Bolivia es uno de los 20 países del mundo con mayor disponibilidad de recursos hídricos dulces, pero es, junto a Haití, el que mayores problemas de agua tiene en toda la región de América Latina y Caribe. La cobertura de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico no alcanza a la totalidad de la población: el 13 % de los habitantes no tiene cobertura de agua potable y el 37 % carece de acceso a redes de saneamiento.
La Nueva Constitución de 2009 fijó el agua como un derecho universal al que debía tener acceso el 100% de la población y desde entonces, la inversión pública en este sector ha aumentado. Entre 2006 y 2016 se invirtieron 10.338 millones de bolivianos (1.485 millones de dólares), 241 % más de lo gastado en la década previa. Sin embargo, debido a la ralentización de la economía boliviana, la inversión se ha reducido en los últimos tres años, llegando en 2021 a 1.077 millones de bolivianos.
En Bolivia el sector del agua abarca un territorio relativamente grande (1.098.581 km²) para un índice de población pequeño (11 millones de habitantes). Además, su gran diversidad de climas y ecosistemas hace que los requerimientos del servicio sean muy dispares entre las distintas regiones.
Los servicios de suministro y saneamiento de agua están controlados por el Gobierno. El sector privado está conformado por firmas especializadas en consultoría, planificación, diseño, ejecución y supervisión de obras, que concursan para ser adjudicatarias de proyectos públicos.
La mayoría de los proyectos son adjudicados a empresas locales, puesto que cuentan con una ventaja del 5 % a la hora de ser calificadas en las licitaciones públicas, y la implantación en el país es totalmente necesaria para ejecutar las obras. A pesar de ello, hay presencia de firmas extranjeras (alemanas, españolas, chinas y latinoamericanas) en el mercado.
España goza de muy buena imagen, en especial, gracias a sus fondos de cooperación, gestionados mediante dos instrumentos: el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y los Programas de Conversión de Deuda (PCD). Cabe destacar que a los proyectos enmarcados en el PCD sólo podrán presentarse firmas españolas y locales.
La empresa española interesada en introducirse el mercado boliviano deberá considerar un aumento de los costes por diversos motivos: necesidad de implantación en Bolivia; importación de equipos, por ausencia de industria en el país; aumento de costes logísticos por falta de salida al mar; aranceles de hasta el 15 %; aumento de los márgenes por la inseguridad jurídica, técnica y social que presenta el país.
El Gobierno ha puesto en marcha diversos planes para mejorar la situación de este sector. Entre ellos, destaca el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, en el marco del cual se pretenden invertir 33.197 millones de dólares, de los cuales un 11% se destinaría al Sector Social (donde se incluye el agua), para conseguir los siguientes resultados:
- Servicios de agua segura para el 95,5 % de la población urbana.
- Servicios de agua segura1 para el 76,7 % de la población rural.
- Acceso a saneamiento mejorado para el 89,4 % de la población urbana.
- Acceso a saneamiento mejorado para el 52,2 % de la población rural.
Bolivia tiene mucho camino por recorrer tanto en el desarrollo de sus infraestructuras como en capacitación y mantenimiento.
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