De acuerdo con Manuel de la Rocha (2024), la gestión del agua es el gran desafío de este país, y por ello es muy importante conocer cuál es el impacto de dicha gestión en el sistema económico y financiero. Hay que saber cómo las sequías afectan a la calificación crediticia de las empresas, a la deuda soberana, a la liquidez y rentabilidad de las carteras de inversión y los posibles defaults. Los efectos financieros están ya aquí. La siniestralidad en los seguros del sector agrario en el 2023 ha sido de 1.200 millones de Euros, superando el récord de 2022. Hay efectos en muchos ámbitos económicos y lo que hay detrás es un debate sobre qué tipo de economía queremos.
Tanto las economías más desarrolladas como las que están en vías de desarrollo están expuestas al riesgo del agua. Estos riesgos pueden generar grandes costes económicos en los sectores. Por ejemplo, las inundaciones de 2021 provocaron 82.000 millones de dólares en pérdidas económicas en todo el mundo, de los cuales sólo 20.000 millones estaban asegurados. Estos impactos pueden transmitirse al sistema financiero. También los bancos pueden estar expuestos a riesgos crediticios si los sectores vulnerables a la sequía, como los agricultores, representan una gran parte de su cartera. Si esto se produce a gran escala, los riesgos relacionados con el agua pueden tener implicaciones para la estabilidad financiera, lo cual es relevante para los Bancos Centrales que deben mantener dicha estabilidad (Sophie Trémolet 2024).
Impactos económicos
Analizar los impactos macroeconómicos de los efectos del cambio climático sobre el agua requiere poder ser capaces de modelizar la incertidumbre y para ello es necesario establecer indicadores económicos más allá del PIB y utilizar proyecciones de acuerdo con escenarios acordados como los del NGFS: Phase IV, que ya predicen escenarios climáticos futuros más desordenados. El agua es uno de los factores de riesgo más trasversal para la economía (Julián Cubero, 2024).
Los bancos pueden estar expuestos a riesgos crediticios si los sectores vulnerables a la sequía, como los agricultores, representan una gran parte de su cartera
El estrés hídrico y térmico en el caso de las sequías reduce los rendimientos agrícolas, incrementa sus precios y reduce también la disponibilidad de energía hidroeléctrica. El impacto indirecto de una sequía es un shock negativo de oferta sobre el PIB, con aumento de los precios y reducción de la producción y de la renta de la economía. También tienen impactos directos como la pérdida inestimable de vidas humanas o los daños físicos a la propiedad de hogares, empresas o infraestructuras públicas. Así un shock sobre el SPEI (Índice de Evapotranspiración Estandarizada por Precipitación) tiene consecuencias significativas y duraderas sobre la actividad agrícola. El resto de la economía también se ve afectada negativamente, al tiempo que los precios tienden a aumentar. Si se quieren analizar impactos sectoriales más detallados, pueden obtenerse mediante análisis I-O (Julian Cubero, 2024).
Impactos financieros
Los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, tienen un impacto significativo en la estabilidad financiera y la solvencia bancaria. Los riesgos físicos, como los desastres naturales, afectan directamente a los activos y a las carteras de préstamos de los bancos, mientras que los riesgos de transición, derivados de cambios regulatorios y tecnológicos, también tienen su impacto, aunque desde una óptica de negocio y costes estructurales (Francisco Lombardo 2024).
Banca
Gestionar las implicaciones financieras de los riesgos físicos derivados del cambio climático requiere la recopilación y publicación de la información relevante, la gestión de dichos riesgos y su supervisión, considerando los requerimientos de capital que son necesarios para hacer frente a esos riesgos. Sin embargo, los supervisores tienen un papel limitado porque no tienen herramientas para combatir esos problemas. Son los gobiernos, los agentes bancarios y los inversionistas los que pueden actuar. Está claro en todo caso que hay que tomar medidas de la forma más planificada posible para que los agentes financieros puedan incorporar estas medidas en su toma de decisiones (Angel Estrada, 2024).
Los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, tienen un impacto significativo en la estabilidad financiera y la solvencia bancaria
En 2023, la OCDE publicó un documento de trabajo: “¿Watered Down? Investigating the financial materiality of water-related risks in the financial system”, que exploraba si los riesgos climáticos y naturales relacionados con el agua eran percibidos como financieramente materiales por los actores del sistema financiero. Este trabajo puso de relieve que los riesgos relacionados con el agua son cada vez más importantes y pueden tener importantes repercusiones para la estabilidad financiera. Pero coincide en que estos riesgos no están ampliamente recogidos en los enfoques actuales de evaluación del riesgo financiero (Sophie Trémolet 2024).
Hay riesgos como los derivados de la aridez que sí están siendo estudiados. Estos riesgos son consecuencia del aumento de las temperaturas y de la reducción de las precipitaciones de forma crónica en determinadas regiones. Un estudio en curso en el Banco de España fusiona los datos de la Central de Información de Riesgos con zonas áridas geolocalizadas. Desde finales de la década de 1970, la aridez media ha aumentado en España, aunque de manera desigual entre regiones. La aridez afecta negativamente al volumen de crédito, pero habitualmente tiene que transcurrir un período de tiempo dilatado para que se observe todo su impacto. El crédito disminuye en su conjunto (−20 pb por cada 1% de aumento en la aridez), por lo que los sectores agrícola e inmobiliario se ven especialmente afectados, a diferencia del turismo que ha demostrado ser relativamente inmune hasta ahora (Angel Estrada, 2024).
En el caso del deterioro ambiental, como riesgo físico también está teniendo un impacto significativo en el valor de la propiedad inmobiliaria de la zona del Mar Menor, por ejemplo. Desde 2015, la rentabilidad de la inversión en vivienda en esta zona ha sido un 43% inferior que en otras cercanas. Esta pérdida de valor, de más de cuatro mil millones de euros, supera en más de diez veces los beneficios asociados al cambio de cultivos de secano a regadío (Angel Estrada, 2024).
Mercado de valores
La evaluación de los riesgos para el mercado de valores a causa del cambio climático muestra cómo la evaluación de los riesgos de la descarbonización para los activos financieros está mucho más avanzada que los riesgos físicos asociados al agua. Pero hay importantes lecciones metodológicas. En los análisis de la CNMV se han considerado cinco clases de activos: 1) Acciones; 2) Bonos corporativos; 3) Deuda soberana; 4) Fondos de inversión; 5) Efectivo. Se ha desarrollado un marco integral para medir el riesgo de transición en las carteras de inversión, que también habría que aplicarlo para los riesgos físicos como son los relacionados con el estrés hídrico.
Los riesgos relacionados con el agua son cada vez más importantes y pueden tener importantes repercusiones para la estabilidad financiera
Se concluye que los cambios previstos en las preferencias de los inversores, los cambios tecnológicos y los cambios en las políticas públicas pueden conllevar activos bloqueados, deterioro de la calidad crediticia, reducción de las valoraciones de las empresas y mayores costes de financiación, lo que provocaría pérdidas en los instrumentos financieros emitidos sobre todo por las empresas más vulnerables a la transición. Los análisis de la descarbonización muestran cómo los fondos sostenibles están menos expuestos al riesgo de transición y obtienen mejores resultados que el sector de fondos (Ricardo Crisostomo, 2024).
Seguros
En el sector de los seguros se tiene una amplia cobertura de las pólizas suscritas para cubrir los riesgos extraordinarios. El recargo del consorcio de compensación de seguros para este tipo de riesgos es universal y depende únicamente de la clase de riesgo y la suma asegurada. Cubre propiedades y personas afectadas por cualquier evento extraordinario recogido en el reglamento. Desde 2019, las aseguradoras están obligadas a compartir información sobre todos los capitales asegurados de todas las pólizas por código postal, lo cual permite tener mucha mejor visión sobre la exposición y, por tanto, el riesgo. Este tipo de información permite evaluar cómo están cambiando los índices de siniestralidad con el tiempo. Se puede comparar, por ejemplo, la media ratios de pérdidas por inundaciones entre los períodos de tiempo 1996-2009 y 2010-2023 (Celedonio Villamayor, 2024).
En el caso del sector agrario hay 366.701 pólizas contratadas, con un valor de producción asegurada de 16.748,24 millones de euros y una superficie asegurada de 5,96 millones de hectáreas. El número de siniestros agrícolas ha sido de 178.763 y los pagos por indemnizaciones 1.241,21 millones de euros. A futuro se está teniendo en cuenta que hay que caracterizar las situaciones de riesgo con reiterada y alta siniestralidad. Todo ello para analizar qué aspectos de la cobertura hay que retocar, y para revisar la adaptabilidad de las tarifas a las características del riesgo asegurado y su exposición a los peligros. Este sería el caso, por ejemplo, del cultivo de producciones en zonas no adecuadas climatológicamente o de prácticas de cultivo y manejos que incrementan el riesgo. También se plantea revisar aquellas coberturas para las que la experiencia viene demostrando su ineficacia o aquellas en las que la evolución de los cultivos las hace inviables (Celedonio Villamayor, 2024).