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¿Qué costes? ¿Quién los soporta?

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  • ¿Qué costes? ¿Quién soporta?
Minsait
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Son frecuentes los comentarios acerca de los escandallos de costes de un servicio de aguas. Las diferencias observadas claman por una homogeneización cuya apariencia técnica tiene trasfondos diversos, a veces con intención explícita, a veces simplemente culturales, es decir fruto de la costumbre.

Algunos costes son específicos de un abastecimiento y derivan de la procedencia y la calidad del agua. Otros, de las garantías asociadas al abastecimiento en forma de mallado de redes, redundancia de equipos o nivel de tecnificación, capacidad de análisis y respuesta a incidencias. Pero hay otros que merecen comentarios muy distintos.

Años atrás era habitual que cuando una Confederación acometía la construcción de un abastecimiento, además de los compromisos de auxilios en forma de terrenos y gastos de gestión del personal de la administración hidráulica, a la administración local beneficiaria se le imponía la condición de que las instituciones del Estado ubicadas en la localidad debían recibir el agua gratuitamente.

Nunca se escandallaron los costes inducidos por la obra, y los derivados del consumo de esas instituciones gravitaron sobre el precio de los abonados de a pie. Es más, muchos municipios adquirieron la costumbre de servirse del agua gratuitamente, de forma análoga a lo aprendido. Así, al lado de costes no escandallados, encontramos costes no soportados por determinados usuarios con privilegio.

Entre titular institucional y el gestor técnico del servicio debe haber un intermediario municipal que actúe en los dos sentidos: trasladando las directrices a criterios técnicos y fiscalice su ejecución. Esa figura no es muy habitual, y cuando existe, su coste no se incorpora a los costes del servicio. Debe considerarse la diferencia con la contratación de una obra pública en la que la figura es obligatoria y su coste se contabiliza.

La gestión del agua ha incrementado el grado de tecnificación y ciertamente las pérdidas en red han disminuido notablemente en las últimas décadas a base de una intensa inversión. No obstante, sea cual sea el porcentaje de agua perdida no suele haber mecanismos que transfieran responsabilidad sobre el coste de esa agua -que se ha aducido y tratado como si se fuera a aprovechar- al gestor. Los estudios tarifarios contemplan el coste reconocido del agua y lo repercuten a los metros cúbicos de agua que se van a facturar, sin señales apreciables de imputación al gestor, que en el mejor de los casos está más interesado en las inversiones por el beneficio que le aportan que por el prurito profesional o por las penalizaciones a su eventual ineficiencia.

Si remontamos la vista a los nodos del ciclo del agua urbana, se encuentran a faltar los costes asociados al uso del recurso y a su tratamiento posterior –canon de uso y canon de saneamiento- que son los que deben garantizar el uso eficiente y el vertido respetuoso con el medio. Esa falta de estímulo no sólo resulta perjudicial para el ciclo del agua en su conjunto, sino que está en la raíz de la falta de inversión –y de mucha inversión desenfocada- en muchos abastecimientos.

Complementariamente, es necesario resaltar la existencia de situaciones que operan en sentido contrario al derecho al agua, es decir, hay abonados que pudiendo pagarla, no lo hacen, con lo que los costes repercutidos sobre los demás usuarios, suben. En primer lugar, como ya se ha indicado, es el caso de muchos municipios y otras muchas instituciones en las que la costumbre histórica, derivada de situaciones de déficit democrático, ha sido esa. Pero también el de numerosas bolsas de fraude insuficientemente perseguidas pues no es infrecuente que el coste de los incobrados también se repercuta en el escandallo. Esas situaciones también deben ser resueltas por una política adecuada del servicio.

Por otra parte, están los cánones: algunos, meramente comerciales. Otros, bajo la cobertura formal de la amortización técnica de activos cedidos en uso al gestor, pero que no siempre se destinan a la reinversión en reposición de esos activos.

Y finalmente, hay que considerar los costes de la ignorancia, quizá los más elevados, pues la falta de conocimiento y el exceso de confianza inducen a la toma de decisiones en función ópticas ajenas al interés público.

Es habitual que en determinados observatorios se comparen tarifas de distintas localidades. Y no obstante, una de las funciones más interesantes de un observatorio del agua sería, probablemente, analizar la composición de esos costes.

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