El Pacto Nacional por el Agua

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La sequía de este verano ha reactivado el debate sobre el agua. En julio se informaba de las reuniones de la ministra García Tejerina con las comunidades autónomas, tras las cuales, se decía, en los próximos meses estos encuentros se extenderán a todos los usuarios del agua y a otros colectivos, puesto que el objetivo con el que nace el Pacto Nacional del Agua es involucrar a todos los sectores y agentes implicados.

Las informaciones posteriores indican que a lo largo del verano el Ministerio sostuvo reuniones con representantes de las organizaciones ambientales, otras organizaciones como la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa); la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore).

Los puntos más relevantes del futuro pacto parecen ser la atención al déficit hídrico, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos y la activación de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación.

También se indica que el Pacto Nacional por el Agua busca formalizar mayores recursos para las cuencas más desprovistas del país, acelerar los resultados de los compromisos políticos y jurídicos asumidos con la Unión Europea y estabilizar la salud financiera del Sistema Español del Agua.

“Queremos un Pacto Nacional por el Agua que dé respuesta a los principales retos de la gestión del líquido”, indicó la ministra de Agricultura y Pesca. “Cualquier propuesta es bienvenida en estas conversaciones. Nos urge a todos encontrar una línea de actuación de largo plazo, fruto del diálogo, con altura de miras, responsabilidad y sentido de Estado”, concluyó.

A tal efecto, el Pacto Nacional por el Agua pretende establecer propuestas técnicas que ayuden al país a dar un uso solidario al líquido, además de conservar los recursos hídricos existentes.

Parece claro que la frustración en esta materia responde a la incapacidad histórica de los sectores interesados para el pacto, y aún más en el marco establecido por la Directiva Marco. Ello ha producido desenfoques y fracasos sonados que han dado al traste con los sucesivos intentos de Plan Hidrológico Nacional a lo largo de las pasadas décadas. Aun hoy, la web del ministerio exhibe los hitos históricos más destacados:

  • Ley 10/2001, de 5 de julio, PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (B.O.E. 161 de 6/7/2001)
  • Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional

Después de la derogación del PHN, ya a principio 2012 el ministro Arias Cañete anunció un nuevo Plan Hidrológico Nacional con el objetivo de garantizar el subministro de agua en calidad y cantidad suficientes, de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional, tanto para las necesidades humanas como para el mantenimiento de los ecosistemas.

No consta que la ministra haya invitado a la administración local a esas conversaciones a pesar de la prioridad del agua de abastecimiento público y de que son los entes locales los titulares de las concesiones para ese uso y los titulares del propio servicio público de abastecimiento de agua. A la desconsideración histórica de la Administración del Estado con esta parte del Estado se añade, probablemente, que las cuestiones de fondo que se dirimen tienen poco que ver con el uso del agua urbana o, quizás, la ministra se da por satisfecha con las opiniones de las empresas gestoras del sector y sus presiones para modificar el marco regulatorio. No hay que olvidar la posición subordinada e los gestores en relación a la administración local, ni que algunos de sus miembros significados mantienen litigios por cuestiones de fondo. Parecería normal y deseable un contacto no intermediado entre ambas administraciones.

Aquí pesa mucho el trasvase del Tajo o, si se quiere, el déficit hídrico crónico del sureste español que de momento no va a ser aliviado por el Ebro ni por unas desaladoras que fueron desechadas por costosas. Pesa mucho la sentencia sobre Biscaurrés, que puede resultar extensiva a otros lugares.

En ese contexto, hablar de Pacto Nacional por el Agua equivale a explorar un consenso previo a la redacción de un nuevo Plan Hidrológico Nacional en las que los temas de fondo serán las tensiones entre los grandes usuarios históricos del agua, regantes y sector energético, las aportaciones financieras o las condiciones reconocidas por el Estado a esos usos. En la agenda no se observa la aplicación del coste efectivo de disponibilidad del recurso ni el sometimiento de los intereses sectoriales al interés público.

Puesto que la ministra da la bienvenida a cualquier propuesta, además de proponer los contactos directos con la administración local, me atrevo a sugerir que se refuerce el carácter de regulador de la propia autoridad hidráulica, mediante el traslado de señales económicas a todos los usuarios[1]. Esas señales deberían aproximar el coste efectivo del recurso a todos y cada uno de los usuarios y emitir la señal adecuada en relación al uso eficiente del recurso. Cuando la señal económica va de la mano del título concesional, nadie tiene duda de cuál es la intención del administrador del recurso: la cosa va en serio para todo el mundo. Y la autoridad hidráulica se erige, con propiedad, en el regulador absoluto del recurso.

[1] Ver Los ciclos del agua y su regulación. Joan Gaya, Blog en Iagua. 16 de diciembre de 2016

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