La Tertulia del Agua solo es una designación sencilla que hemos encontrado para referirnos a un grupo de profesionales con larga trayectoria en la administración pública del agua y en la universidad. En la actualidad somos ocho –aunque estamos abiertos a nuevas incorporaciones-, y haciendo honor a nuestro nombre, nos reunimos frecuentemente para seguir y analizar cómo evoluciona la gestión de los recursos hídricos en España.
El pasado 5 de mayo, en colaboración con distintas asociaciones del sector, la Tertulia organizó la Jornada: "Un pacto social del agua, ¿es necesario?", que se celebró en el salón de actos de Roca Madrid Gallery. La jornada estuvo constituida por dos mesas redondas en las que intervinieron diversos profesionales de los sectores relacionados con el agua y el medio ambiente. Una tercera mesa tuvo como ponentes a representantes de distintos partidos políticos. En todas ellas los asistentes tuvieron la posibilidad de participar exponiendo sus puntos de vista y formulando preguntas a los ponentes. Un resumen de las citadas mesas será objeto de sucesivos blogs. La visión del mundo del agua de la Tertulia del agua contempla de una forma amplia las diversas facetas del mismo: legislación, planificación, los diversos usos sectoriales, instituciones, patrimonio heredado, infraestructuras hidráulicas necesarias, economía, financiación, fiscalidad, administraciones públicas, cuidado ambiental, gobernanza, participación pública, mejora del conocimiento, aplicación de las directivas comunitarias, etc.; es decir la globalidad de los problemas de nuestro tiempo, teniendo en cuenta tanto el papel del agua en nuestra economía y en nuestra sociedad como los aspectos ambientales y culturales de un recurso natural como es el agua.
Existe un amplio consenso sobre la necesidad de invertir en depuración de aguas residuales en los próximos años cumpliendo las directivas comunitarias
El texto que sigue a estas líneas constituye unas "conclusiones" de la Jornada elaboradas libremente por La Tertulia del Agua.
Un pacto social del agua ¿es necesario?
- Para la preservación de nuestro patrimonio hídrico natural y sus ecosistemas dependientes, así como en cumplimiento de las directivas europeas, se detecta que uno de los principales retos que se presentan en nuestro país se puede resumir de la siguiente forma: ¿cuál es el volumen necesario para que la masa de agua correspondiente pueda seguir contando con el flujo necesario para mantener las tramas de vida asociadas al agua compatibilizándolo con los usos económicos y sociales correspondientes a ese tramo de río o acuífero?
- Para la regulación de los servicios urbanos del agua, que presenta una situación confusa desde los puntos de vista normativo, de gestión y cultural. Existen más de 2000 sistemas diferentes de tarificación. Es aconsejable unificar criterios. Son necesarias inversiones de mantenimiento, reposición y mejora de los servicios urbanos que deben repercutirse en las tarifas. Se debe tener en cuenta a los usuarios con menor capacidad de pago. Se plantea la necesidad de abrir un debate sobre la necesidad de un “Ente Regulador” de ámbito nacional para los servicios del ciclo urbano del agua.
- Existe un amplio consenso sobre la necesidad de invertir en depuración de aguas residuales en los próximos años cumpliendo las directivas comunitarias. Sobre la construcción de nuevas infraestructuras de regulación de ríos las opiniones siguen divididas, aunque se subraya el ingente patrimonio de embalses construidos anteriormente con que cuenta nuestro país que, de una manera preferente debe ser mantenido en condiciones operativas. Los grandes trasvases con destino al riego continúan presentando una doble situación regional y socio-política: apoyos entusiastas y oposición radical. Se detecta la gran diferencia existente entre el tratamiento legal de las obras públicas hidráulicas en relación con otras obras públicas como carreteras, ferrocarriles, puertos, etc.
- La legislación de aguas española, heredera de las leyes de agua del siglo XIX, se focaliza en las aguas reguladas. Por otro lado, la Directiva Marco del Agua europea del año 2000 tiene por objetivo alcanzar el buen estado de ríos, acuíferos y aguas costeras. La armonización que se ha pretendido entre los dos puntos de vista - económico y socio-ambiental – en la Ley de aguas vigente presenta notables inconsistencias. Se hace necesaria una puesta al día de nuestro ordenamiento de aguas, simplificado y clarificado.
- El acceso al uso privativo de los recursos de agua presenta para el ciudadano procedimientos engorrosos y plazos dilatados. Se hace necesaria su puesta al día que, sin perder garantías, introduzca flexibilidades, tanto para las concesiones como para el rescate. Se debe reforzar el carácter de bien público de los recursos hídricos, evitando la especulación y el mero afán de lucro asociado a los mercados del agua.
Existen más de 2000 sistemas diferentes de tarificación
- La planificación hidrológica con objetivos de desarrollo económico, tal como ha sido concebida en nuestro país y pervive en nuestro ordenamiento de aguas, carece de sentido en nuestro tiempo: máxime cuando han desaparecido las planificaciones económicas y sectoriales en nuestro país y en los países de nuestro entorno. Se hace necesario abrir un periodo de reflexión y debate, ciñéndose a las directivas comunitarias y simplificando procedimientos, objetivos y órganos de planificación.
- La recuperación íntegra de costes encuentra oposición entre los usuarios directos – sobre todo en el regadío-, que reclaman precios sociales por el uso de los recursos hídricos. Existen dificultades para su consideración como instrumento económico útil para el mantenimiento del medio acuático. Se debería seguir profundizando en estos aspectos.
- Sobre la participación pública en la planificación y gestión del agua se presentan posiciones divergentes: mientras existen opiniones acerca de que contamos con un nivel amplio y satisfactorio de participación, otras opiniones consideran que la participación de los sectores social y ambiental son meramente simbólicos. Los miembros de los órganos de gobierno, gestión y planificación pertenecen en su gran mayoría a las administraciones públicas y a los usuarios directos, con mínima representación de otros intereses, por lo que hay que modificar el desequilibrio existente a favor de los movimientos sociales.
- En la gobernanza del agua se considera clave el papel de los organismos de cuenca. Se debe reforzar su autonomía más allá de una mera descentralización, con mayor participación de las administraciones autonómicas y locales, así como de intereses sociales y ambientales junto a los usuarios directos. Se deben aumentar sus medios económicos, humanos y materiales para el desarrollo de sus cometidos que deben ser revisados. Incluso se puede plantear la conveniencia de la elección democrática de su presidente si ello ayudase a aumentar su autonomía y eficiencia.
- El objetivo original del Plan Hidrológico Nacional (PNN) y del Pacto Nacional del Agua (PNA) era la denomina “corrección del desequilibrio hídrico nacional”, base de la política hidráulica del pasado siglo. A nuestro juicio, tanto el PHN como el PNA deberían ser una plataforma para determinar la forma deseable de utilización de los recursos de agua compatible con la recuperación del medio hídrico asociado, con principios que orienten de forma estable y a largo plazo la política del agua en España, manteniendo, en cualquier caso, el carácter público de los recursos.
Para la formulación de dichos principios se deberá tomar conciencia de los nuevos marcos de referencia, no solo territoriales sino económicos y sociales, las tecnologías disponibles y los efectos del cambio global.
