El 14 de agosto de 2012, el Foro del Acuerdo Nacional de Perú aprobó la Política de Estado 33 sobre los recursos hídricos. Esta importante política consensuada y suscrita por los principales representantes del gobierno, la empresa privada y la sociedad organizada, marca la agenda hídrica para los sucesivos gobiernos y significa un gran avance normativo y prácticamente complementó la Ley 29338 de Recursos Hídricos, expedida dos años antes. Pero, ¿cuánto se ha avanzado hasta hoy en la gestión del agua?.
La Política 33 señala resumidamente que el Estado peruano:
- Dará prioridad al abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas, a nivel nacional, para consumo humano y para la seguridad alimentaria.
- Asegurará el acceso universal al agua potable y saneamiento a las poblaciones urbanas y rurales promoviendo la inversión pública, privada y asociada.
- Garantizará la gestión integrada de los recursos hídricos, respetando los ecosistemas, tomando en cuenta el cambio climático y promoviendo el desarrollo del país.
- Creará las condiciones para la sostenibilidad del reúso y reciclaje del agua residual previamente tratada, resguardando los ecosistemas y sus servicios ambientales, así como la salud pública.
- Fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y la autonomía administrativa, económica y funcional de la Autoridad Nacional del Agua, para que actúe como órgano autónomo especializado, con independencia y en forma desconcentrada.
- Impulsará el proceso de institucionalización de la gestión integrada a nivel de cuencas orientado hacia la conformación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.
- Priorizará la prevención y gestión de controversias sobre el agua y fortalecerá la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas transfronterizas.
- Garantizará la formalización de los derechos de uso del agua, la construcción de infraestructura hidráulica, la investigación, recuperación, conservación y difusión de los conocimientos, tecnologías y organización tradicionales y ancestrales, así como impulsará la investigación, desarrollo e innovación, a través de la sinergia entre academia, empresa, Estado y otros.
Se ha avanzado pero no lo suficiente por razones varias: falta de autonomía institucional, superposición de funciones con otras instituciones, nula capacitación, reducido presupuesto, débil institucionalidad, organización poco dinámica y burocratizada, marco normativo desactualizado, desarticulación interinstitucional, centralización, débiles organismos descentralizados, carencia de investigación, tecnología y educación ambiental, entre otros.
Pero hay logros significativos, como por ejemplo, el posicionamiento de la ANA y sus 95 organismos desconcentrados, los documentos de gestión (políticas, planes, estrategias, etc.), la creación de doce Consejos de Cuenca —de 29 planificados—, gracias al Proyecto de Modernización, que en su segunda etapa, siempre con el apoyo del Banco Mundial, se espera el progresivo fortalecimiento de la Autoridad Nacional el Agua, de la gestión de desastres ante el cambio climático, de instrumentos para un mejor control y fiscalización de la calidad del agua, la promoción de la cultura hídrica y el impulso del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos. Y, algo muy importante, este proyecto impulsará mejores mecanismos para la gestión de los conflictos sociales, que hoy es el talón de Aquiles del gobierno, especialmente por motivos medioambientales. Igualmente, es importante la creación del Tribunal Nacional de Controversias Hídricas.
Dada la coyuntura socioambiental actual, signada por la pandemia de la COVID-19, los efectos del cambio climático, la globalización y el rápido desarrollo de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones, el reto mayor respecto al agua para el nuevo gobierno en Perú, acaso sea crear el Ministerio del Agua (hay un proyecto avanzado en el Congreso de la república) o lograr la adscripción de la ANA, bien al Ministerio del Ambiente, cumpliendo lo establecido en la Ley 29338 de Recursos Hídricos; o, su transferencia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde tendría mayor poder de acción de política gubernamental, multidimensionalidad, autonomía, institucionalidad, transversalidad y mayores recursos financieros para la gobernanza hídrica y la gobernabilidad en el país.
