El concepto de Seguridad Hídrica ha tenido un amplio uso a nivel global, asociado a otros objetivos críticos para el desarrollo de la humanidad, como son los de seguridad alimentaria y seguridad energética. Asimismo, esta definición, incorpora entre sus elementos la sostenibilidad ambiental, y la sostenibilidad de los suministros y servicios asociados al agua. Esta dimensión del concepto hace necesario analizar la disponibilidad física, en cantidad y calidad, del recurso hídrico a largo plazo, así como la capacidad de los sistemas de gestión para responder y adaptarse a un escenario que puede experimentar cambios sustantivos.
Ahora bien, Venezuela cuenta con el 12% de los recursos hidráulicos totales renovables, lo que la ubica en el décimo lugar de los países que cuentan con más reservas de agua dulce en el mundo. Sin embargo, en Venezuela la gestión del agua se encuentra frente a enormes desafíos. El país ha venido afrontando durante los últimos años dificultades económicas, escasez de insumos, conflictos en la distribución de combustible, bajos rendimientos de las cosechas, a pesar de utilizar el 43% de las aguas subterráneas para la agricultura de regadío. Esta sumatoria de problemas han colocado al país en una condición de Emergencia Humanitaria Compleja que arribo a su noveno año en 2024, causando masivas, múltiples y severas privaciones de derechos, entre ellos el Derecho Humano al Agua y Saneamiento y el de Alimentación entre otros, debido a que existe una estrecha relación entre las regiones donde se registran mayores niveles de inseguridad alimentaria y, a su vez, reportan graves fallas en el abastecimiento de agua.
En ese sentido, la falta de la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, genera una condición de Inseguridad hídrica y en consecuencia somete a casi la totalidad de la población venezolana a riesgos sociosanitarios. Todo esto es producto no solo de la mala gestión del agua, sino que es el resultado de un modelo de desarrollo que conduce a la degradación de la naturaleza.
Bajo este marco de referencia, el estado venezolano deberá acometer un conjunto de acciones que tiendan a superar en el corto y mediano plazo los obstáculos antes descritos para garantizar acceso a agua limpia y de manera continua a toda la población venezolana. Es decir, dotar de seguridad hídrica a nivel de los hogares, considerando la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de agua potable y saneamiento a nivel domiciliario. Igualmente, acelerar la seguridad hídrica a nivel de las ciudades y pueblos de Venezuela, considerando el suministro de agua a los centros urbanos y/o rurales, el tratamiento de las aguas cloacales y el drenaje de las aguas lluvia y a para ello se deben afrontar los siguientes desafíos:
a) Acometer un plan integral de recuperación y conservación de cuencas hidrográficas.
b) Realizar ajustes e inversiones tendientes a mejorar la eficiencia y eficacia de los grandes acueductos considerando las diversas demandas de agua de las regiones.
c) Dotar de agua y saneamiento al espacio rural venezolano.
d) Construir y restaurar las plantas de tratamiento de aguas residuales de las grandes ciudades, pueblos y caseríos.
e) Ajustar y adecuar el marco jurídico en materia de agua y saneamiento, para que este responda a las exigencias actuales sin menoscabo del medio ambiente.
f) Redimensionar las instituciones responsables de gestionar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento con criterios de transparencia, eficacia y eficiencia. Es decir, modernizar el aparato del estado rector en materia de agua y saneamiento.
g) Profesionalizar al personal involucrado en la prestación de servicios de agua y saneamiento.
h) Promover la participación ciudadana en la gestión y preservación del agua.
