El agua es un bien escaso. Estamos hartos de escuchar esta manida expresión. Sin embargo, con el agua, nos hemos empeñado en contrarrestar la ley de la oferta y la demanda. Pero el agua no es solamente un bien y así lo declara la Directiva Marco del Agua: “el agua es un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.
Inevitablemente, nos preguntamos ¿cómo protegemos y defendemos el agua? ¿De quién? Nuestro uso provoca que el agua disminuya y se transforme. La adaptamos para beberla, pero también la usamos para transportar nuestros residuos lejos de los núcleos de población. Habitualmente la captamos en un punto lejano y, tras consumirla, devolvemos una parte al medio en otro sitio diferente, con otras características, inmersos en el ciclo social del agua. Las actividades en las que empleamos el agua son tan diversas que sería complicado enumerarlas: agricultura, industria alimentaria, producción de energía eléctrica, ocio, patrimonio, salubridad e higiene, equilibrio de los ecosistemas o la mera contemplación del paisaje son algunas de esas actividades. El agua ha sido fuente de inspiración en el arte y su disputa ha forjado sociedades enteras. El delicado equilibrio de este bien escaso es una decisión política por encima de todo.
En la gestión del agua se han cometido muchos errores, pero hay un acierto incuestionable y posiblemente involuntario: beber agua del grifo es muy barato en cualquier circunstancia. Mucho más de lo que cuesta producirla. ¿Se imaginan la crisis en la que estaría sumida una ciudad si el precio del agua se adaptara a la oferta y la demanda en periodos de sequía? ¿Se imaginan el caos o la inseguridad ciudadana si hubiera ocurrido lo mismo que sucedió con el precio de la energía? ¿Se imaginan que hubiera muerto alguien por no tener acceso al agua o por beber agua contaminada de su ciudad? Me niego a que el agua pueda beberla solamente quien pueda pagarla. La producción de agua potable y el tratamiento del agua residual está muy asociado al precio de la energía y, pese a eso, el modelo de gestión actual ha permitido mantener estables los precios. Pero no seamos ingenuos, defender el uso democrático del agua tiene un coste y el error es que ese coste se ha trasladado a la adecuada gestión de los servicios y al mantenimiento de las infraestructuras. El servicio de suministro de agua potable, así como unas infraestructuras garantistas frente a posibles adversidades, son las principales herramientas que protegen y defienden el agua de nosotros mismos y para nuestro uso.
En estos periodos de sequía, cada vez más frecuentes, se construyen nuevas infraestructuras, muy costosas, para garantizar la demanda de agua a la población. Entre todos financiamos la resiliencia frente a los periodos de sequía de los diferentes puntos del país. Sin embargo, en este sector a menudo comparamos el precio del agua con el precio de la energía. Nos fustigamos porque la ciudadanía está dispuesta a abonar mensualmente las subidas en la tarifa de la energía eléctrica, internet o la televisión, mientras que la tarifa del agua se estanca en los plenos de los ayuntamientos. Argumentamos, con razón, que los ingresos no permiten cubrir costes, pero olvidamos que el agua es nuestro patrimonio. La solución más sencilla sería imitar la evolución del mercado eléctrico: privatizar las infraestructuras públicas y ver en las noticias que los beneficios del sector del agua se triplican respecto al año anterior, mientras asumimos estoicamente que una vez más nos ha subido la tarifa. Podrá ser la solución más sencilla, pero no es la mejor. El modelo energético, privatizado en todos sus ámbitos, no nos hubiera permitido sobrevivir. Seamos más originales esta vez.
El error no es que el precio del agua en las ciudades sea barato, el error es que se ha homogeneizado el precio del agua para cualquier uso. Se ha vuelto un precio populista en el peor sentido del término. El primer metro cúbico para llenar una piscina cuesta lo mismo que el que usamos para beber o limpiar. El metro cúbico de beneficio industrial cuesta lo mismo que el de transportar los residuos urbanos que higieniza las ciudades. Tratar las aguas residuales se grava igual que el agua que se emplea para producir bienes que después se comercializan.
Hasta ahora, la diferenciación por usos podría ser una utopía. La tecnología nos ha abierto una ventana que podría definir una estrategia diferente. Será necesario corregir errores del pasado, pero con audacia y valentía es posible implementar un modelo de gestión centrado en el uso ecosocial del agua, centrado, en definitiva, en la protección y defensa del agua.
