El debate público se ha enriquecido con los procesos participativos promovidos en el marco de los Esquemas de Temas Importantes del tercer ciclo de Planificación Hidrológica.
La progresiva implantación de la Directiva Marco del Agua, muy ralentizada en España, ha puesto en evidencia la diferencia de concepciones entre los intereses tradicionales del agua, orientados en exclusiva por el aprovechamiento económico del recurso, y la perspectiva compleja de la DMA que plantea la necesidad de compatibilizar los usos económicos con la protección ambiental de los ecosistemas y, de forma más general, con la sostenibilidad a largo plazo.
Son raras las ocasiones en las que las demandas urbanas han entrado en conflicto con los caudales ecológicos, pues, aunque crecientes, esas demandas son de volumen inferior a otras y con mayor disponibilidad a asumir costes.
No es así en los usos agrícolas, que suponen el 70% de la demanda total de agua, ni tampoco en los usos energéticos que, ya sean para producción hidroeléctrica o para refrigeración, condicionan intensamente el régimen de los cursos naturales en caudal y temperatura.
Los intereses económicos vinculados a esas actividades muestran su resistencia a adaptarse a los nuevos tiempos a pesar de que la tecnología ha permitido obtener mayor rendimiento y rentabilidad a cada metro cúbico de agua concedida.
Cabría considerar que las mejoras tecnológicas son fruto del esfuerzo inversor de cada agente y que esa cuestión no debe ponerse en el debate. En un régimen de mercada puro se podría aceptar ese argumento. No obstante, ese no es el caso.
En el mundo agrícola, las obras públicas han recibido aportaciones importantes del erario público, que en muchas ocasiones se han combinado con el esfuerzo inversor privado. Han sido frecuentes las ayudas públicas frente a inclemencias meteorológicas hasta que, lentamente, se ha impuesto la cultura del aseguramiento de cosechas. Y muchos de los cultivos son objeto de protección específica por parte de las políticas comunitarias. No se puede afirmar que la agricultura es ajena a la política. Bien al contrario, no sólo las políticas de fomento han sido una constante española desde hace siglo y medio, sino que la política comunitaria las ha potenciado. De esa conjunción ha surgido el poderío de nuestra agricultura y en especial de las comunidades de regantes.
Por otra parte, el sector energético está inmerso en un acelerado proceso de transición hacia la descarbonización. En ese contexto, y por poner un ejemplo, recientemente Endesa presentó al Ministerio de Transición Ecológica un proyecto de hidrógeno verde para Andorra que supondrá una inversión de 294 millones con una capacidad de generación de 144 empleos en su fase de construcción y 65 en las de operación y mantenimiento. Se trata de un proyecto de 60 MW, asociado a una potencia eólica y fotovoltaica de 335 MW. La nueva planta usaría la energía limpia que producen los molinos y placas solares que se instalarán en el territorio dentro del Plan Futur-e durante el desmantelamiento de la Central Térmica.[1]
El propósito aúna la existencia de la red de evacuación de fluido eléctrico con la financiación esperada para la transición energética de los fondos next generation y la protección de puestos de trabajo. Pero pone de manifiesto la reconversión de los usos concesionales de agua, que en ese caso pasarán de la refrigeración (un uso secundario) a ser materia prima para producir hidrógeno. Esa modificación por parte de Endesa tendrá lugar en 11 centrales térmicas en el territorio español y movilizará una inversión global del orden de 2.500 M€.
El sector energético tampoco puede presumir de independencia. Las decisiones públicas sobre su ordenación y regulación son constantes desde hace un siglo. Y las necesidades energéticas del país han estado en la base de las decisiones de construcción de los grandes embalses, muchos de ellos financiados por el sector público, que apenas ha podido compensar su amortización con los cánones impuestos, o del exceso de centrales de ciclo combinado que, construidas recientemente, o no trabajan, o lo hacen en porcentajes muy bajos en relación a su capacidad, y no obstante se amortizan con cargo a tarifas, o de las subvenciones históricas al carbón.
Los cambios son inevitables y bienvenidos. También las ayudas públicas a los sectores implicados. En ese contexto, debe admitirse pacíficamente que las políticas ambientales puedan tener su margen y coexistan con las políticas históricas. Más si se tienen en cuenta que esos sectores cuentan con una materia prima subvencionada que, siendo crítica para sus procesos productivos, supone una pequeña parte de sus respectivos escandallos de coste.
Incluso en el sector urbano, más propicio a pagar, las externalidades ambientales han recibido ayudas públicas. Los impactos agrícolas y energéticos han sido los que se abordaron más tímidamente y más tarde. Hasta el momento, las cargas que han recibido esos sectores son muy inferiores a sus impactos y las ayudas a la mejora tecnológica -que a la vez que reducen los impactos redundan en aumentos de productividad- han sido numerosas.
La producción eléctrica necesaria para la descarbonización energética se hará en gran parte mediante paneles fotovoltaicos instalados en campos de cultivo que de esa forma mejoraran su productividad y rentabilidad. Así pues, los elementos de encuentro entre los sectores agrario y energético están siendo múltiples: la progresiva conjunción del uso del suelo agrario con la producción de energías limpias, las mejoras de productividad agraria y energética, la implantación de las comunidades locales de energía que modificará sensiblemente el esquema de producción y uso de la energía y mejorará su eficiencia.
En el tercer ciclo de planificación hidrológica debe producirse también el encuentro entre las políticas agrarias y energéticas en el nuevo marco conceptual que integre el factor ambiental. Es ahí donde todos los avances en productividad, todas las sinergias entre sectores, deben hacer un hueco al reconocimiento de los caudales ecológicos. En las condiciones actuales, ese hueco no tiene por qué producir quebranto económico a los sectores indicados.
[1] Comarca. Periódico del Bajo Aragón histórico, 28 de febrero de 2021.
