La gestión consorciada del agua

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Un consorcio es una agrupación de personas o entidades con intereses comunes. El art. 118 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público define los consorcios como entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencia

En el ámbito de la administración local, los consorcios pueden considerarse Entes públicos locales de base asociativa o agrupaciones de entes públicos integradas por, al menos, una entidad local.

Ese instrumento ha sido escogido por algunas diputaciones para promover la prestación de los servicios esenciales que deben prestar todos los municipios, tal como señala el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL). En su apartado 2 indica que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios. Y entre otros, señala la recogida y tratamiento de residuos, la limpieza viaria y el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

El mismo artículo añade: Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.

La fórmula consorcial impulsada por las diputaciones ha sido aplicada con éxito en diversas circunstancias. Ahí están los casos del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao con 50 años cumplidos o el Consorcio de la Costa Brava, con más de 40. No obstante, el modelo propuesto en la LBRL se cumple con más precisión en la cooperación local pensada para prestar servicio a los municipios pequeños de la provincia y permitirles así alcanzar escala económica y calidad técnica. Ese es el caso del modelo diseñado por la Diputación de Badajoz a través del Consorcio de Gestión Medioambiental y su instrumento de gestión, Promedio.

La premisa de Promedio es que todos los ciudadanos, vivan en una gran ciudad o residan en un pequeño pueblo, tienen el mismo derecho a recibir un servicio de máxima calidad a un precio justo.

Como indica su Presidente –que a su vez es el Presidente de la Diputación-, Promedio garantiza que, independientemente de los recursos de cada localidad, la gestión del agua potable, el tratamiento de las aguas residuales o la recogida de los distintos tipos de residuos se realicen de forma sostenible y con el máximo de profesionalidad y eficacia.

El Consorcio presta servicio a 400.000 ciudadanos de distintos municipios de la provincia y es hoy un referente de la cooperación local y la gestión pública.

La voluntad de servicio y la especial responsabilidad en la gestión de lo público se proyectan, adicionalmente, en el estímulo a la creación de capital público de conocimiento que permite avanzar en el desarrollo de instrumentos de gestión que permiten el perfeccionamiento en la gestión de esos servicios públicos.

Hay otras diputaciones que han emprendido caminos análogos y muchas que, si se deciden por ese camino, pueden cambiar el mapa de gestión del agua y de otros servicios esenciales en los municipios pequeños, que representan un 95% de los municipios españoles. La racionalidad y sostenibilidad de la administración local tiene ahí una de sus principales piedras de toque.

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