El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) mantiene un proceso de debate abierto de cara a alcanzar un Pacto Nacional del Agua que, con la máxima participación, diálogo y consenso, dé respuesta a los principales retos de la gestión del agua en nuestro país. Tras una primera toma de contacto con las comunidades autónomas se han iniciado una nueva ronda de reuniones con los usuarios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Este futuro Pacto se centrará en cuatro grandes capítulos:
- La atención de déficits
- El cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos
- La puesta en marcha de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación
- Otra serie de medidas en materia de gobernanza del agua.
Los objetivos del Pacto son proporcionales a los usos que se hace del agua en España: menos del 20 % es para el consumo urbano, los conocidos por la gobernanza de los servicios del ciclo integral del agua (CIA): Abducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración.
Pero observar que hablan de medidas, no de decisiones valientes que es, realmente, lo que necesita el sector.
Mucho me temo que este nuevo Pacto no va a resolver los males endémicos de los servicios del CIA en nuestro país.
Los hechos son tozudos. La realidad es la que es:
- Para gestionar (no digamos nada de gobernar) un servicio como el CIA se necesita un músculo económico considerable
- Los ayuntamientos medianos o pequeños no pueden asumir sus competencias en materia del CIA por falta de capacitación técnica y de generación recursos económicos necesarios.
- Las infraestructuras del CIA se están deteriorando de forma progresiva
Es obvio la actual legislación que concede la competencia en los servicios del CIA a los ayuntamientos está obsoleta, es ineficiente y corresponde a tiempos pasados.
Los ayuntamientos medianos o pequeños que han sido inteligentes, y que han podido, han cedido sus competencias en materia de CIA a organismos con mayores recursos. Muchos ayuntamientos estarían encantados de encontrar estructuras, a nivel provincial o comunitario, a las que ceder sus competencias en materia de agua.
Urge, por lo tanto, un cambio legislativo que conceda la competencia de los servicios del CIA a entidades administrativas supramunicipales: Diputaciones o, mejor, Comunidades Autónomas.
Todo ello, evidentemente, acompañado de la implantación de unas tarifas sostenibles para el servicio del CIA.
Estaba terminando mi blog cuando leí esta noticia en el periódico La Verdad de Murcia:
¿Sabéis, entre otras, cual es la razón que esgrimen?. No os la podéis imaginar:
Y mientras el precio del recibo de la luz sigue subiendo y subiendo y aquí, no pasa nada. Pero cuando hablamos del precio del servicio del agua...
