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Regulación del ciclo urbano del agua

  • Regulación ciclo urbano agua

Puesto que el agua es un elemento básico, no es posible prescindir de ella. La infraestructura del abastecimiento y saneamiento urbanos hacen de ese servicio público un monopolio natural. Por esa doble condición, elemento esencial administrado en régimen de monopolio, el servicio debe ser regulado por la autoridad pública.

No conozco a nadie que discuta ese criterio. Por otra parte, la regulación ya existe, pues los municipios son competentes, aprueban reglamentos y tarifas –es decir las reglas del juego- y contratan servicios. Además, las comisiones de precios actúan a nivel autonómico.

Entonces, ¿cuál es el problema?; ¿por qué motivos se ha abierto el debate sobre la regulación del agua urbana? Se me ocurren varios:

1. El mercado presiona por reglas homogéneas en un sector que considera suyo, y por la simplificación de su interlocución con las administraciones públicas. Le resulta especialmente molesta la presencia de más de 8.000 municipios, la parcelación que resulta de ello y la diversidad de las sensibilidades locales. Por otra parte, le preocupa la tendencia creciente a la remunicipalización, entendida en un sentido amplio: no sólo por la tendencia a la gestión pública sino por el mayor rigor contractual en los contratos de concesión. De esa manera, la limitación (aún mayor) de las competencias municipales le permitiría obtener mejores garantías para sus inversiones, mejores márgenes comerciales y adecuar mejor el tamaño del mercado al de los grandes operadores privados. En esa empeño, encuentra complicidades en la CNMC[1].

2. Desde el ámbito público se echa en falta información en un doble sentido:

a) ¿Cuáles son los costes objetivos del ciclo urbano del agua?, es decir, ¿cuáles los costes de la aplicación correcta de las políticas del agua en relación a los requisitos ambientales y sociales, a la vez que se garantiza la sostenibilidad económica de esos servicios?

b) ¿Cuáles son los costes comparados entre servicios y cuáles los estándares de calidad que soportan?

3. Las economías de escala. Con independencia de la presión del sector privado, es obvio que en muchos casos la escala del servicio condiciona su viabilidad técnica y económica. Ese es un problema que no va a resolver un regulador, pero que en las propuestas del sector privado quedaría obviado por una norma de rango superior.

No tengo confianza en esas propuestas, que aumentarían la presión sobre los municipios, en especial con los más pequeños, hasta límites que la harían incumplible. Más bien creo en los estímulos al agrupamiento y a la buena gestión, perfectamente posibles a través de una adecuada canalización de las ayudas públicas de la Unión Europea y de las administraciones superiores del Estado para impulsar la mancomunación de servicios. Además, las diputaciones tienen ese cometido y algunas han demostrado el alcance de sus logros cuando se han propuesto cumplir con ese objetivo.

Por otra parte, la regulación externa, también llamada regulación por agencia, se contradice con la que establecen los contratos de concesión. Y la única forma de resolverlo es aumentar la limitación de los márgenes de autonomía municipal. También debería tenerse en cuenta un larguísimo período transitorio para los contratos vigentes, algunos por períodos de 50 años.

El ciclo del agua tiene especificidades que lo diferencian de otros servicios en red, como el gas, la electricidad o las telecomunicaciones. Cabe destacar las siguientes:

a) Muchos de los costes del ciclo tienen su mejor acomodo en sus nodos de conexión con el ciclo general, es decir, en los puntos de captación de agua y de su vertido. En la captación cabe la aplicación de señales económicas que inciten a la eficiencia en el uso del recurso captado; en el punto de vertido, la aplicación de tributos que permitan resolver el saneamiento. Por otra parte, los costes de tratamiento y aducción y la mejora de la garantía de abastecimiento tienen su mejor acomodo en el tratamiento en alta, normalmente en manos de administraciones de ámbito territorial superior al municipal.

b) Los costes de infraestructura en baja, es decir de distribución de agua, tienen un fuerte componente urbanístico (densidad urbana, cotas, etc.). Pero el urbanismo no sólo se refiere al diseño urbano sino a su financiación, pues genera plusvalías que en parte deben financiar las infraestructuras de los servicios. Es difícil que un regulador externo tenga intervenciones acertadas y aceptables con carácter general. Por otra parte, y como ya ha quedado dicho, las señales económicas fundamentales deben venir impuestas por los costes en alta y el tributo de vertido, es decir no se resuelven en el ámbito del coste de distribución, y deben internalizarse en el precio del agua.

La presencia de operadores privados tiende a limitar el acceso público a la información a pesar de que el servicio es público. Algún operador lo pone francamente difícil. Los municipios que pretenden mejorar la gestión del agua deben hacer sobreesfuerzos que no deberían ser necesarios.

En definitiva, las visiones pública y privada son diferentes en la medida en que los municipios pueden ser una realidad molesta para el sector privado y más cuando pretenden adaptar la funcionalidad de los servicios a las nuevas realidades sociales que aparecen después de cada crisis.

En esas condiciones, me parece necesario, como primer paso, la creación de un foro de intercambio de informaciones y puntos de vista con el fin de aproximar sensibilidades e intereses entre los diferentes sectores implicados en los servicios públicos del ciclo urbano del agua. Tengo confianza en el poder de la palabra y la capacidad de alcanzar acuerdos si se dan las condiciones adecuadas.

Esa debería ser la función del observatorio del agua: establece un marco para intercambiar información, limitar el ámbito y los recelos que crea el desconocimiento y encajar puntos de vista. A pesar de los consensos políticos, Portugal tardó casi dos décadas en alumbrar su órgano regulador a partir de un simple observatorio. Aun así, el regulador está esencialmente limitado a los abastecimientos en alta. Podemos aprender de ellos y avanzar más deprisa.

[1] Comisión Nacional de Mercados y la Competencia

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Redacción iAgua

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