Una vez otorgada la concesión de dominio público hidráulico para un determinado uso del agua, su administración -es decir su gobierno- compete al titular de la concesión en las condiciones que le fija el documento concesional.
A nadie se le ocurre determinar o condicionar la forma de gobernar una comunidad de regantes, por mucho que la ley les otorgue categoría de entidades de derecho público. Ni mucho menos se discute su plena capacidad para gestionar sus problemas en relación al uso del agua, de los que únicamente responden frente a la autoridad hidráulica concedente y frente a sus administrados.
En ese caso, no hay polémica entre gestión pública y gestión privada. La forma de gestión que se arbitra es una cuestión interna de carácter accesorio en la que, en cada caso, se buscará la mejor combinación entre recursos propios y auxilios ajenos, ya sean de carácter tecnológico, financiero o gestor.
En los abastecimientos de agua urbana, los títulos concesionales para el abastecimiento vienen reduplicados por los títulos competenciales que otorga la legislación de régimen local a los municipios y, aún más, por el carácter urbanístico de ese servicio esencial, lo que tiene importantes consecuencias en relación al régimen de garantías que debe acompañar al diseño de la red de abastecimiento, a su financiación, y al régimen de titularidad de los activos afectos al servicio.
Por otra parte, la crisis económica ha mostrado la diferente sensibilidad de unos actores y otros: por competencias, por sensibilidad y por la simple realidad de que los problemas sociales y de la vivienda se expresan en las ciudades, los municipios han respondido mucho más –y con menos recursos- que las administraciones superiores. Y hasta la fecha, el agua es el único servicio básico que se han visto obligados a garantizar los operadores privados.
Entonces, ¿a qué viene el debate?, ¿cuál es el problema? Aparentemente el debate se ha planteado en relación a gestión pública o privada pues se ha relacionado la gestión privada con la pérdida de control público sobre la información y los elementos estratégicos del servicio, y la gestión pública con la transparencia y capacidad de toma de decisiones. Ese es un gran tema sobre el que analizar y debatir, si hubiera interés en alguno de los foros que tanto se prodigan.
No obstante, lo que en realidad está en juego no es la gestión pública o privada sino el gobierno del servicio. Y en una situación democrática, el gobierno no debe dejarse en manos del mercado. Ni de hecho, ni mucho menos de derecho.
El problema es quien manda. Y en un régimen democrático sólo puede mandar la autoridad pública democráticamente elegida y responsable frente a los ciudadanos. Las empresas están para actuar y competir en los mercados abiertos. Y para cuando se las necesite en el ámbito de los servicios públicos, en una situación de competencia y transparencia como se exige a cualquier mercado, y más si es público.
Curiosamente, las voces que se alzan y ponen en duda la legitimidad o incluso la cordura de algunas decisiones municipales, han callado y siguen callando en relación a tantas ineficiencias –u otras conductas indeseables- buscadas e incluso promovidas, que están íntimamente relacionadas con la falta de credibilidad general. Una prolongación de la situación anterior no habría provocado –nunca provocó- el revuelo que hoy observamos. Ahora va a resultar que los debates sobre servicios públicos están contaminados por ser ideológicos. Pues claro que lo son. Ahora y antes. Por acción o por omisión. ¿Quién es el profeta de la pureza inmaculada?
Confusión quizá comprensible, pero fácil de desactivar si el debate público se quiere sincero. La pretensión de objetividad técnica y económica no es sino otra de las formas de imposible aproximación al problema, en que se trata de conciliar los intereses públicos legítimos para su administración eficiente i diferenciarlos de otros intereses en los que el agua no es más que una forma de negocio financiero.
El recientemente fallecido Zyigmunt Bauman advirtió del desplazamiento del poder del ámbito de la política a otras instancias vinculadas al poder financiero y fuera del control democrático. Esa situación se observa muy claramente en el mundo del agua, en el que muchos municipios deben afrontar conflictos muy desiguales con algunos de sus contratistas.
El capitalismo alcanzó su prestigio y prosperidad abriendo mercados a su ingenio y ambición. Los servicios públicos son otra cosa: son la precondición para el buen funcionamiento de una sociedad moderna y sana. Y siempre serán bienvenidas al ámbito público las empresas con capacidad y voluntad de aportar.
Cuando un dirigente empresarial afirma que las decisiones del poder político deben ser tomadas conjuntamente con los empresarios, quizá está sugiriendo que hay ciudadanos de diferente categoría. Eso ya sucedió en épocas anteriores y el resultado fue la aspiración democrática con la que acabó el franquismo. Esos poderes económicos quizá aceptan el poder democrático como un mal necesario con el que compartir decisiones, pues cuando no existía no lo echaban en falta. Sin duda, la complejidad de la gobernanza no consiste en eso.
¿Va a ser el Sr Trump el que recuerde que el poder económico debe someterse al poder político? ¿O es que en su caso son el mismo y no hay contradicción? Sea como sea, en una democracia no puede pretender gobernar quien no ha pasado por las urnas.
