Luis Babiano: «El agua debe ser una casa común y valorarla como tal»
Luis Babiano dirige desde hace más de quince años la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Su trayectoria combina experiencia institucional —como asesor en la Dirección General del Agua del entonces Ministerio de Medio Ambiente y como jefe del área de Sociedad y Agua en el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua de la Junta de Andalucía— con una dimensión académica y técnica que incluye docencia en la Universidad de Sevilla, una estancia como profesor visitante en la Universidad de Oxford, y reconocimientos por su labor en digitalización, cooperación y defensa del derecho humano al agua.
En esta conversación con iAgua Magazine, aborda los grandes retos del agua urbana en España: desde el cambio climático hasta la justicia territorial, pasando por la digitalización, la financiación, el saneamiento, la legislación pendiente y la participación ciudadana. Con un discurso directo, crítico y propositivo, defiende la necesidad de articular una «casa común del agua» con ambición, cooperación institucional y un modelo de gobernanza transparente y plural.
Pregunta: AEOPAS agrupa a operadores públicos de agua de muy distinto perfil y tamaño. ¿Cómo surgió la asociación y qué papel juega hoy en el fortalecimiento del modelo público, la innovación técnica y el acompañamiento a los municipios?
Respuesta: AEOPAS surgió hace más de quince años con una vocación clara: ofrecer un espacio de cooperación técnica, política y social para todos los operadores públicos de abastecimiento y saneamiento del país. En un momento donde el modelo público necesitaba reforzar su visibilidad, su eficiencia y su autonomía estratégica, construimos una casa común para dotar de herramientas a quienes defienden que el agua debe gestionarse como un bien público, con criterios de sostenibilidad y equidad.
Ofrecemos formación, soporte técnico, espacio de diálogo con las administraciones y una red de colaboración entre operadores. Pero también impulsamos políticas públicas. Hemos trabajado, por ejemplo, para que los fondos europeos Next Generation incluyeran la digitalización de los sistemas de agua urbana, y hemos contribuido a que se reconozca la realidad de los pequeños municipios, que tradicionalmente han estado fuera del foco. Además, desde AEOPAS generamos herramientas útiles: guías prácticas como la de adaptación de los sistemas urbanos al cambio climático o la de telelectura de contadores inteligentes y que ayudan a aterrizar los discursos en soluciones concretas.
«AEOPAS ofrece un espacio de cooperación técnica, política y social para todos los operadores públicos de abastecimiento y saneamiento del país»
P.- En un país donde conviven modelos públicos y privados, ¿cuáles son los argumentos principales que sustentan su defensa de una gestión íntegramente pública de los sistemas de agua urbana? ¿Qué beneficios aporta desde el punto de vista del interés general?
R.- La gestión pública del agua no se plantea como un debate de confrontación, sino como una forma de garantizar que un servicio esencial se orienta al interés general. El agua urbana es un monopolio natural, sin competencia real, y por ello las decisiones sobre tarifas, inversiones o preparación ante sequías deben tomarse con transparencia y criterios técnicos rigurosos.
"La gestión pública del agua no se plantea como un debate de confrontación, sino como una forma de garantizar que se oriente al interés general"
Un sistema público debe ser profesionalizado y apoyarse en una planificación compartida con los sectores económicos, sociales y del conocimiento presentes en cada municipio. Esa colaboración favorece la innovación y ayuda a situar a las personas en el centro del servicio.
La gestión pública, además, asegura que todos los recursos se reinviertan en mejorar redes, mantenimiento, eficiencia y calidad del agua, ofreciendo una visión integral que abarca abastecimiento, saneamiento y depuración. Esto refuerza la resiliencia frente al cambio climático y la protección de los ecosistemas.
En definitiva, apostar por la gestión pública es optar por un modelo abierto y dialogante, capaz de innovar, reforzar la confianza social y ofrecer un servicio de agua urbana seguro, sostenible y ajustado a las necesidades reales del territorio.
P.- Sequías, inundaciones, incendios... El cambio climático impacta directamente sobre la disponibilidad y gestión del agua. ¿Cree que las políticas climáticas en España están incorporando adecuadamente la dimensión hídrica? ¿Qué cambios de enfoque considera urgentes?
R.- No, y es un fallo estratégico. El agua es la reina del tablero: si se cae, todo colapsa. Pero llevamos años moviendo otras piezas —energía, transporte, emisiones— y dejando el agua fuera del juego. Y eso es jugar a las damas, mientras el clima nos obliga a jugar al ajedrez.
Se ha priorizado la mitigación del CO₂, que es prioritaria, pero se ha olvidado la adaptación. Y en España, la adaptación es sinónimo de agua. Los impactos más duros del cambio climático son hídricos. Por eso necesitamos que el agua esté en el centro: con planificación, inversión, datos y participación. Y no como una coletilla, sino como una prioridad política.
P.- Frente a la tendencia a responder con medidas reactivas, usted defiende una planificación estructural basada en la anticipación. ¿Qué transformaciones se requieren para que los operadores estén preparados ante escenarios climáticos más extremos?
R.- Nuestros sistemas han sido eficaces, pero no lo suficientemente eficientes para responder a lo que viene. Llevamos demasiado tiempo actuando desde la urgencia: obras rápidas, decretos de emergencia, soluciones visibles pero frágiles. Eso ya no vale.
Para responder a los nuevos desafíos climáticos y económicos necesitamos una hoja de ruta clara y exigible. Eso implica planificar la demanda, proteger captaciones, reducir fugas, diversificar fuentes, aplicar tarifas sostenibles y gobernar con datos. Pero estas medidas solo funcionarán si forman parte de un marco legal obligatorio.
Y ese marco debe construirse desde acuerdos amplios y espacios de cocreación, incorporando a actores sociales, económicos, empresariales, administraciones y expertos. Solo así lograremos estrategias compartidas, viables y capaces de transformar de verdad nuestros sistemas de agua urbana.
P.- El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua marca un antes y un después en la gestión hídrica. ¿Qué impacto cree que tendrá en los operadores públicos, especialmente en los más pequeños? ¿Cómo puede garantizarse que la digitalización refuerce el derecho al agua y no amplíe desigualdades?
R.- Porque la digitalización abre diagonales que antes eran invisibles. Herramientas como la telelectura, los sensores, los gemelos digitales o la inteligencia artificial permiten anticiparse al colapso, detectar fugas y planificar la demanda con rigor técnico. En muchas ciudades, los operadores públicos más profesionalizados ya están incorporando la digitalización para construir un modelo de gestión donde la eficiencia, la transparencia y la centralidad del ciudadano avanzan de forma integrada.
"Se ha priorizado la mitigación del CO₂, que es prioritaria, pero se ha olvidado la adaptación. Y en España, la adaptación es sinónimo de agua"
Pero la digitalización también debe ser una herramienta de adaptación, eficiencia y justicia hídrica. Y las políticas de construcción de proyecto de país deben de llegar a todos los territorios. Más del 80% de los municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes, y muchos de ellos gestionan redes envejecidas con pérdidas estructurales de más del 30%. Si no se actúa, acabaremos consolidando un sistema a dos velocidades.
El PERTE ha sido un paso importante, pero ahora necesitamos fondos permanentes, estructuras supramunicipales con profesionales formados, y una implicación clara de comunidades autónomas y diputaciones. No se trata solo de instalar sensores: hay que transformar los datos en decisiones, y eso requiere talento, organización y visión. Y también inversión física. La digitalización no salvará al mundo rural por sí sola: necesita redes renovadas, profesionales capacitados, herramientas de gestión colaborativa y una financiación que no dependa exclusivamente de la tarifa.
Y algo que no debemos olvidar: la transparencia es un valor esencial, pero la burocracia de las ayudas no puede frenar la transformación. Necesitamos reglas claras, pero también agilidad y enfoque en resultados.
«Necesitamos que el agua esté en el centro: con planificación, inversión, datos y participación. No como una coletilla, sino como una prioridad política»
P.- La nueva directiva sobre aguas residuales urbanas plantea exigencias muy superiores al marco anterior. ¿Está preparado el sector para cumplirlas? ¿Qué riesgos ve en su aplicación?
R.- El sector parte con deberes pendientes. España sigue incumpliendo la directiva del 91/271, lo que nos cuesta millones en sanciones. De hecho, es el mayor expediente medioambiental abierto contra nuestro país. Y ese incumplimiento no fue solo por falta de dinero (contábamos en ese periodo con fondos europeos para su implementación), sino por falta de planificación y coordinación administrativa. Hoy, aunque existen ejemplos de planificación autonómica en la materia, la mayoría aún no han puesto este reto entre sus prioridades.
"La transparencia es un valor esencial, pero la burocracia de las ayudas no puede frenar la transformación. Necesitamos reglas claras"
La nueva directiva nos exige mucho más: cubrir más poblaciones, controlar contaminantes emergentes, reducir emisiones en infraestructuras muy intensivas energéticamente como las EDAR, aplicar responsabilidad ampliada del productor... Si no actuamos con visión y recursos, la brecha territorial se agravará.
Pero también es una oportunidad. Podemos reinventar las infraestructuras de saneamiento como motores de economía circular aplicada al saneamiento y la depuración. Podemos dejar atrás el modelo lineal y pensar en sistemas que protejan, integren, recirculen. Pero eso solo será posible si dejamos de jugar con improvisación y empezamos a pensar estratégicamente. Debe ser una «oportunidad histórica» pero su éxito depende de una apuesta conjunta: financiación adecuada, gobernanza clara, planificación rigurosa, coordinación administrativa y participación de todos los actores implicados.
P.- ¿Cómo afrontamos el reto financiero que todo esto implica? ¿Qué modelo propone AEOPAS para garantizar que cada euro que pagan los ciudadanos se reinvierta efectivamente en el ciclo urbano del agua?
R.- La financiación debe ser coherente con el discurso. No se puede decir que el agua es prioritaria y a la vez vaciar el sistema de inversión con cánones o externalizaciones sin retorno. Hay que legislar para que el dinero del agua se quede en el agua. Y eso implica suprimir figuras como el canon concesional, establecer tarifas sostenibles, y aprobar una ley estatal del ciclo urbano del agua que fije reglas, obligaciones y derechos.
Además, necesitamos un regulador independiente que permita evaluar, comparar y exigir. Portugal ya lo tiene. Nosotros no. Avanzar en la regulación ayudaría a construir confianza, visibilidad y responsabilidad. Además, contribuiría a evaluar los costes, impulsar las inversiones y crear un marco tarifario.
Y por último, debemos ser sensibles con las realidades territoriales y establecer un principio de convergencia: el mundo rural no puede financiarse solo con tarifa. Necesita inversiones públicas estructurales, con apoyo de las administraciones que conviven dentro de nuestro Estado y de la UE. Las ciudades, por su parte, pueden y deben asumir más mediante tarifa, pero con incentivos fiscales que refuercen comportamientos responsables. La transición hídrica precisa de incentivos económicos y fiscales similares a los que se han establecido para la transición energética.
P.- El Gobierno impulsa un gran acuerdo nacional ante la crisis climática, basado en ciencia, justicia social y cooperación. ¿Qué papel debe ocupar la gestión del agua en ese pacto? ¿Cómo pueden los operadores públicos contribuir a que ese compromiso sea duradero y territorialmente equilibrado?
R.- El agua no puede ser un capítulo más. Debe estar en el corazón del pacto. Porque sin agua, ninguna estrategia de adaptación climática será real. Y para lograrlo, el pacto debe construirse desde la cocreación: con expertos, operadores públicos, ciudadanía, universidades, empresas del sector y actores locales.
AEOPAS ya ha aportado herramientas como nuestra Guía de Adaptación. La consideramos nuestro libro de apertura, como en ajedrez: una compilación de primeras jugadas que pueden orientar muchas estrategias locales. Pero necesitamos que esas experiencias estén protegidas, reconocidas e impulsadas por las administraciones.
Y algo clave: el pacto debe alejarse de las políticas partidistas. No puede estar condicionado por los ciclos electorales. Tiene que ser una estrategia compartida, validada por el conocimiento y el consenso social. Ya estamos sufriendo los impactos de la emergencia climática. Por eso este pacto debe nacer con visión de país, no desde la urgencia política.
P.- Garantizar el derecho humano al agua exige atender a los más vulnerables y reforzar los mecanismos democráticos. ¿Qué significa para usted justicia hídrica hoy en España? ¿Y cómo puede fomentarse una ciudadanía más activa en las decisiones que afectan al ciclo del agua?
R.- El derecho humano al agua, aplicado a una ciudad europea, exige garantizar un suministro seguro, accesible y asequible para cualquier persona, con independencia de su situación social o territorial. Implica continuidad del servicio, calidad sanitaria y protección frente a cortes por vulnerabilidad, además de una gestión pública transparente orientada al interés general.
"No se puede decir que el agua es prioritaria y a la vez vaciar el sistema de inversión con cánones o externalizaciones sin retorno"
Gestionar el agua urbana en criterios de derecho humano implica trabajar, al menos en tres direcciones: acceso efectivo, transparencia y sostenibilidad a largo plazo. No puede haber cortes a quienes no pueden pagar, pero tampoco puede sostenerse un sistema que renuncie a invertir o planificar. El derecho humano también supone asegurar que las generaciones futuras cuenten con infraestructuras capaces de responder a los desafíos climáticos y sociales.
Hoy disponemos de herramientas útiles. Los operadores públicos hemos puesto en marcha instrumentos que mejoran la atención a la vulnerabilidad y la gestión social del servicio, pero el derecho humano al agua debe incorporarse a una ley estatal que garantice su cumplimiento con independencia del modelo de gestión o del territorio en el que se viva. Además, debe asentarse sobre un principio esencial: el agua ha de ser de titularidad pública. El derecho humano al agua y al saneamiento tiene que convertirse en uno de los principios rectores que orienten cualquier decisión sobre los sistemas de agua urbana.
La participación ciudadana también es clave. El agua no puede ser un ámbito reservado únicamente a los técnicos. Necesitamos espacios estables donde la ciudadanía pueda conocer mejor cómo funcionan los sistemas de agua urbana, plantear propuestas y compartir conocimientos. En esta línea, desde AEOPAS hemos elaborado una guía específica que ofrece metodologías y herramientas para fortalecer estos procesos de implicación y aprendizaje compartido.
P.- AEOPAS participa en redes europeas e internacionales. ¿Qué modelos internacionales destacaría como referencia? ¿Y qué puede aportar España —con su diversidad climática y de operadores— al debate global sobre agua, sostenibilidad y adaptación?
R.- Aqua Publica Europea es una pieza clave para nosotros. Agrupa a los operadores públicos de agua de la Unión Europea y actúa como un espacio único donde se comparten experiencias, se anticipan debates regulatorios y se coordinan posiciones comunes ante Bruselas. Somos plenamente conscientes de su importancia: gran parte de las decisiones que condicionan el futuro de los sistemas de agua urbana se definen en el ámbito europeo, y APE nos permite estar dentro de ese proceso, no al margen.
"La transición hídrica precisa de incentivos económicos y fiscales similares a los que se han establecido para la transición energética"
De París hemos aprendido una cultura de gestión pública basada en la transparencia y el acceso universal. Varsovia nos recuerda que el agua es también seguridad estratégica.
También hemos contribuido con claridad al marco europeo: trabajamos por el reconocimiento del derecho humano al agua y defendimos que las Directivas (UE) 2020/2184 y 2024/3019 incorporasen una orientación social y sanitaria más sólida.
En mi reciente intervención en el Parlamento Europeo, dentro de la estrategia de resiliencia hídrica, insistí en una idea central: necesitamos instrumentos para anticipar y mitigar los impactos de eventos extremos. Con sequías cada vez más recurrentes, cualquier sistema de agua urbana requiere mecanismos de prevención y respuesta que garanticen la continuidad del servicio público.
La cooperación internacional tampoco puede ser una opción. Forma parte del mandato del derecho humano al agua. Transferir conocimiento y tecnología es una responsabilidad ética y política. Dentro del propio país encontramos operadores comprometidos con este principio; un ejemplo es AMVISA, que en 2024 destinó el 1% de su presupuesto anual a programas de cooperación.
P.- Para cerrar: si tuviera que señalar una acción o compromiso prioritario que el sector del agua no puede aplazar, ¿cuál sería? ¿Qué debemos hacer ya para garantizar agua segura, equitativa y sostenible en este nuevo contexto climático?
R.- Tenemos que construir una casa común del agua. Y valorarla como tal. Eso implica cooperar, romper la fragmentación, salir del cortoplacismo y construir planificación estratégica con criterios de profesionalidad, innovación, justicia, transparencia y corresponsabilidad.
La pieza clave ya está sobre el tablero. Lo que toca ahora es moverla bien. Estamos a tiempo, pero no lo estaremos por mucho más. Y como sector, tenemos la capacidad y el conocimiento para liderar esa transformación. Solo falta que consigamos que sea una prioridad política y social. Si conseguimos situarla en el centro de las decisiones colectivas, aún podremos orientar la partida hacia un horizonte donde el agua sea sinónimo de garantías y buen gobierno; pero esa oportunidad exige decisión y constancia, porque cada movimiento cuenta en la construcción de un futuro hídrico sostenible.