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Lecciones de una crisis

  • Lecciones crisis

La primavera de 1990 fue crítica en Cataluña. Las reservas de agua en el embalse de Sau se redujeron a un ínfimo 5,7%. La poca agua que quedaba tenía un olor infame que invadía el valle que separa la presa de Sau de la cola de Susqueda. Imposible olvidarlo.

En la planta de Cardedeu que abastecía agua potable a la región metropolitana, hubo que hacer un curso acelerado en el que se combinó el ingenio con recientes tecnologías de tratamiento para poder convertir el agua captada en agua potable. Se consiguió, y los que estábamos concernidos con la calidad del agua aprendimos mucho de la experiencia.

Los ciudadanos apenas se enteraron de los aprietos por los que hubo que pasar. Por aquel entonces, la administración catalana era bisoña en la administración del agua, cuyas competencias había recibido en 1986. Se aprendieron algunas lecciones que pueden sintetizarse en dos:

  • La interconexión de redes mejora la resiliencia del sistema.
  • Hay que financiar las infraestructuras necesarias, pues cuestan dinero.

De esas lecciones se derivaron dos leyes, la 4/990 de Ordenación del Abastecimiento de Agua en el Área de Barcelona y la 5/1990 de Infraestructuras hidráulicas.

Por la primera, se creó el germen de Aigües Ter Llobregat (ATL), el gran proveedor de agua en alta de Cataluña que pasó a administrar las concesiones públicas del Área Metropolitana en el Llobregat y de la Mancomunidad de municipios que administraba el trasvase del Ter. El preámbulo de la ley decía:

El abastecimiento de agua doméstica e industrial ala mayor parte de los municipios de las comarcas del Barcelonés, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Alt Penedés, Vallés Oriental. Vallés Occidental y una parte del Anoia depende desde ya hace algunos años, o dependerá en un futuro inmediato de manera total o parcial, del llamado sistema Ter-Llobregat.

Se creó una bolsa única de agua y paulatinamente desapareció del lenguaje institucional la palabra transvase por el lenguaje políticamente “correcto” del ecologismo en ascenso. En sustitución, la ley acuñó el término Sistema Ter-Llobregat para las cuencas del Llobregat y la del Ter transvasado, donde buena parte del Ter desembocaba ya en el cauce del Besós, al norte de la ciudad de Barcelona. Por cierto, del Besós apenas se extraía agua, pues río y acuífero estaban muy contaminados.

Por la segunda ley, se reconocía la necesidad de adecuar las circunstancias naturales en que el agua se produce dentro del ciclo hidrológico a las necesidades de su utilización, es decir de convertir un recurso que se presenta de manera irregular en el espacio y en el tiempo en un conjunto de dotaciones regulares que permitan el desarrollo ordinario de las diferentes actividades, económicas y de todo tipo, de las poblaciones afectadas, y de evitar, o al menos reducir los efectos negativos que resultan de las situaciones también naturales de concentración espacial y temporal de las precipitaciones, que provocan, de manera periódica, riadas y desbordamientos de los cursos fluviales.

Para financiar las actuaciones necesarias se implantó el canon de infraestructuras hidráulicas, que gravaba la tarifa urbana del agua. Dicha carga fiscal chocó con la oposición de las asociaciones de vecinos de Barcelona y otras ciudades y dio lugar a la llamada guerra del agua, que duró una década. La guerra se saldó con la creación de la Agència Catalana de l’Aigua en 1999, la unificación del canon de saneamiento y el de infraestructuras hidráulicas en una nueva figura fiscal, el canon del agua, y la obtención, por parte de las asociaciones de vecinos de un puesto en el consejo de administración del ACA.

Se invocó un nuevo marco conceptual amparado en la inminente aprobación de la Directiva Marco y bendecido por el ecologismo. Pero lo cierto es que el ACA nació con un lastre económico considerable, justo en el momento en que se agotaban los fondos de cohesión.

El ACA administraba —y aún administra— una pequeña parte del agua de Cataluña: territorialmente, su competencia exclusiva es en las cuencas internas y compartida con la CHE en la parte catalana del Ebro. Por otra parte, su marco de acción se ha centrado en los usos urbanos y la protección ambiental. El mundo agropecuario, y en especial los regadíos, han sido administrados por la consellería competente en agricultura. Incluso fiscalmente, esos usos han sido declarados exentos de canon del agua.

Pero la agricultura de regadío usa el 70% del agua de las concesiones de agua en Cataluña con grados de eficiencia manifiestamente mejorables.

Ahora bien, quien debe garantizar la disponibilidad de agua no es ATL, que es un mero operador público en alta, sino la administración hidráulica. Y ahí estamos: no se espera que haya agua garantizada hasta dentro de unos años.

En 1990 la población catalana era de 6 millones. Hoy vivimos aquí 8 millones, lo que para una dotación de 200 litros diarios correspondiente a la emergencia en que estamos sumidos, supone 73 Hm³ adicionales de agua, más o menos la producción a pleno rendimiento de las dos desaladoras existentes.

Ahora bien, en esos años el bosque catalán ha crecido en 300.000 Ha a razón de 30 Ha diarias, lo que supone una demanda adicional por evapotranspiración de más de 500 Hm³.

No hay mejor forma de explicar unos números que hablan por sí solos. No solo no ha habido previsión de obras, sino que no ha habido previsión de escenarios.

En esas condiciones, ¿es posible decir que la culpa de la crisis es de algunos municipios, cuya población agregada no alcanza al 5% de la catalana, de que usan más agua de la que ahora se impone? ¿Cuántos días más se hubiera alargado la declaración de emergencia si todos hubieran cumplido la norma? ¿Quizá una semana, dos?

La crisis hídrica puede derivar en poco tiempo en crisis social si se ven afectados sectores económicos de los que depende el empleo de mucha gente. En Cataluña hay agua de sobra para poder atender todas las necesidades sin rivalizar con nadie. Ya que nuestras autoridades no parecen haber aprendido, quizá sea hora de que los sectores afectados sean propositivos y planteen pactos orientados a un modelo de país que ponga los pies en el suelo de una vez.