Las ideas de Don Ramón

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La ofensiva del sector del agua en pro de un regulador potente se basa en dos premisas: la gestión privada es mejor que la pública, y las tarifas están bajas.

Por lo que se refiere a la supuesta superioridad de la gestión, existen numerosos estudios comparativos realizados con solvencia y que aportan conclusiones no coincidentes sobre la supuesta superioridad de una u otra forma de gestión. Así pues, las opiniones se acumulan contradictoriamente en una suerte de polémica que no tiene solución objetiva, pues, a diferencia de un experimento valorable, aquí hay más contexto que texto.

En efecto, la gestión de los servicios públicos es un trabajo profesional especializado en el que confluyen elementos muy diversos. No es menor su naturaleza de servicio público, que subordina las formas a su finalidad. Así, mientras que en el campo privado la forma empresarial es un mecanismo de creación de riqueza, especialmente para sus propietarios, en el ámbito de los servicios públicos, la forma empresarial es una de las diversas formas para alcanzar su fin, que es contribuir al bienestar de los ciudadanos y crear las condiciones para el desarrollo social y económico.

Y aunque no está demostrado que los fines privados sean incompatibles con los públicos, es bien cierto que son distintos. Y que las formas de encaje tradicionales se han demostrado poco efectivas, pues no hay una teoría ni una práctica consolidadas que explicite la manera de alcanzar ese encaje.

En efecto, los contratos de servicios de abastecimiento han tendido a una duración que apenas se justifica por motivos internos del servicio público y que con frecuencia encuentran su motivación en ofertas financieras a sus administraciones titulares a cambio de un mercado cautivo durante largos períodos de tiempo.

Así pues, lo que urge es disociar la solución financiera de los municipios, eternamente pendiente, de los contratos de servicios públicos. Y por otra parte establecer mecanismos de gestión que garanticen el gobierno del servicio público con absoluta independencia.

No siempre la mejor solución será la gestión pública. Pero las virtudes de la gestión privada deben demostrarse con un tratamiento que objetive esa capacidad de atención al servicio público en condiciones compatibles con la lógica aspiración a un beneficio razonable.

Por lo que se refiere a las tarifas, hay que ser más analítico. En otras ocasiones he explicado que en época de bonanza las tarifas crecieron poco. Ciertamente elevar tarifas es impopular y si el gestor no lo pide, mucho mejor. Y ese fue el caso: los servicios se financiaron en buena parte mediante los crecimientos urbanísticos y la aportación de subvenciones. Es cierto que financiar gastos fijos con ingresos variables tiene sus riesgos, y ahora aparecen por partida doble: las tarifas, en muchos casos, siguen siendo bajas y los otros ingresos se redujeron considerablemente. Pero eso no es una categoría absoluta, su coste debe justificarse por razones internas del servicio.

Por otra parte, las redes pendientes de renovación son, en general, minoritarias, pues la mayoría de las zonas de crecimiento urbano tienen 30 años o menos, y muchos cascos antiguos fueron intensamente renovados durante las primeras décadas de la democracia municipal. De manera que el déficit de infraestructuras hay que buscarlo, en especial, en aquellas inversiones de mejora de la garantía y medioambientales que están asociadas al PHN y a los planes de cuenca. Su ejecución y el traslado de costes a los usuarios –no sólo los de abastecimiento sino a todos los usuarios junto con los costes ambientales asociados- son, en mi opinión, el mecanismo más efectivo para el reconocimiento del coste real del agua.

Y finalmente, el regulador. El concepto de regulación no se refiere a servicios públicos, sino a servicios privados sometidos a control público. Los municipios no son reguladores convencionales: son competentes y responsables del gobierno del servicio y pueden optar por distintas fórmulas de gestión.

Quizá en el fondo es eso lo que se pretende, descatalogar un servicio público esencial y privatizarlo, como ya sucedió en su día con la electricidad u otros servicios liberalizados. En ese caso, el debate habría que plantearlo en otros términos.

Ahora bien, ¿cómo confiar en que un salto así va a mejorar el problema planteado?. Dudoso, desde el punto de vista del servicio público. Por otra parte, la experiencia sobre regulación en España induce a pensar que esa institución debe ser reformada a fondo. Basta con observar la actuación de los reguladores existentes antes y durante la crisis que padecemos. En un examen de conciencia que es muy de agradecer, Miguel Ángel Fernández Ordóñez hace una detallada exposición de las insuficiencias en la regulación de la banca[1].

El conflicto de Aguas Ter Llobregat muestra que no por poderoso el regulador es infalible. Es curioso observar que en los oligopolios consolidados, como el bancario y el energético, la conflictividad judicializada es relativamente escasa. En efecto, allí el régimen privado de los servicios no depende de adjudicaciones públicas, y los conflictos de costes se resuelven a través del BOE y sin publicidad en los detalles. El resultado no es necesariamente una buena gestión ni mucho menos un servicio público. De las grandes empresas del Ibex, qué pocas no dependen del regulador! Cómo sería su comportamiento en régimen de libre competencia real? Eso está por verificar.

Ahora bien, quien pide el regulador poderoso? El sector privado, que tiene intereses legítimos, a la vista de la falta de licitación pública del Estado. Y que de esa manera quizá podría resolver sus conflictos de forma más discreta. Por favor, no mezclen a los municipios con eso.

Joseph Stigiltz aludió al desigual acceso de la población a las funciones decisorias del mundo político: Cuando los más ricos utilizan su poder político para beneficiar en exceso a las grandes empresas que ellos mismos controlan, se desvían unos ingresos muy necesarios hacia los bolsillos de unos pocos en vez de dedicarse e beneficio de la sociedad en general.[2]

El prestigio profesional del Dr. Tamames no avala sus opiniones políticas, ni cuando era comunista ni ahora, y mucho menos si se fundan en informaciones sesgadas o si justifican intereses de un determinado sector.

[1] La difícil reforma de los bancos. El País, 23 de agosto de 2016.

[2] El precio de la desigualdad. Taurus, 2012.

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