La Inteligencia Artificial (IA), la modernización tecnológica y los marcos sancionatorios no son suficientes para combatir las conexiones clandestinas, fraudes de agua potable y Agua No Contabilizada en Quito, Ecuador.
Las ciudades relativamente se secan, quizá porque llueve menos debido a cambios climáticos severos, pero, si no fuese el caso, existe un fenómeno latente que crece alarmantemente: el agua potabilizada que nunca llega a ser facturada ni medida, a costos energéticos y químicos bastante significativos. Este fenómeno, conocido técnicamente como Agua No Contabilizada (ANC), representa una hemorragia financiera para las empresas públicas y una injusticia social para los ciudadanos que pagan sus tarifas.
En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), la gestión del agua potable ha evolucionado desde un enfoque puramente ingenieril, centrado en la construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) e infraestructura de distribución (tuberías), hacia un enfoque de gestión de la demanda. En esta transición, la ciudad ha abrazado con entusiasmo las promesas de la Cuarta Revolución Industrial. La digitalización, la sensorización masiva y la inteligencia artificial se presentan como la panacea capaz de cerrar las brechas de eficiencia. Paralelamente, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) prestadora del servicio en Quito, mantiene esquemas sancionatorios para quienes atentan contra la infraestructura pública de agua potable.
A pesar de inversiones costosas y estratégicas en hardware, software y reformas legales, el fraude persiste. Las conexiones clandestinas, la manipulación de medidores y el vandalismo contra la infraestructura de medición continúan siendo prácticas endémicas en muchos sectores de las urbes del DMQ.
En esta ocasión, como conocedor desde adentro de la gestión de agua potable en la ciudad de Quito y como otro ciudadano preocupado, me he cuestionado mucho la premisa de que la solución al fraude es "más tecnología" o "más castigo". Mi argumento se basa en que existe un "actor clave" sistemáticamente ignorado en la ecuación de la gobernanza hídrica: la cultura ciudadana. De esta ya hablé en publicaciones anteriores, ahora la complemento desde una crisis de identidad que sufre la ciudad.
La cultura ciudadana no es entendida como una simple campaña de educación ambiental o etiqueta urbana, sino como un sistema de regulación social donde la norma moral (lo que la sociedad considera correcto), la norma cultural (lo que la sociedad hace habitualmente) y la identidad ciudadana (sentido de pertenencia activo “un nosotros”) se alinean con la norma legal. En Quito, esta alineación está fracturada. La identidad del ciudadano quiteño respecto a su servicio de agua, históricamente abundante y subsidiado, carece del sentido de pertenencia y valoración necesaria para deslegitimar socialmente el robo.
La clandestinidad de conexiones de agua potable y el fraude en el consumo son factores sistémicos que abarcan diferentes ejes e interacciones sociales
Estoy bastante convencido de que el DMQ (Quito) tiene la mayor disponibilidad de agua dulce per cápita del mundo, o seguro está entre las que más disponibilidad tienen; además el DMQ es uno de los distritos más urbanizados del país. Esta combinación crea un escenario explosivo para la gestión de servicios públicos.
El Banco Mundial ha alertado reiteradamente que la seguridad hídrica en la región de Latinoamérica es precaria, no por falta de agua en las fuentes, sino por ineficiencias crónicas en su distribución y uso, exacerbadas por fenómenos climáticos extremos como inundaciones y sequías que afectan a millones de personas anualmente (https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2023/03/21/time-for-water-action-in-latin-america-and-caribbean).
En este contexto, la diferencia del porcentaje de Agua No Contabilizada (ANC) que se registran en países desarrollados con alta eficiencia (15%) y Quito, Ecuador e incluso Latinoamérica (30% – 60%), no solo radica en las conocidas pérdidas físicas; cada vez, las pérdidas comerciales toman significancias irreversibles: el robo.
El fraude de agua potable no puede entenderse simplemente como un acto delictivo común. Es un fenómeno sociopolítico complejo. En muchas zonas periurbanas y asentamientos informales, el acceso ilegal al agua ha sido históricamente la única forma de supervivencia ante la ausencia del Estado. Con el tiempo, esta "ilegalidad de necesidad" se transforma en una "cultura de la gratuidad" que persiste incluso cuando el servicio formal llega al barrio.
La clandestinidad de conexiones de agua potable y el fraude en el consumo son factores sistémicos que abarcan diferentes ejes e interacciones sociales. El ciudadano que incurre en estos actos, enfrentado a servicios públicos que percibe como ineficientes o corruptos, a menudo desarrolla mecanismos de justificación moral para el fraude. Argumentos como "el agua es de Dios", “el agua es un derecho constitucional”, "ya pago demasiados impuestos" o "la empresa me roba con el aire en la tubería" son racionalizaciones comunes que neutralizan la culpa del robo.
Además, existe una dimensión de "resistencia". En ciertos contextos, manipular el medidor se ve como un acto de astucia o reivindicación frente a tarifas que se consideran injustas. Esta "economía moral del fraude" hace que el vecino que roba agua no sea visto como un criminal por su comunidad, sino como alguien que "se busca la vida", lo que elimina la sanción social, uno de los frenos más potentes para la conducta desviada.
El costo de esta cultura del fraude es devastador. Financieramente, descapitaliza a las empresas públicas medianas o pequeñas, impidiéndoles invertir en mantenimiento y expansión, lo que deteriora el servicio y refuerza el ciclo de descontento que justifica el fraude. Ambientalmente, el robo de agua desvincula el consumo del costo real del recurso. Un usuario con conexión directa (sin medidor) consume, en promedio, tres a cuatro veces más que un usuario medido, generando un desperdicio masivo de agua potabilizada que presiona innecesariamente a los sistemas de distribución.
La respuesta de las administraciones modernas ante el problema del ANC ha sido predominantemente tecnocrática. Se asume que si el error es humano (o la corrupción es humana), la solución debe ser digital. Sin embargo, al desplegar estas tecnologías en el terreno complejo como Quito, surgen limitaciones críticas que los proveedores de tecnología rara vez mencionan en sus folletos comerciales.
Uno de los ejemplos es la Medición Inteligente (Smart Metering) y la Vulnerabilidad Física; la infraestructura de medición avanzada (AMI) promete una revolución: medidores estáticos (ultrasónicos o electromagnéticos) que no tienen partes móviles que se desgasten, capaces de transmitir datos en tiempo real y detectar flujos inversos o magnéticos.
En teoría, un medidor inteligente alerta al centro de control el momento exacto en que alguien intenta manipularlo. En la práctica, en ciudades como Quito, el medidor inteligente enfrenta amenazas para las que no fue diseñado:
- Vandalismo extremo: En Quito, el robo de medidores es una "industria" en sí misma. En 2021, la EPMAPS reportó la sustracción de más de 6,500 medidores. Los delincuentes no roban el medidor por su tecnología, sino por el bronce de los acoples o simplemente para dejar la conexión directa. Un medidor inteligente de plástico y electrónica avanzada puede no tener valor de reventa como chatarra, pero es igualmente destruido para eliminar la evidencia del consumo.
- El by-pass pre-medidor: La tecnología AMI registra lo que pasa a través del medidor. No tiene forma de detectar una derivación (by-pass) realizada medio metro antes de la acometida, bajo tierra. Para detectar esto, se requieren balances de masa sectoriales muy precios, lo cual nos lleva al siguiente punto.
Para combatir el by-pass, las empresas instalan macromedidores en la entrada de cada sector hidráulico y comparan ese volumen con la suma de los micromedidores de los clientes. La diferencia es la pérdida. Tecnologías como la inyección de gas helio o correladores acústicos ayudan a localizar el punto exacto de la fuga o fraude.
El problema en ciudades como Quito, con una topografía quebrada y redes antiguas, es que el "ruido" hidráulico es alto. Diferenciar el sonido de una fuga física del sonido de una conexión clandestina bien hecha es difícil para los sensores acústicos tradicionales. Además, la sectorización requiere una inversión masiva en válvulas y cámaras que también son vandalizadas.
Pero el mayor obstáculo es la acción correctiva. Los sensores y el software pueden decir: "En la manzana de la calle X hay una pérdida de 5 litros por segundo". La tecnología ha hecho su trabajo. Pero entonces, se requiere que una cuadrilla humana vaya al sitio, rompa la acera, encuentre la conexión clandestina y corte el servicio. Aquí es donde la tecnología choca con la realidad social:
- Zonas de difícil acceso: En barrios controlados por grupos delictivos o con alta conflictividad social, las cuadrillas técnicas no pueden entrar sin resguardo policial. El sensor sabe dónde está el fraude, pero la institución es impotente para actuar.
- Reconexión inmediata: Sin una transformación de la conducta del usuario, la conexión cortada en la mañana es restablecida en la noche. La tecnología se convierte en un juego del gato y el ratón muy costoso.
La IA y el Machine Learning (ML) se utilizan para predecir comportamientos fraudulentos analizando patrones de consumo histórico. No obstante, los algoritmos de IA son tan buenos como los datos que los alimentan produciendo dos anomalías concurrentes:
- Usuarios fantasma: Si hay un asentamiento informal nuevo que no está en el catastro digital, para la IA ese consumo no existe o aparece como una fuga inexplicable.
- Falsos positivos: En economías informales, los patrones de consumo son erráticos. Un taller que abre y cierra, una casa que se convierte en lavandería los fines de semana. Esto genera alertas constantes que saturan la capacidad operativa de inspección, llevando a que los técnicos ignoren las alertas del sistema.
La tecnología de cuarta generación es una herramienta de diagnóstico, no de cura. Aporta transparencia y precisión sobre la magnitud y ubicación del problema, pero no tiene capacidad coercitiva ni educativa sobre el agente causante del problema: el cliente, consumidor, beneficiario. Sin un cambio en la conducta del usuario, la tecnología se vuelve una inversión de capital con retornos decrecientes, ya que el costo de mantener sistemas sofisticados frente al sabotaje constante supera el valor del agua recuperada.
La insuficiencia de la tecnología y la sanción se debe a la ausencia de una estrategia integral de Cultura Ciudadana
El segundo pilar de la estrategia convencional es el castigo. Se asume, bajo la teoría de la elección racional, que si el costo esperado del delito (multa x probabilidad de captura) es mayor que el beneficio (agua gratis), el individuo racional dejará de robar.
En Quito, se aplica un marco legal para sancionar el robo de servicios básicos:
- Código Orgánico Integral Penal (COIP): Tipifica el robo de servicios públicos y establece penas que pueden incluir privación de libertad en casos agravados, aunque esto rara vez se aplica a usuarios residenciales domésticos.
- Ordenanzas Metropolitanas: La EPMAPS aplica reglamentos que imponen multas administrativas. Estas se calculan en función del costo de la conexión de agua potable.
- A pesar de estas normas, el fraude persiste. El análisis criminológico y sociológico sugiere varias razones por las cuales el mecanismo sancionatorio falla en este contexto específico:
Estudios en criminología demuestran que la certeza del castigo es un disuasivo más fuerte que la severidad del mismo. En una ciudad extensa como Quito, con más de 700.000 conexiones y ocho mil kilómetros de redes, la capacidad de fiscalización física es limitada. Los operativos son puntuales y mediáticos (ej. inspecciones a lavadoras de autos en el sur de Quito), pero no cubren la capilaridad del fraude doméstico. El usuario percibe que la probabilidad de ser "pescado" es mínima, por lo que el riesgo vale la pena. De esta forma ,las sanciones no disuaden y se normalizan las siguientes conductas:
- Insolvencia y el Derecho Humano al Agua: Gran parte del fraude luego de imponer las multas, la familia no puede pagar. Aquí surge un conflicto jurídico y ético fundamental: la Constitución del Ecuador garantiza el derecho humano al agua. Si bien el servicio puede suspenderse por falta de pago, la jurisprudencia y la presión política dificultan dejar a una familia vulnerable sin acceso total al líquido vital permanentemente. Esto crea un círculo vicioso de impunidad: se multa, no se paga, se corta, se reconectan ilegalmente, se vuelve a multar y la deuda se vuelve incobrable.
- La Industria del Fraude y la Corrupción: Las sanciones suelen dirigirse al usuario final, pero rara vez desmantelan la red de facilitadores. Mientras este mercado de servicios ilegales opere con impunidad, la oferta de fraude seguirá disponible y accesible.
- Deslegitimación moral: La eficacia de la ley depende en gran medida de su legitimidad percibida. En contextos de baja confianza institucional, la sanción por robar agua se siente injusta y selectiva, lo que erosiona la "moral tributaria" necesaria para el cumplimiento voluntario.
Llegamos así al núcleo de la argumentación: la insuficiencia de la tecnología y la sanción se debe a la ausencia de una estrategia integral de Cultura Ciudadana.
La definición de cultura ciudadana, siguiendo a teóricos como Antanas Mockus, es el conjunto de costumbres, comportamientos y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia y llevan al respeto de lo público. En el caso del agua, una cultura ciudadana sólida implica:
- Autorregulación: El ciudadano no roba agua no porque teme a la multa, sino porque entiende que hacerlo perjudica a su comunidad y a la sostenibilidad de la ciudad.
- Corresponsabilidad: Entender que la tarifa no es un "precio" de mercado, sino una contribución al mantenimiento de un sistema común.
- Sanción social: La comunidad rechaza activamente al infractor, haciéndole sentir vergüenza por su conducta antisocial.
Quito tiene una relación histórica y geográfica íntima con el agua. Rodeada de volcanes y atravesada por quebradas, la ciudad depende de los páramos andinos. Sin embargo, la identidad moderna del quiteño respecto al agua presenta desconexiones:
- Invisibilización del proceso: Al abrir el grifo y tener agua de excelente calidad (EPMAPS tiene el Sello de Calidad INEN y 99.93% de pureza), el ciudadano pierde la noción del esfuerzo titánico que implica traer esa agua desde los páramos, Papallacta o Mica Quito Sur. Esta "magia" del servicio eficiente paradójicamente desvaloriza el producto.
- Cultura de la queja vs. cultura del cuidado: Existe una identidad reactiva. El ciudadano se moviliza y protesta cuando falta el agua, pero no asume un rol proactivo en su cuidado o pago justo. La EPMAPS es vista como un proveedor de servicios externo, no como "nuestra empresa".
- Falta de narrativa unificadora: A diferencia de otras ciudades que han construido orgullos locales alrededor de sus empresas públicas (como EPM en Medellín en su momento), en Quito la narrativa de lo público se ha deteriorado, asociándose a menudo con burocracia ineficiente, lo que debilita el vínculo afectivo necesario para la cultura tributaria y de pago.
En este punto, es imperativo analizar los casos de éxito y aprendizaje más relevantes de la región: Bogotá y Medellín. Estas ciudades enfrentaron crisis similares y apostaron por el "actor cultural"
En los años 90s, Bogotá enfrentó una crisis de abastecimiento severa por el colapso de un túnel. En lugar de solo racionar, la alcaldía lanzó una campaña masiva de Cultura Ciudadana basada en la teoría de alinear Ley, Moral y Cultura. Logró una reducción voluntaria del consumo que superó las metas técnicas, demostrando que la ciudadanía responde al desafío colectivo y a la sanción moral más que a la amenaza legal.
Medellín tenía un problema grave de conexiones fraudulentas en sus laderas, similar a los barrios altos de Quito. La respuesta de EPM no fue enviar a la policía, sino crear el programa "Unidos por el Agua". EPM entendió que la gente no robaba agua porque quería ser criminal, sino porque las barreras de entrada (costos de conexión, deudas antiguas, requisitos de propiedad de la tierra) eran insuperables. Crearon esquemas de pago prepago y redes aéreas provisionales para zonas de difícil acceso. El programa vendió la idea de que tener un medidor legal es un acto de inclusión social. "Ya no soy un invasor, soy un cliente con derechos".
Entonces, la premisa planteada al inicio de este análisis, si la IA, la tecnología de la cuarta revolución industrial y las sanciones son suficientes para combatir el fraude de agua en Quito, tiene una respuesta contundente: No, no son suficientes.
La IA y la tecnología son ciegas sin datos fiables y estériles sin capacidad de intervención social. La ley es letra muerta sin legitimidad y contraproducente cuando choca con la realidad de la pobreza estructural sin ofrecer alternativas. El análisis de la región y de casos exitosos demuestra que la variable independiente que determina el éxito de la gestión hídrica no es el número de sensores instalados ni el monto de la multa, sino la calidad de la relación entre la empresa pública y el ciudadano.
Quito necesita invocar a ese actor clave que es la Cultura Ciudadana. Necesita reconstruir la identidad del usuario, pasando de una lógica transaccional y extractiva a una lógica de corresponsabilidad y cuidado patrimonial. Solo cuando la tecnología se ponga al servicio de la transparencia y la sanción sea el último recurso después de la inclusión, la ciudad podrá cerrar las válvulas del fraude. Mientras tanto, seguiremos intentando llenar un balde agujerado, no por falta de agua, sino por falta de sociedad.
En definitiva, la cultura sobre el agua potable debe ser una Política Pública Metropolitana, no de gobierno (local/nacional)
