Los operadores públicos de agua y saneamiento demandamos un nuevo marco regulador que facilite la creación de un nuevo modelo de gestión del agua urbana más eficaz, transparente y participado. El documento se entrego el lunes 25 de marzo en Sevilla al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
El pasado día 25 de marzo se celebraron las jornadas donde las empresas públicas andaluzas EMASESA, EMACSA, Aguas de Cádiz y Giahsa expusieron los cambios realizados en los últimos años en el desarrollo de un nuevo modelo donde la ciudadanía es el eje central. Los operadores destacaron como en las empresas públicas el realizados en los capítulos de planificación, inversión, participación y de compromiso medioambiental. (programa progrifo, Comunidades Azueles, fuentes públicas…). Durante la misma el sector reivindicó mayor regulación y mayor protagonismo de lo público en las políticas del Agua. En palabras de Jaime Palop, actual Consejero Delegado de EMASESA, “solo desde el modelo público podemos crear un marco que permita hacer frente de forma solidaria a los retos que supone la adaptación al cambio climático”. Palop remarcó que “sin duda será imprescindible importantes inversiones que vendrán acompañado de subidas tarifarias” pero estas subidas sólo se harán efectivas si se cuenta con una planificación que contenga medidas consensuadas con los ciudadanos.
En el mismo acto Jaime Morell. Secretario General de AEOPAS, entregó al Secretario de Medio Ambiente del Gobierno de España el documento: “Medidas Urgentes para la Gestión Pública Eficaz y Transparente. Aportaciones al Libro Verde del Agua.” Entre las medidas urgentes que las empresas públicas de agua presentaron el lunes al Gobierno central incluyen la prohibición expresa de los cortes de agua doméstica aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de la factura y asegurar un mínimo de 100 litros por persona y día (el denominado mínimo vital por la ONU) para cualquier usuario.
Entre las líneas que AEOPAS se encuentra la de eliminar el canon concesional para que pueda privatizarse el servicio de agua urbana
Las demandas de los operadores de agua pública formarían parte del denominado ‘Libro Verde del Agua’ que pretende establecer el marco de diálogo para la gestión del agua en España.
Entre las líneas que AEOPAS se encuentra la de eliminar el canon concesional para que pueda privatizarse el servicio de agua urbana. Esta medida supondría frenar la desinversión que vive el sector agua, ya que es la herramienta normativa favorece la especulación.
Por poner algunos ejemplos, hay que recordar que en 2013 Ayuntamientos de Huelva como Valverde (PP), San Juan del Puerto (PP) y Cartaya (Independientes con apoyo del PP) abandonaron la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa), una empresa pública instrumental de la mancomunidad provincial MAS creada para prestar el suministro durante 30 años a más de 65 pueblos. Las marchas, provocaron una crisis de la estructura supramunicipal y el servicio público, y en gran medida fueron una estrategia premeditada de la que se pueden derivar responsabilidades patrimoniales y penales, según un informe jurídico encargado por MAS. El objetivo final de la operación fue la privatización del servicio y “la adjudicataria de la nueva contratación es, en todos los casos, la empresa Aqualia”. El fin es la obtención de fondos a través de la concesión de un servicio público. “La crisis económica y financiera no justifica los fines a perseguir: la obtención de financiación a través de una contratación ilegal. Además en todo el proceso planeo la sobra de la corrupción política. Giahsa ha sobrevivido a este proceso pero evidenció las dificultades que atraviesan los sistemas supramunicipales con el actual régimen jurídico,
Para abonar el canon concesional las empresas privadas concesionales recurren al crédito, que obtienen con el respaldo de las tarifas de los más de 25 años que suele durar la concesión, y con la garantía de un porcentaje de deudores fallidos inferior al 5 por ciento. Es decir, más de dos décadas de ingresos permanentes y asegurados ya que se trata de un mercado cautivo prestado en régimen de monopolio con pagos garantizados por la amenaza del corte de suministro. De esta manera, el agua en España se ha convertido en un refugio financiero y es la ciudadanía quien paga esos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial. Para los operadores de agua pública el canon concesional es “absolutamente indecente y debería estar perseguido”. El canon es también, dicen en el documento,“una puerta a la corrupcióny debería estar perseguido”. De hecho, lo está en algunos países, como Francia, donde esta práctica está prohibida en Ley de Transparencia y Anticorrupción.
Debido a los cánones concesionales, en España se ha llegado a una situación en la que la gestión privada, a través de empresas mixtas o privadas, abastece ya al 53 por ciento del total de la población española.
Otras de las medidas urgentes para la gestión eficaz y transparente del agua que se proponen en el documento son la creación de un servicio dependiente del Estado dedicado a “auxiliar a los entes locales en temas de agua”; y también recalcan las medidas urgentes contra el cambio climático: Obligación de contabilización del agua (incluido el regadío), incentivar el ahorro o la integración del binomio agua/energía.
En lo que se refiere a la depuración de aguas, el documento reclama el desarrollo de programas de financiación públicos, acuerdos de colaboración con los operadores públicos de agua que conlleven la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las obras de interés de saneamiento y depuración contempladas en el Plan de Calidad de las Aguas. En esos convenios proponen encomendar a las Sociedades Gestoras Públicas la realización de determinadas infraestructuras de depuración de interés y determinar las modalidades y formas de contratación de infraestructuras, así como el grado de implicación de cada una de las partes en el inicio, control y desarrollo del expediente de contratación, sin que el papel de los entes locales pueda verse reducido, de plano, a una mera subrogación en un contrato licitado por el Estado.
La creación de un laboratorio del agua cuyo objetivo sea avanzar por un servicio “más eficaz y justo” es otra de las medidas propuestas. En este sentido se aclara en el documento que el citado Laboratorio tiene que tener el personal adecuado para llevar esta función. “Nos negamos a una “teatralización” de la regulación que otros actores ya que el objetivo del mismo no debe ser velar por la seguridad jurídica del concesionario privado (para eso deben de existir otros mecanismos) sino el de ser una institución capaz de garantizar un servicio de calidad(sea público o privado)”.
La limitación de las concesiones del agua para que -siguiendo los postulados internacionales, incluso los del Banco Mundial- nunca superen los 10 años, y restaurarla denominada “delegación de competencias entre ayuntamientos”(no necesariamente vinculada a las Diputaciones Provinciales) o proponer una nueva figura en el ámbito de la prestación de servicios públicos básicos, son otras de las medidas ineludibles para los operadores de agua pública.
Finalmente el acto fue clausurado por Hugo Morán. Secretario de Estado de Medio Ambiente para la Transición Ecológica (MITECO). Morán señaló que el “Libro Verde” incluirá varias de las medidas recogidas por la asociación de operadores públicos y que el ejecutivo debe enfrentarse a un paquete de medidas, entre las que se encuentra la aprobación del derecho humano al agua o mejorar el marco regulador del ciclo urbano, para fortalecer un modelo público eco-sostenible
