La sostenibilidad de un servicio de agua es imperativa por dos razones fundamentales, se trata de un servicio esencial para la vida y el recurso es escaso. La demanda creciente y el cambio climático hacen que el camino hacia la sostenibilidad sea urgente. El ODS 6 ya lo contempla al requerir la garantía de gestión sostenible del agua.
Las políticas sobre el ciclo del agua se han basado en la gestión de la oferta, construimos infraestructuras para atender la demanda creciente, estas políticas han tenido éxito al dotarnos de un servicio esencial, pero no han tenido en cuenta la sostenibilidad. La demanda siempre acaba superando la oferta, obligando a construir nuevas infraestructuras o ampliar las existentes.
El cambio de paradigma es necesario y urgente, en la gestión del servicio debemos aplicar políticas de gestión de la demanda. La estructura tarifaria elegida debe reducir y modular la demanda bajo los principios de suficiencia, eficiencia, equidad y transparencia.
La suficiencia es la capacidad del servicio de generar ingresos para atender todos los costes del servicio, esto incluye, los costes de operación y mantenimiento, los costes de amortizaciones, los costes de nuevas inversiones y los costes ambientales, un requerimiento de la Directiva marco del agua en el año 2000. Una parte fija, en el recibo, que asegure la estabilidad de los ingresos, es clave para obtener la suficiencia. La disponibilidad del servicio supone unos costes fijos, independientemente de la cantidad de agua suministrada.
La eficiencia tiene que ver con la necesidad optimizar la utilización del agua, debe utilizarse en los usos que aporten más valor con la mínima utilización del recurso. Debemos favorecer estos usos y penalizar los derroches. Una estructura con distintos tipos de usuarios y tramos de consumo crecientes en precio garantiza la eficiencia de la demanda.
La equidad busca un reparto justo de los costes entre los diferentes usuarios. El servicio de agua es un derecho humano reconocido por la ONU en 2010, deberemos garantizar el acceso a este servicio para todos. La OMS establece que un acceso óptimo se garantiza con 100 litros por habitante y día, este mínimo vital debe tener un precio asequible. Un primer tramo a un precio bajo garantiza que los usos esenciales sean accesibles para todos, además deberán establecerse mecanismos de acción social para los colectivos más desfavorecidos.
La transparencia tiene relación con la participación pública, real y efectiva. Debemos promover procesos de participación en la gestión del servicio y elaboración de la estructura tarifaria. Por otro lado, debemos presentar un recibo comprensible, esto limita la complejidad que aporta la aplicación de los anteriores principios. La transparencia es una obligación en cualquier política pública actual, los ciudadanos demandan conocer cómo y porque se toman las decisiones que les afectan.
