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Sánchez refuerza el papel de la colaboración público-privada en el agua en una reunión con Veolia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los representantes del Grupo Veolia, a quienes ha recibido en la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los representantes del Grupo Veolia, a quienes ha recibido en la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido en el Complejo de La Moncloa un encuentro con la consejera delegada del grupo Veolia, Estelle Brachlianoff, para analizar el avance tecnológico en el sector del agua, los planes de la compañía en España y los retos asociados al cambio climático. En la reunión participaron también el presidente de Veolia España, Rafael Villaseca, y el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha.

La reunión se produce en un momento especialmente exigente para el ciclo urbano del agua. A la presión estructural derivada del envejecimiento de las infraestructuras y del endurecimiento del marco regulatorio europeo se suma el impacto creciente del cambio climático, con episodios de sequía cada vez más prolongados que están tensionando sistemas clave de abastecimiento y saneamiento.

El encuentro refuerza el reconocimiento de la colaboración público-privada como una palanca necesaria para afrontar la modernización del sector y garantizar la sostenibilidad de los servicios

El cambio climático fue, de hecho, uno de los asuntos abordados durante el encuentro. La referencia a la resiliencia y a la eficiencia energética conecta directamente con la situación que atraviesan territorios especialmente afectados por la escasez de recursos, como Cataluña o varias cuencas andaluzas, donde la gestión del agua ha pasado de ser un reto estratégico a una urgencia operativa para los gestores.

En este contexto, el encuentro adquiere una lectura política relevante. Aunque no se tradujo en anuncios concretos ni en acuerdos formalizados, sí refuerza un mensaje poco habitual desde la Presidencia del Gobierno: el reconocimiento explícito de la colaboración público-privada como una palanca necesaria para afrontar la modernización del sector y garantizar la sostenibilidad de los servicios. El mensaje implícito es también de estabilidad regulatoria y continuidad de los marcos de colaboración, un factor clave para sostener inversiones intensivas en capital y con horizontes de retorno a largo plazo.

El PERTE del agua como eje de la transformación

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua, concebido para movilizar cerca de 1.000 millones de euros de inversión pública en proyectos de digitalización, resiliencia y mejora de la eficiencia. El objetivo es impulsar la gestión basada en datos, reducir pérdidas y reforzar la capacidad de anticipación frente a eventos extremos.

El despliegue del PERTE se produce sobre un déficit de inversión por encima de los 4.000 millones de euros anuales, por lo que el reto no es solo movilizar recursos, sino asegurar su continuidad en el tiempo

Su ejecución está siendo progresiva y exigente, con proyectos de distinta escala y naturaleza: desde iniciativas impulsadas por municipios individuales hasta actuaciones de mayor alcance lideradas por consorcios territoriales, entidades supramunicipales, operadores públicos autonómicos y agrupaciones de entidades públicas y privadas. Este diseño permite abordar realidades muy diversas y ganar escala, pero también introduce una elevada complejidad de coordinación técnica, gobernanza y gestión, que está condicionando los ritmos de ejecución y la capacidad de convertir los fondos en proyectos plenamente operativos.

Este esfuerzo se produce, además, en la antesala de nuevas exigencias europeas en materia de tratamiento de aguas residuales, que volverán a tensionar la capacidad inversora de los sistemas urbanos en los próximos años y refuerzan la necesidad de anticipación tecnológica y planificación a largo plazo.

Un déficit de inversión que sigue marcando el debate

El despliegue del PERTE se produce sobre un déficit de inversión ampliamente diagnosticado. Las estimaciones sectoriales sitúan esta brecha por encima de los 4.000 millones de euros anuales, incluso considerando el esfuerzo inversor que ya realizan los operadores. En este contexto, los fondos europeos se interpretan más como un acelerador que como una solución completa al problema estructural de la renovación de redes, instalaciones y activos.

El reto no es solo movilizar recursos, sino asegurar su continuidad en el tiempo, algo que remite directamente a cuestiones de gobernanza, planificación y sostenibilidad económica de los servicios.

Operadores, inversión y capacidad de ejecución

Durante la reunión, Sánchez valoró de forma expresa las inversiones realizadas por operadores privados en tecnologías de eficiencia, digitalización y reutilización, así como su contribución a la modernización de redes e infraestructuras, especialmente en municipios medianos y pequeños, donde la inversión pública directa resulta más limitada.

Veolia acude a este encuentro como uno de los grandes operadores del mercado español del agua. El grupo presta servicio a más de 13 millones de personas en alrededor de 1.100 municipios y cuenta con una posición consolidada en abastecimiento, saneamiento y depuración, además de una fuerte implantación de soluciones digitales y de gestión avanzada de activos. Su perfil operativo y tecnológico la sitúa entre los actores con mayor capacidad para desplegar proyectos complejos de modernización a escala territorial, un factor clave en el actual contexto de ejecución del PERTE.

Más allá del contenido concreto tratado, la reunión refuerza una lectura compartida en el sector: el agua se ha consolidado como un asunto estratégico en la agenda política y económica. El consenso técnico es amplio; el verdadero reto será convertirlo en decisiones sostenidas en el tiempo, capaces de alinear financiación, regulación y capacidad operativa para responder a un escenario climático y normativo cada vez más exigente.