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Principales repercusiones de la Ley de Contratos del Sector Público en el sector del agua urbana

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Sobre el blog

José Carbonell
Presidente de Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana.

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Hoy entra en vigor, en su mayor parte, la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y me parece muy oportuno hacer un breve recorrido por sus principales repercusiones en el sector del ciclo urbano del agua.

Esta es una Ley de enorme importancia para la actividad económica, en general, en el país, y no supone un giro radical en relación con la legislación existente, sino más bien un paso más en la constante e interminable evolución de este tipo de normas. En esta ocasión, como su propio título indica, la finalidad principal de la LCSP es la de incorporar al ordenamiento jurídico español las últimas directivas comunitarias en el ámbito de la contratación pública.

El recorrido parlamentario que ha tenido esta iniciativa legislativa ha sido largo y complejo, tras la presentación de más de mil enmiendas por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Finalmente, se consiguió un satisfactorio consenso que permitió la aprobación por el Congreso de los Diputados del texto definitivo el pasado 19 de octubre y su posterior publicación en el BOE el 9 de noviembre.

Para nuestro sector esta Ley supone una serie de novedades, algunas de ellas muy importantes, entre las que se encuentran los nuevos contratos: se elimina el contrato de gestión de servicios públicos y surge el de concesión de servicios. Además, se aclara definitivamente la cuestión de la tasa y la tarifa, se contemplan más opciones para las revisiones de precios, se establece la limitación del riesgo normativo y las novedades sobre las sociedades mixtas.

Hoy entra en vigor, en su mayor parte, la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)

En ese sentido, entre estas principales novedades que afectan a los servicios del sector del agua urbana podríamos destacar las siguientes:

  • La consideración de prestaciones patrimoniales no tributarias (tarifas) para las contraprestaciones económicas que se perciban por la prestación de servicios públicos coactivos en régimen de concesión prestados por entidades de derecho privado (incluso las de capital público). Para cerrar la histórica polémica, se modifican además las siguientes leyes: General Tributaria, de Haciendas Locales y de Tasas y precios públicos.
  • Se contempla la figura de la sociedad de economía mixta (siempre con mayoría de capital público).
  • Se excluyen los contratos del sector del agua urbana de la prohibición de realizar las revisiones periódicas no predeterminadas y no periódicas prevista por la Ley de Desindexación.
  • En los casos de rescate de la concesión para su gestión directa por la Administración se requerirá la acreditación de que ésta es más eficaz y eficiente que la concesional.
  • Cuando la aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la concedente convierta el contrato en excesivamente oneroso, el contratista tendrá derecho a desistir, con determinadas condiciones.

Por otra parte, me gustaría resaltar otras novedades como son las siguientes:

  • Cuando una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal o un convenio colectivo.
  • La creación de una Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de la Contratación con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública.

Así pues, quedan recogidas en buena medida alguna de las propuestas que tratamos de trasladar a los representantes políticos desde el comienzo de la tramitación de esta Ley.

Puedes acceder al texto completo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el siguiente enlace.

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