Pocas cuencas españolas concentran tantas tensiones a la vez como el Guadiana. En apenas unos meses ha pasado de la sequía severa a una bonanza superficial inesperada: los embalses se han llenado, las Tablas de Daimiel vuelven a inundarse y la planificación, durante años atrapada en la gestión de la emergencia, recupera por fin horizonte. Y, sin embargo, bajo esa superficie el relato es muy distinto. Las grandes masas de agua subterránea del Alto Guadiana, declaradas en riesgo desde hace décadas, siguen acumulando déficit año tras año. Es una cuenca de dos velocidades, intercomunitaria y compleja, que lleva mucho tiempo funcionando como un laboratorio de la gestión del agua en España.
El undécimo episodio de Conexión Agua, el videopodcast impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para difundir las actuaciones del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua —el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica dedicado al agua—, recorre cómo esa transformación digital está llegando al mundo rural: a una demarcación que vigila acuíferos y humedales, a los consorcios que dan servicio a pueblos pequeños y dispersos, a las comunidades de regantes que sostienen la agricultura sobre recursos limitados y a la agencia que conecta lo que ocurre en el cielo con lo que ocurre en los embalses.
El episodio reúne a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, al consorcio público Promedio de la Diputación de Badajoz, a la Comunidad General de Usuarios del Canal del Lobón, a la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Lillo-Quintanar y a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Cinco perspectivas que, desde escalas muy distintas, comparten una misma certeza: cuando el recurso es limitado y cada decisión tiene consecuencias sobre el territorio, lo que no se mide no se puede gestionar.
Guadiana: una cuenca de dos velocidades, entre la bonanza superficial y el subsuelo que no se recupera
La conversación arranca con Ángel Nieva, consejero técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, biólogo con una larga trayectoria en la calidad del agua y la protección de las zonas húmedas. Nieva describe lo que significa salir de un túnel de restricciones que no acababa: el ciclo húmedo iniciado en 2024 ha llevado los embalses a niveles muy altos y permite planificar de forma plurianual el regadío y garantizar varios años el abastecimiento. La zona occidental, en Extremadura, se apoya en embalses de gran capacidad —entre ellos el mayor de España, La Serena, y otros de gran volumen como el Cíjara—, que dan a esa región una regulación holgada.
Esa bonanza llega después de años duros. Desde el ciclo húmedo de 2010-2014, salvo respiros puntuales en 2018 y 2021, se encadenaron temporadas secas que obligaron a recurrir a las excepcionalidades del Plan Especial de Sequías, a habilitar pozos de emergencia en el Campo de Calatrava (Ciudad Real) y en zonas de Extremadura como Tentudía, y a acelerar inversiones largamente esperadas, como la puesta a punto de la estación de tratamiento de agua potable que abastece a la Llanura Manchega y la propia tubería manchega. En el Campo de Calatrava, donde algún embalse llegó a quedar al 0 %, se ha puesto en marcha además una nueva conducción para reforzar el abastecimiento de la zona.
«Medir mejor, aplicar lo justo, no aplicar más de lo que se necesita en el tiempo y en el espacio»
El contraste con el subsuelo es el hilo conductor del episodio. Las masas de agua subterránea de la cuenca alta —Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos, las que formaban el antiguo Acuífero 23— arrastran un déficit acumulado que no se corrige con un año húmedo, sino que exige un ciclo plurianual de recarga. Están declaradas en riesgo y sometidas cada año a regímenes de extracciones que reducen las dotaciones, porque sale más agua de la que entra. Las Tablas de Daimiel ilustran bien esa disociación: tras superar las 1.100 hectáreas inundadas en 2025, el humedal ha alcanzado en 2026 prácticamente toda su extensión —del orden de 1.500 hectáreas—, pero esa recuperación es superficial. El indicador real, recuerda Nieva, sería que los ojos del Guadiana volvieran a manar, señal de que las masas subterráneas se han recuperado; un objetivo medioambiental de la Directiva Marco del Agua que aún no se ha cumplido.
Frente a ese reto, la digitalización entra como herramienta central. La telemedida y, cada vez más, la inteligencia artificial, permiten ajustar al detalle el uso de un recurso que es menor que la demanda.
Nieva apunta también una asimetría que conviene corregir: a diferencia de las aguas superficiales, sujetas a canon y tarifa por estar asociadas a infraestructuras del Estado, las subterráneas no pagan por el agua —solo por la energía de extracción—, de modo que les ha faltado el estímulo económico que empuja a la eficiencia. La Confederación actúa además como coordinadora y, en ocasiones, ejecutora directa: en Extremadura construye, como obras de interés general, una decena de depuradoras que después explotan empresas vinculadas a la Diputación de Badajoz mantiene una relación estrecha con las comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana y se coordina con otros beneficiarios del PERTE, como la Diputación de Ciudad Real. Su columna vertebral interna es el SIRA, el Sistema Integrado de Redes Automáticas, que agrupa el seguimiento hidrológico, la piezometría y el control de calidad, y que ha demostrado su valor en la prevención de inundaciones durante las borrascas recientes. Para Nieva, en un territorio de núcleos pequeños y atomizados, la digitalización solo es viable si se canaliza a través de estructuras supramunicipales: comunidades de usuarios, mancomunidades o diputaciones.
Badajoz: el agua rural se gestiona desde la solidaridad entre municipios
La escala local llega con Pedro Tomás Martín de la Vega Manzano, responsable del Laboratorio de I+D+i de Promedio, el consorcio público de la Diputación de Badajoz que presta servicios de agua y residuos en más de cincuenta municipios. En la provincia más extensa de España, con una densidad de población baja y muchos núcleos de pocos centenares de habitantes, el modelo supramunicipal nace de una idea sencilla: que todos los habitantes paguen lo mismo y reciban el mismo servicio, vivan donde vivan, porque el acceso al agua y al saneamiento es un objetivo de desarrollo sostenible. Lo pequeño se compensa con lo grande, mediante economías de escala y solidaridad municipal. El consorcio funciona como un cerebro técnico —con laboratorio acreditado y asistencia a los ayuntamientos— que ofrece el mismo nivel de servicio al pueblo de veinte vecinos y a la población de cincuenta mil.
En ese contexto aterriza el proyecto Digi2Rural, uno de los treinta seleccionados entre las 159 propuestas de la primera convocatoria del PERTE, con un presupuesto de 7,46 millones de euros, de los que 6,47 corresponden a la ayuda europea. El consorcio lo concibió como un ciclo: primero, conocer de primera mano cuánto caudal se mueve por cada municipio, cuánto se capta y cuánto se devuelve al medio. La sensorización de captaciones, vertidos y saneamientos ya está cerrada; también la sectorización de once municipios, elegidos como semilla para extender después el modelo al resto. La pieza que falta es la telelectura, donde Promedio ha sido ambicioso al fijarse el cien por cien de los contadores: la abundancia de segundas viviendas y de población no permanente está ralentizando ese objetivo. El software de ayuda a la decisión está muy avanzado, a falta de integrar la telelectura para cerrar un balance hídrico completo del ciclo urbano.
Martín de la Vega insiste en que la digitalización no sustituye al modelo tradicional, sino que convive con él. En el entorno rural, la cercanía sigue siendo imprescindible: el operario de una planta conoce cada casa y sabe dónde está el problema antes de que lo señale un sensor.
«La digitalización es una herramienta, pero la cercanía es primordial»
El verdadero reto, reconoce, es doble. Por un lado, atraer y formar talento técnico en municipios pequeños —de ahí los convenios con la universidad para que ese conocimiento se quede en la provincia— y hacer pedagogía con operarios y vecinos. Por otro, sostener lo construido cuando terminen los fondos: el consorcio, todavía joven con sus veinte años de vida, es pequeño y está muy diseminado, y la inversión es su mayor desafío. La normativa del proyecto obliga a mantener la información durante cinco años, pero Promedio trabaja ya en planes de amortización y en una planificación estratégica de la digitalización con un horizonte mínimo de diez a quince años, sabiendo que tendrá que integrar ese coste en sus tarifas y seguir buscando financiación de Europa y del Ministerio.
Vegas Bajas: modernizar un canal de hace seis décadas sin perder al regante
El regadío superficial entra de la mano de Pedro Andrés Rodríguez-Arias Julián, técnico-jefe de explotación de la Comunidad General de Usuarios del Canal del Lobón. La comunidad general agrupa a las cuatro comunidades de regantes abastecidas por el canal —Mérida, una de las más modernizadas; Lobón, más pequeña y aguas abajo; Talavera, la de mayor superficie; y Badajoz, en la cola del sistema— y riega en conjunto unas 17.000 hectáreas en las Vegas Bajas del Guadiana, por el margen izquierdo del río. Es una infraestructura levantada hace más de seis décadas con el Plan Badajoz, con obras singulares —acueductos, sifones y galerías— que hoy siguen siendo la columna vertebral de la agricultura de regadío de la provincia. Su función, resume Rodríguez-Arias, es poner el agua en valor y dar servicio a los regantes para que transformen ese recurso en alimentos.
La modernización avanza por dos vías. Por un lado, la mejora de la red primitiva, sufragada con el esfuerzo de los propios regantes para reducir pérdidas y optimizar el recurso. Por otro, la digitalización financiada por la segunda convocatoria del PERTE: control volumétrico, captadores de posición angular de las compuertas y sustitución de autómatas. Hoy toda la red se gobierna por telemando desde la oficina central de Talavera la Real, con comunicación por fibra óptica que permite mover las compuertas a distancia y operar con los menores consumos posibles.
«Sin agua no pueden tener producción, sin producción no dan trabajo a las zonas rurales».
Rodríguez-Arias sitúa esa modernización en un territorio donde el agua ha sido históricamente abundante, pero donde el cambio climático introduce ya una variabilidad nueva, con inviernos más secos, primaveras adelantadas y veranos más exigentes. Los regantes, subraya, han hecho los deberes: modernizaron sus parcelas y optimizaron sus concesiones, lo que les permitió sacar adelante campañas difíciles como las de 2022 y 2023. El desafío que viene es sostener el esfuerzo, porque el canal primitivo, de mediados del siglo pasado, necesita inversión y mantenimiento, y la digitalización exige formación continua para que los datos sigan teniendo valor campaña tras campaña. No es un reto aislado: a través de Regantex, la asociación de comunidades de regantes de Extremadura, unas 200.000 hectáreas de las cuencas del Tajo y el Guadiana, en Cáceres y Badajoz, recorren el mismo camino de modernización.
Alto Guadiana: medir cada gota sobre un acuífero que se mide en décadas
El reverso subterráneo de esa misma cuenca lo aporta David Manzanares Fernández, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Lillo-Quintanar. La comunidad nació en 2015 —cumple ahora diez años— a raíz de la declaración formal de sus masas y de otras del Alto Guadiana como masas en riesgo, lo que antes se llamaba sobreexplotación, tanto en cantidad como en calidad. Con sede en Corral de Almaguer, entre las provincias de Toledo y Cuenca, agrupa a unos 3.000 usuarios; en torno al 90 % son regantes, sobre todo de cultivos leñosos, pero también hay usos industriales, ganaderos, de abastecimiento, domésticos y recreativos. Su gran transformación ha sido pasar de una gestión individual, en la que cada usuario controlaba su propia captación, a una gestión colectiva que sirve de puente entre el regante de base y la Confederación.
Sobre un acuífero en riesgo, medir deja de ser opcional. La comunidad gestiona unos 17 hectómetros cúbicos al año y necesita conocer con precisión sus entradas —por infiltración y lluvia, o por transferencias desde otras masas— y sus salidas —por regadío, consumo directo o transferencias subterráneas—. Un trabajo que antes era manual y laborioso y que la digitalización ha transformado: regadío 4.0, Internet de las cosas, integración de grandes volúmenes de datos. Para Manzanares, el PERTE ha sido la conexión con el futuro.
Pero su mensaje más nítido tiene que ver con los tiempos del subsuelo, que no se rigen por los del cielo. La recuperación visible de las Tablas y de otros humedales manchegos es superficial; las aguas subterráneas responden mucho más despacio.
«En las subterráneas, más que hablar de años húmedos, deberíamos hablar de décadas húmedas»
La comunidad observa ya una estabilización de los niveles piezométricos —que reconoce el próximo plan hidrológico—, fruto de años de concienciación y de cultura del regadío más que de un único ciclo lluvioso. El proyecto PERTE de Lillo-Quintanar, dotado con 2,5 millones de euros y que Manzanares describe como uno de los mejor valorados del país, se centra en los caudalímetros y en la adaptación de los contadores a la nueva normativa de 2024, así como en sondas de humedad que indican el momento óptimo de riego. Todo ello con un objetivo de fondo: conjugar la actividad económica, la fijación de población en zonas despobladas y la recuperación ambiental del acuífero. Manzanares lo resume con una palabra, ilusión, y con una petición: que llegue una tercera convocatoria del PERTE, porque queda mucho por hacer.
Del cielo a los embalses: la meteorología como aliada de la gestión del agua
El episodio incorpora una capa transversal con Rubén del Campo Hernández, coordinador de comunicación y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con más de mil profesionales. Más allá de las predicciones que todo el mundo conoce, AEMET presta servicio a la seguridad aérea en todos los aeropuertos civiles y militares, a la flota pesquera con la predicción marítima y a la Defensa en sus misiones en el exterior. Y desarrolla una intensa labor climatológica: elabora balances hídricos semanales con las lluvias caídas, monitoriza las sequías meteorológicas, emite predicciones estacionales a tres meses y avisos por fenómenos adversos, y se coordina con las confederaciones hidrográficas aportando los datos de pluviometría y los modelos que alimentan sus cálculos de escorrentía.
Como el ciclo del agua, AEMET también se transforma con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en tres líneas. La primera, la mejora de la vigilancia atmosférica: la renovación de la red de radares —catorce modernizados y tres nuevos, en Almagro (Ciudad Real), Guadramiro (Salamanca) y la punta de Teno (Tenerife)—, una de las mayores inversiones en infraestructuras de la historia de la agencia. La nueva tecnología de polarización dual mejora la resolución y permite distinguir entre lluvia, granizo y nieve, y se completa con el despliegue de unas 140 estaciones meteorológicas de última generación. La segunda línea es una red de estaciones de medida de gases de efecto invernadero —el proyecto Cocoon, dentro del programa Respira y en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center—, que arranca con catorce estaciones en entornos rurales y urbanos y se apoya en la experiencia de más de cuarenta años del Observatorio de Izaña. Y la tercera, el desarrollo de servicios climáticos junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para anticipar cómo el cambio climático afectará al ciclo hidrológico y para afinar las predicciones estacionales.
«Podríamos resumirlo en que llueve peor»
Del Campo resume en una frase la paradoja que viven los gestores del agua: la superficie de clima árido en España se ha duplicado en los últimos setenta años, mientras los episodios de lluvias torrenciales se vuelven más intensos.
La agencia, concluye, forma parte de la cadena del ciclo del agua —«desde la gota cuando está en la nube hasta que llega al suelo»— y de la cadena de gestión de emergencias. Conocer mejor esa evolución es lo que permitirá a las confederaciones y a los operadores tomar decisiones más informadas y proteger mejor a la ciudadanía cuando llegan los fenómenos adversos.
Epílogo: el reto verdadero empieza cuando terminan los fondos
Lo que une a los cinco bloques de este episodio no es la geografía —Extremadura y el Alto Guadiana son realidades muy distintas dentro de una misma demarcación—, sino la escala. El agua rural se gestiona en municipios de pocos centenares de habitantes, en redes que llevan décadas funcionando, en comunidades que operan con recursos limitados y sobre acuíferos cuya recuperación se mide en décadas. En todos los casos, la digitalización aparece como la herramienta que permite hacer más con menos: medir antes de extraer, anticipar antes de reaccionar y dar al pueblo pequeño el mismo nivel de servicio que a la gran ciudad. Y en todos late una misma idea, la que sintetizaban Nieva al reclamar estructuras supramunicipales y Manzanares al hablar de ilusión recuperada: que esta transformación tiene tanto de tecnológica como de social.
El PERTE y el resto de los fondos del Plan de Recuperación están actuando como un acelerador de procesos que, en muchos casos, ya estaban en marcha por necesidad. La bonanza superficial del Guadiana no debe ocultar el desafío de fondo, compartido por una confederación, un consorcio provincial, dos comunidades de regantes y la agencia meteorológica: que lo construido con dinero europeo no se quede en una foto fija de 2026. Sostener, mantener y actualizar lo que ahora se digitaliza —y hacerlo cuando los fondos terminen— será la verdadera prueba de que la transformación digital del agua ha llegado para quedarse también en el mundo rural.
