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¿Por qué no avanzamos en el conflicto del agua? (Parte II)

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  • ¿ qué no avanzamos conflicto agua? (Parte II)

Sobre el blog

Gabriel Caldes
Asesor (MBA) Gestión Hídrica, Gestión Estratégica. Dirigió creación de empresa sanitaria ECONSSAChile, Dirigió por el Estado varios procesos de cambios en la industria de concesiones sanitarias. Autor del libro La Industria Sanitaria en Chile.
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Para poder avanzar en el conflicto del agua, se requiere de un fuerte liderazgo político e institucional que hoy no tenemos, que conduzca el debate, las decisiones y la capacidad de planificar y monitorear el avance de cada actividad propuesta, con una gestión estratégica del agua de largo plazo, sustentable y constante.

La gran dispersión de la actual institucionalidad pública relacionada con el agua (43 instituciones), no colabora mucho para poder avanzar en este proceso, sin duda no es la adecuada. Pero no es solo la cantidad de organismos, sino que se suma la falta de coordinación horizontal que dificulta la gestión del agua y la planificación. Los servicios y ministerio trabajan independientemente uno de otro y las decisiones, a veces contradictorias, afectan al recurso hídrico. Estas son una de las razones por las cuales algunos organismos nacionales e internacionales como el Banco Mundial, Cepal, OCDE, BID, ONU y otros, en repetida oportunidad han recomendado, entre otras: 1) Actualizar la institucionalidad del agua en el Estado y 2) Establecer una Política Nacional de Recursos Hídricos consensuada, sustentable y de largo plazo, a través de la consulta con los ministerios y organismos públicos relacionados con el agua y entre el sector privado y la sociedad.

La falta de un liderazgo institucional o político en el tema hídrico, es una demostración de la complejidad y de los intereses que están en juego en este conflicto que, al parecer, tiene más costos que beneficios políticos.   

En el blog anterior, vimos que existen algunas miradas o temas del conflicto que son compartidos entre los actores hídricos y políticos, sin embargo no hemos sido capaces de construir un consenso con acuerdos mínimos para avanzar en soluciones concretas. Es cierto que se están haciendo esfuerzos individuales o focalizados que son valederos, pero no estamos avanzando con la profundidad y urgencia que necesitamos. Pareciera que se está a la espera de una eventual modificación del Código de Aguas que se encuentra hace 8 años en el parlamento (desde el año 2011), donde el debate se ha centrado y estancado en las posibles amenazas a la titularidad “permanente” de los derechos de agua o de alguna eventual restricción en el uso del agua a los propietarios de esos derechos por parte del Estado producto del aumento de facultades en la gestión hídrica.

Cualquiera sean las modificaciones del Código de Agua que está en el parlamento hace 8 años, no resolverá en nada la crisis hídrica.    

Este conflicto hídrico, no se resolverá con las modificaciones al Código de Agua, solo podremos avanzar cuando existan las confianzas y voluntades de las partes para lograr un acuerdo nacional. Pareciera que aún no se tiene la suficiente convicción de la gravedad y urgencia de la situación hídrica, tal vez debido a que no se logran percibir como una amenaza para el desarrollo las consecuencias ambientales, políticas, sociales y económicas. Esta situación es el denominado “síndrome de Ciudad del Cabo” este significa que todos están en conocimiento del fenómeno y de sus posibles soluciones, pero por su prologado y fuerte impacto en la población los efectos políticos político y complejidad de las soluciones nadie toma decisiones (escasez hídrica + falta de acuerdos + falta de decisiones políticas = inercia + desastre hídrico).

Entonces, lo que no podemos hacer, es seguir esperando o seguir haciendo lo mismo. La modificación al Código de Aguas en el parlamento, no puede ni debe ser un impedimento para avanzar, al menos, en definir una Política Hídrica Nacional, consensuada y sustentable políticamente que nos permita determinar una hoja de ruta robusta para realizar un proceso de adaptación al nuevo entorno hídrico.

Algo similar sucedió en el país a fines de la década de los 2000, cuando estuvo al borde del blackout energético, producto del aumento de la demanda energética frente a una oferta que no aumentaba produciendo una “escasez” de energía eléctrica. Esta situación, solo inició un proceso resolutivo cuando el ejecutivo de la época, tomó la decisión política de reformar del modelo energético en Chile. Esta decisión, se facilitó por las condiciones existente de un complejo entorno social y económico que no podía avanzar en la ejecución de sus inversiones, aun cuando contaran con todos los permisos y autorizaciones que la ley exigía producto de una comunidad que protestaba y debatía sobre la inviabilidad de la construcción de fuentes de generación eléctricas que tuvieran un alto impacto ambiental a través de la emisión de CO2 (Carbón o petróleo) y exigían diversificar la matriz energética con ERNC. Que además, estas tecnologías emergentes, mostraban una fuerte reducción de sus costos a nivel internacional. Esta reforma, llevaron a un giro hacia el desarrollo de proyectos de inversión en proyectos de ERNC y han conducido al país a un liderazgo internacional en esta materia. (Conflicto político + entorno impide inversiones o producción + exigencias de la comunidad = acuerdos + solución)

Solo los consensos o las crisis terminales nos pueden desactivar de este inmovilismo para resolver el futuro del agua. Pero los costos sociales y económico de una u otra opción son muy distintos   

Según el académico Carl Bauer, el Código de Aguas se focaliza en una mirada de eficiencia económica con una nula capacidad regulatoria y una limitada capacidad de gestión del Estado, dejando al mercado la función de asignar y gestionar el recurso hídrico, en consecuencia según el académico, este código no resuelve la escasez hídrica, sustentabilidad ambiental, cambio climático y la equidad social.

Si no existe la voluntad política y los liderazgos institucionales, políticos y sociales necesarios como para avanzar en un proceso sólido de adaptación hídrica, debemos estar dispuesto a enfrentar un “blackout” hídrico, probablemente con conflictos sociales y consecuencias económicas. Las nuevas oportunidades para buscar acuerdos podrían estar en la COP 25 que se realizará a fines del 2019, en Santiago de Chile.

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