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Regulación, financiación y política del agua (II)

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  • Regulación, financiación y política agua (II)
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Las CCHH, posteriores a la ley de 1911, ajustaron su comportamiento a sus preceptos en sus actuaciones de regadíos, regulación con fines energéticos o de defensa y encauzamiento de ríos

No obstante, la Ley de 24 de agosto de 1933 añadió precisiones a la de 1911. En primer lugar, para que una obra de regadío pudiera ser ejecutada por el Estado sin auxilio de los propietarios se requería que el proyecto redactado fuera sometido a una severa información pública abierta al efecto, la indudable conveniencia de realizarla y la utilidad que rendirá su explotación, así como la imposibilidad de llevarla a cabo por otros procedimientos.

De esa forma, la Ley otorgaba protagonismo a las Confederaciones Hidrográficas y preveía el Plan General de Obras Hidráulicas impulsado por Lorenzo Pardo y de inminente aprobación, pues la participación del Estado exigía que la obra esté comprendida en los planes aprobados a las Mancomunidades hidrográficas y antiguas Divisiones hidráulicas, mientras las Cortes no aprueben un plan general de obras hidráulicas.

Si bien la Ley de 1911 establece la obligación de que los promotores presenten el compromiso escrito de los propietarios de más de la mitad de la zona regable, obligándose a regar sus tierras mediante tarifas que no excedan de las aprobadas, la ley de 1933 añade: Los aprovechamientos industriales que utilicen los beneficios de ampliación o mejora, conseguidos a consecuencia de las obras hidráulicas ejecutadas por el Estado, estarán obligados al pago del canon que se fije por el Ministerio de Obras Públicas.

Es de señalar que en 1911 la Ley se refería, por una parte, a obras de regadío, y por otra a las de defensa y encauzamiento de ríos, y que la de 1933 extiende la condición de beneficiarias a aquellas industrias que puedan utilizar los beneficios de la obra.

Esa afirmación no parece estrictamente vinculada al canon de regulación, cuyo valor está relacionado con los costes de explotación de la obra; las tarifas señaladas se relacionan también con la parte de la inversión que resulta imputable a los beneficiarios, a la que debe incluirse el coste de explotación.

El decreto 133/1960 convalidó la normativa republicana. En relación a las tarifas de riego establece que están obligados al pago de las tasas por el uso de las aguas todos los beneficiados por su empleo, y que dicho pago será hecho bien directamente o a través de los Organismos representativos como Comunidades de Regantes, Empresas industriales de cualquier índole o Corporaciones públicas.

En cualquier caso, las tarifas de riego deben abarcar:

  1. a) La aportación de los usuarios al coste de las obras específicas del sistema de regadío en proporción fijada por la disposición que haya autorizado su construcción y al de las obras de regulación que utilice en la proporción que les corresponda dentro del total de los abastecimientos afectados.
  2. b) Gastos de explotación de dichas obras, incluida la guardería fluvial.
  3. c) Gastos de conservación de las mismas.
  4. d) Gastos de administración y generales del organismo encargado del servicio.

Por otra parte, ni la Ley de 1911 ni la de 1933 se refieren al abastecimiento de agua, considerado, en aquella época un problema menor y en todo caso de competencia municipal. Madrid lo tenía resuelto desde mediados del siglo XIX y el resto de España no lo planteaba como un problema de Estado.

No obstante, en 1911 ya se había planteado a este nivel el problema del abastecimiento de Barcelona, que dio lugar a la Real Orden de 12 de abril de 1911, por la que se creó la Comisión para el abastecimiento de aguas de Barcelona integrada por el ministro Juan Alvarado como delegado el Rey, representantes de corporaciones agrícolas, sanitarias, empresariales, 7 concejales municipales y una asesoría técnica con ingenieros y arquitectos.

Esas dinámicas quedaron al margen de las confederaciones, que agruparon exclusivamente los intereses sindicados del sector agrario y energético.

Actualmente el Decreto 133/1960 está derogado. No obstante, los conceptos subsisten actualizados. En la web del MITECO puede leerse:[1]

Los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, satisfarán un canon de regulación destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales obras. Se denominará canon de regulación y son objeto del mismo las mejoras producidas por la regulación de los caudales de agua sobre los regadíos, abastecimientos de poblaciones, aprovechamientos industriales o usos e instalaciones de cualquier tipo que utilicen los caudales que resulten beneficiados o mejorados por dichas obras hidráulicas de regulación.

La determinación de la cuantía del canon se regula por los artículos 296 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción denominada tarifa de utilización del agua, destinada a compensar los costes de inversión que soporte la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.

La determinación de la cuantía de la tarifa se regula por los artículos 304 al 312 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

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