aprovechamientos de aguas en zonas, donde estos son hasta 10 veces mayor a la capacidad de oferta que tiene la respectiva cuenca, como Valparaíso, Araucanía, Atacama y otros.
El caso de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, es un ejemplo donde el Estado, que opera directamente el servicio de agua potable, no ha podido resolver la grave escasez de agua y tampoco realizó acciones eficaces para que eso no sucediera y al parecer, la participación o exigencias de la sociedad no fue muy eficaz para que se tomaran las medidas necesarias, con el fin de evitar el desabastecimiento del consumo humano agua.
Por su parte, el año 2012, producto de la escasez hídrica en la ciudad de Copiapó, el operador suspendía el abastecimiento del agua potable por horas y por sectores de la ciudad. La población de los sectores altos de la ciudad, salieron a las calles a protestar, las juntas de vecinos y distintas organizaciones sociales participaron de la discusión y del debate, las autoridades locales realizaron exigencias al nivel central. Cinco años más tarde, después de un prolongado debate técnico y político, el Estado está construyendo una planta desaladora para abastecer el consumo humano.
En el Water Week 2018, realizado en el mes de marzo en Santiago, se lanzó el documento, liderado por Fundación Chile, denominado como la "Radiografía del Agua" en Chile, que es una construcción colectiva con el objetivo de integrar distintas miradas públicas, privadas, académicas y ciudadanas, a través de la participación de las 40 instituciones públicas y privadas más representativas relacionadas con los recursos hídricos del país, para evitar situaciones como las comentadas anteriormente.
El documento, entrega 3 aportes significativos, a) Pretende concientizar y educar a los diferentes sectores y a la ciudadanía en general, sobre la situación del agua en Chile y sus efectos colaterales (desastres naturales), identificando los territorios de las regiones con potencial de falta de agua y sufrir daño social, económico y ambiental, dándole un sentido de urgencia a la implementación de soluciones. b) Logra reunir y analizar la poca información confiable existente y representa la opinión técnica de los distintos actores del mundo hídrico, (salvo la Asociación de Empresas Sanitarias, ANDESS, que participó del proceso, pero no suscribió el documento) y c) Los contenidos del documento pueden ser un insumo para la elaboración de soluciones concretas regionales.
El texto referido, no propone soluciones concretas, pero por la diversidad de los participantes puede facilitar un futuro acuerdo político, cuando se analicen y discutan las modificaciones legales o políticas hídricas.
El conflicto hídrico, es complejo y multisectorial. Uno de los efectos colaterales son los desastres naturales, como los aluviones y aludes. Se analizaron estos eventos entre los años 1912 y 2017, donde se destacan las inundaciones a nivel nacional como los más numerosos y de mayor desastre, concentrando en el norte el mayor número de eventos de este tipo. Incluso la cantidad de estos eventos en los primeros 17 años del presente siglo, son mayores a la totalidad de estos eventos en todo el siglo XXl.
Según el documento, La Política Nacional para los Recursos Hídricos del año 2015, la brecha hídrica promedio (Diferencia entre la oferta y demanda hídrica) a nivel nacional es de 82,6 m3/s y aumentará a 149 m3/s al año 2030, esto significa que en el futuro existen desafíos que ninguno de ellos puede enfrentarse en forma individual, obligatoriamente debemos tener una mirada común de largo plazo, con el foco puesto en la sostenibilidad de los recursos hídricos del país.
El conflicto hídrico, aún sigue encapsulado en pequeños grupos de la sociedad, así no será prioridad para ningún Gobierno. Esto no significa que no se haya realizado nada, por el contrario, existen en ejecución planes, políticas sectoriales y proyectos, pero estas no tienen una coordinación a nivel nacional, como tampoco el mismo objetivo. Falta la mirada del Estado de largo plazo a nivel nacional y el documento la Radiografía del Agua, colabora en esa linea estratégica.