En 2022 Carla Simón filmó un drama rural en el que confluían el fin de un mundo tradicional basado en los valores familiares y el apego a la tierra, los problemas de los pequeños agricultores para obtener precios justos por sus productos y la ambición económica de algún allegado a la familia que ponía las tierras a disposición de los actores de la nueva frontera energética, los promotores de la energía fotovoltaica.
La potencia expresiva del film tuvo la virtud de conmover a propios y extraños, gente del campo y de la ciudad. El drama local adquirió visos universales con la obtención del Oso de Oro del Festival de la Berlinhalle.
El nuevo uso de las tierras con sol asegurado tiene la virtud de producir beneficio a su promotor y poder compensar al propietario de la tierra, pues se asegura una importante renta sin otra obligación que la de ceder las tierras por el período de tiempo que se pacta, en general, un mínimo de 30 años. Incluso caben compensaciones a los que propician los permisos de instalación. Por ello, la realidad tiene aspectos menos conmovedores sobre los que reflexionar.
En primer lugar, los usos del suelo. La definición y ordenación de usos es la esencia de la práctica urbanística. Ello es así porque la ciudad es un espacio limitado en el que confluyen muchos requerimientos de uso: vivienda, transporte, comunicaciones, servicios como escuelas u hospitales, y los servicios urbanos asociados, ya sea agua, alumbrado, gas o comunicaciones.
Hasta el momento, el suelo rústico apenas tiene entidad si no tiene expectativas de ser urbanizable. El suelo es urbanizable o no. El suelo rústico forma parte de un conjunto definido por exclusión de lo urbano. Salvo situaciones excepcionales, no ha sido objeto de tantas tensiones. Su extensión, y el menor valor añadido potencial de sus usos, lo explican. Si acaso, muchas veces ese suelo ha tenido valor expectante si había un horizonte en el que pudiera ser calificado como urbano.
En segundo lugar, desde mitad del XIX, se ha efectuado mucha inversión pública en la conversión de secanos en regadíos, y más recientemente en su tecnificación y mejora. Esa inversión pública ha permitido aumentar la renta de sus beneficiarios, no sólo a título individual, sino en el contexto de una mejora colectiva y cooperativa a través de las actuaciones de las comunidades de regantes.
En tercer lugar, los usos del suelo rústico no están claramente condicionados ni ordenados por figuras de planeamiento que relacionen y compatibilicen la intervención pública a través de inversiones de interés general con las limitaciones que, como compensación, serían comprensibles. Un símil urbano: donde se planea una escuela, es inconcebible construir una vivienda.
En ese contexto, aparece la cuestión de los compromisos que pueden condicionar las decisiones de futuro de esas tierras. El propietario que ha recibido el beneficio de la inversión pública en su finca, ¿puede disponer libremente de ella para otros usos? El propietario que abandona esos usos, ¿crea perjuicios a los miembros de su colectividad?
Parece casualidad que recientemente y coincidiendo con la tramitación de un gran parque fotovoltaico en Alcarrás se haya modificado -flexibilizado, en la jerga al uso- la norma sobre limitaciones de uso del suelo de regadío.
Se entiende menos que un proyecto que por su magnitud -400 megawatios- debería tramitarse a través del gobierno central, se haya fragmentado en ocho de 50 MW que de esa manera, como si fueran distintos e independientes, han sido autorizados por la Generalitat. De forma análoga a lo que sucede con la ley de contratos, que no permite fragmentarlos para facilitar la contratación directa), la fragmentación de proyectos debería estar prohibida y sancionada.
Volviendo al tema: ese parque fotovoltaico se va a comer 800 hectáreas de buena tierra fértil en la que se habrá malogrado una inversión pública. Para que luego nos digan que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico.
Las pocas voces que se levantan apenas se oyen. Quizá aún perdura el cautivador relato de Carla Simón.
