Quizás recuerde, incluso sin necesidad de revisitarlo, un cuadro de Goya: “Duelo a garrotazos” (1820-1823). Pintado para decorar su casa a las afueras de Madrid, junto al Manzanares, representa a dos hombres luchando a bastonazos, enterrados hasta las rodillas en un paraje devastado. Según se cree, simboliza un enfrentamiento entre dos Españas (liberal y conservadora).
Tristemente, la pugna parece la norma en el sector del agua; esa imagen evocaría hoy el enfrentamiento entre quienes defienden la gestión exclusivamente pública y quienes abogan por otras fórmulas, como si uno no pudiese defender ambas (no para el mismo lugar ni en el mismo momento).
En esa hostilidad creciente pierde el ciudadano, al que todos invocan, a partir del deterioro del sector en sí y el hastío ante discusiones instrumentales (importantes sí, no centrales). Se tienden a obviar objetivos sociales, colectivamente definidos, vinculados a retos no menores: la resiliencia ante la escasez estructural y el riesgo de sequía, las inundaciones, el deterioro de la calidad, la pérdida de biodiversidad en ecosistemas acuáticos y, como envolvente, la necesidad de adaptación al cambio climático.
"Los temas críticos en la gestión del ciclo urbano del agua y en la necesaria conexión a la cuenca, en busca de la seguridad hídrica, van más allá del llamado modelo de gestión"
La cooperación público-privada, como instrumento concreto para la provisión de servicios de agua, es una amplia gama de contratos a largo plazo entre una entidad pública y una organización privada para proporcionar activos o servicios públicos, en los que la parte privada suele tener una responsabilidad significativa en la gestión y comparte el riesgo; la remuneración está ligada al desempeño en la prestación del servicio.
Se omite a veces, sin embargo, algo que quienes conocen bien la cooperación público-privada tienen presente: la definición vale para diferentes sectores (agricultura, industria, generación hidroeléctrica, servicios urbanos…) y para muchos servicios (depuración, riego, transporte…) siempre que prevalezca el interés general, es decir, el genuino sentido de lo público.
Los temas críticos en la gestión del ciclo urbano del agua y en la necesaria conexión a la cuenca, en busca de la seguridad hídrica, van más allá del llamado modelo de gestión. En realidad, desde una concepción amplia del mismo, pocas cosas deberían quedar fuera. El problema, quizás, es que el modelo de gestión se presenta de modo (demasiado) simplificado como equivalente a la categoría jurídica del operador, a la composición de su capital.
Por otro lado, la discusión público versus privado es equívoca. Hay evidencia internacional suficiente que muestra que el debate más relevante no es entre público o privado como opciones excluyentes sino más bien cómo delimitar su complementariedad.
Ahora bien, reconocer la necesidad de cooperación entre sector público y privado también es redundante, por obvio, al menos si uno se aproxima sin apriorismos y acepta algo básico: las competencias son municipales y deben seguir siéndolo. Precisar cómo debe darse esa cooperación, qué papel corresponde al sector público y cuál a los operadores privados parece más relevante. Es decir, dónde reside el valor añadido de cada uno, en qué circunstancias deberían operar, a qué escala, con qué objetivos prioritarios, cómo conciliar intereses privados y objetivos definidos colectivamente (la equidad, la sostenibilidad, etc.).
Convendría evitar ciertos prejuicios (la gestión privada es más eficiente, los servicios de agua siempre deben ser gestionados por el sector público…); ayudaría no demonizar los argumentos y debatir lo sustantivo; sería saludable evitar el adanismo; se demanda un sector público que no esté “ausente” y desinformado; hay que evitar experiencias privadas predatorias en ausencia de una adecuada regulación…
Una de las causas del sectarismo es nuestra propia ignorancia de aquello que se comparte. Estoy convencido de que no hay una única solución pero del mismo modo no puedo pensar en una que obvie el diálogo, el consenso amplio y la cooperación entre la sociedad civil y los sectores público y privado.
