En la gestión del agua conviven mundos muy distintos: la gran ciudad y el pueblo de cien habitantes, el regadío que planifica su campaña y el ecosistema fluvial que reclama su caudal, la administración que mira a largo plazo y la persona que abre el grifo cada mañana. Toda esa diversidad descansa sobre un mismo recurso, y ninguna cuenca la refleja mejor que el Tajo. Nace en los Montes Universales, atraviesa la península hasta el Atlántico y comparte sus aguas con Portugal; por el camino sostiene a la mayor área metropolitana del país, alimenta regadíos históricos y mantiene ecosistemas singulares. Gestionar semejante complejidad obliga a una pregunta que recorre todo este episodio: cómo lograr que la información deje de vivir en compartimentos estancos y se convierta en una herramienta compartida.
El duodécimo y último episodio de la primera temporada de Conexión Agua —el videopodcast impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para difundir las actuaciones del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica dedicado al agua— recorre esa pluralidad de la mano del organismo de cuenca, del gran operador metropolitano de Madrid, de una entidad comarcal que lleva el agua urbana a los pueblos pequeños de Cáceres y de la federación que agrupa a los regantes del Tajo. Y, por tratarse de las grandes piezas del sistema, suma además dos miradas del propio Ministerio: la transformación digital del registro de aguas y la transposición de la nueva directiva europea de aguas residuales urbanas.
El episodio reúne a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a Canal de Isabel II, al Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, a FERTAJO —la Federación de Comunidades de Regantes del Tajo— y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el registro de aguas electrónico y la nueva directiva de depuración. Seis perspectivas que, desde escalas y responsabilidades muy diferentes, comparten una misma certeza: que en una cuenca donde cada decisión depende de muchos actores, el dato solo sirve si es común.
El Tajo: gobernar una cuenca transfronteriza de ocho millones de habitantes con datos y transparencia
La conversación arranca con Miguel Arroyo Pecharromán, consejero técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que describe la magnitud del organismo que gestiona el dominio público hidráulico y las infraestructuras de una de las grandes demarcaciones del país: más de ocho millones de habitantes, sesenta y tres mil kilómetros de cauce y más de mil cien municipios. El regadío concentra alrededor del 60 % de la demanda y el abastecimiento a poblaciones en torno al 20 %, una presión que la confederación afronta a través de la planificación hidrológica —con el plan del tercer ciclo (2022-2027) en vigor y los trabajos del cuarto (2028-2033) ya iniciados, superada la consulta pública de los documentos iniciales y del esquema de temas importantes— y de una gobernanza que debe coordinar una cuenca transfronteriza que llega hasta Lisboa.
Arroyo subraya el giro hacia la transparencia: la confederación ha publicado por primera vez su plan de actuación anual, evaluando su grado de cumplimiento conforme a la Ley de Transparencia, y ha recibido el máximo reconocimiento del Índice de Cumplimiento de Información Obligatoria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, siendo la única confederación que lo obtiene. La adaptación a los fenómenos extremos ocupa un lugar central. La concatenación de borrascas de 2025 dejó un máximo histórico de agua embalsada —nueve mil quinientos hectómetros cúbicos, en torno al 86 % de la capacidad—, y el informe sobre la gestión de aquellas avenidas concluye que las infraestructuras del Estado laminaron las crecidas de forma eficiente, reduciendo los caudales de salida hasta la mitad e incluso a una cuarta parte de los de entrada. Aquella gestión exigió más de dos mil avisos hidrológicos y una veintena de notas de prensa, y ha derivado en obras de emergencia en el Alagón, el Árrago y la presa de Gabriel y Galán, además de la sustitución de los desagües de fondo de la presa de Alcorlo iniciada el año anterior.
«Ahora tenemos la información y los datos a través de la digitalización; lo que tenemos que saber es cómo comunicarlos y trabajar de forma conjunta con ello»
En el plano digital, la confederación ha invertido más de cinco millones de euros en tres años en monitorización y conocimiento. Ha renovado por completo su página web —pieza clave de su relación con los usuarios—, avanza con Integra Next en la tramitación y georreferenciación de expedientes para acortar plazos administrativos y trabaja en la modelización de sus presas conforme a la metodología BIM, un sistema integrado de gestión que aspira a automatizar la toma de decisiones y a llevar al tiempo real una auscultación que todavía es manual. Su proyecto dentro del PERTE, dotado con más de seis millones de euros, se centra en digitalizar la información hidrológica del estado y la calidad de las aguas, con el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) como columna vertebral del seguimiento de toda la cuenca.
El balance del PERTE en el regadío es, para Arroyo, una revolución: sin reducir las concesiones de las diecinueve zonas regables de la demarcación, el control y la mejora de las infraestructuras han recortado el consumo en torno a un 7 %, unos cien hectómetros cúbicos anuales. La primera convocatoria movilizó alrededor de 1,9 millones de euros de ayuda para comunidades de regantes del Tajo y la segunda, a finales de 2025, duplicó esa ayuda hasta 4,4 millones y triplicó el número de proyectos.
Madrid: suministrar a una región que crece mientras el recurso mengua
La escala metropolitana llega con Jaime Flores Cabeza, subdirector de I+D+i de Canal de Isabel II, el principal operador urbano de España. Su radiografía de partida resume la tensión que define a la región: Madrid suma unos ciento cincuenta mil habitantes al año, mientras las aportaciones medias a sus embalses se han reducido un 25 % en los últimos quince o veinte años. Frente a ese doble frente, Flores aporta un dato revelador de la eficiencia ganada: en 2005, con seis millones de habitantes, la región derivaba para consumo unos seiscientos hectómetros cúbicos; en el cierre de 2025, con más de siete millones, la cifra ha bajado a cuatrocientos noventa y cuatro. El cambio climático, sin embargo, no solo detrae recurso: encadena trenes de borrascas con aportaciones que superan los registros desde 1900 y obligan a una gestión cuidadosa de los desembalses.
El plan estratégico, actualizado en 2025 y dotado con dos mil millones de euros de inversión, ordena la respuesta en torno a la garantía y la continuidad del suministro. Entre sus apuestas destacan las técnicas de drenaje urbano sostenible (TEDU) —que evitan sobredimensionar colectores y depuradoras ante lluvias extremas y mejoran la calidad, con un centro de excelencia propio para experimentar con ellas— y las tecnologías para reducir microplásticos y contaminantes de preocupación emergente. La filosofía la resume el propio Flores con una imagen muy gráfica de la cultura de la empresa.
«En Canal planificamos, invertimos y gestionamos el agua como si fuese el primer día de una sequía prolongada»
En digitalización, Canal de Isabel II ha estado presente en todas las convocatorias: dos entregas de tres millones de euros en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y otros 3,57 millones en la primera convocatoria de digitalización, destinados sobre todo al despliegue de contadores inteligentes para telelectura en los municipios menores de veinte mil habitantes de las cuencas del Tajo Sur y el Alberche. Es solo un acelerador de un proyecto de telelectura que alcanzará a toda la Comunidad de Madrid con más de doscientos millones de euros de inversión. La segunda convocatoria financió Draincam, la gestión inteligente e integrada del drenaje urbano de toda la región, con cerca de veintiséis millones de inversión y diez de ayuda; a ello se suma una ayuda para la renovación de redes en tres municipios medianos, una parte modesta frente a los quinientos millones que la empresa destina hasta 2030 a renovar tres mil doscientos kilómetros de red.
Flores recuerda que la inteligencia artificial no es nueva en Canal —la emplean desde 2008 para reconocer patrones de consumo doméstico— y enumera sus usos actuales: detección de fugas, pronóstico de aportaciones, predicción de problemas de calidad en embalses y de la demanda, y procesado automático de las imágenes de inspección en Draincam, que ahorra horas de trabajo poco productivo en la detección de roturas, fisuras e intrusiones. La pieza más llamativa es un dron autónomo dotado de sensor LiDAR que se autoguía por los colectores visitables, los mapea y esquiva obstáculos, evitando que el personal tenga que descender a ambientes tan poco recomendables.
Cáceres: el ciclo del agua de los pueblos pequeños, gestionado desde lo supramunicipal
Del gran operador metropolitano se pasa al extremo opuesto con Gustavo Pérez Rodríguez, gerente del Consorcio MásMedio, la entidad pública local —formada por la Diputación de Cáceres y los municipios miembros— que se define como la herramienta medioambiental de los municipios pequeños de la provincia. Su crecimiento ilustra el acierto del modelo supramunicipal: nació en 2019 con nueve municipios y nueve depuradoras y hoy supera las setenta depuradoras de aguas residuales y los ciento veinte municipios en residuos, con más de ciento noventa de los doscientos veintitrés municipios de la provincia adheridos, más del 85 % del territorio. En una provincia donde más del 75 % de los municipios no llega a mil habitantes, MásMedio presta el abastecimiento en alta y en baja, el saneamiento y la depuración, gestiona los residuos y, sobre todo, asesora técnicamente y busca la financiación —PERTE, FEDER— a la que esos municipios no podrían acceder por separado.
Pérez sitúa los dos grandes retos del ciclo del agua en la provincia: la necesidad de renovar infraestructuras —estaciones de tratamiento de agua potable, depósitos y una red en baja con importantes fugas y agua no registrada— y, antes incluso que esa, la falta de información y de datos para planificar las inversiones. De ahí nació Aquacere, el proyecto que la entidad concibió desde la necesidad y con un principio deliberadamente sobrio: empezar por lo básico, medir, antes de pensar en futuribles.
«No se trata solo de instalar equipos, se trata también de cambiar el modelo de gestión del ciclo del agua en la provincia»
El proyecto, dotado con más de ocho millones de euros de subvención para veintinueve municipios y más de veintidós mil habitantes, ordena sus actuaciones en tres niveles. Las de tipo A incluyen la legalización de las captaciones de agua de consumo humano —que estaban en situación irregular y que se han regularizado en unos setenta municipios, en coordinación con la confederación, el Servicio Extremeño de Salud y el SINAC—. Las de tipo B abarcan la renovación integral de contadores en alta y en baja y la instrumentación básica —niveles, boyas, caudalímetros—, con una apuesta singular por una red de comunicaciones LoRa privada apoyada en una APN de la Diputación, que evita los costes de operación de las plataformas comerciales en un territorio de poca población; más del 70 % de los contadores domiciliarios ya comunican por esa red. Las de tipo C corresponden a la suite informática, alojada en el servidor de la Diputación, con un foco creciente en automatizar la comunicación con otras administraciones.
Pérez proyecta el modelo hacia el futuro con un objetivo muy concreto: usar los datos para dimensionar correctamente las más de noventa depuradoras pendientes en núcleos de menos de dos mil habitantes —el llamado Plan Depura—, evitando sobredimensionar o infradimensionar unas infraestructuras que hoy se proyectan desde la teoría. Para una zona con poca población, insiste, digitalizar es la vía para llegar a un servicio más igualitario y solidario entre municipios, algo que solo puede hacerse desde el ámbito supramunicipal.
El regadío del Tajo: modernizar canales de hace setenta años para regar con precisión
El regadío de la cuenca llega con Primitivo Gómez Pascual, presidente de la Comunidad de Regantes de Valdecañas y de FERTAJO, la Federación de Comunidades de Regantes del Tajo. La federación, nacida en 1996 en Cáceres —la zona con más superficie regable de la cuenca— y extendida después por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura, agrupa veintiséis comunidades y unas ciento veinte mil hectáreas, de las que viven cerca de veinte mil familias. Su función es dar una voz única a los regantes ante las administraciones y prestarles apoyo jurídico, técnico y formativo, con unas jornadas que cada año cambian de sede —de Guadalajara a Cáceres y, este otoño, a Talavera de la Reina— para recorrer una cuenca muy extensa y diversa.
Gómez identifica el cambio climático como el reto común —no tanto por la cantidad de lluvia como por unos periodos cada vez más cortos y violentos— y, frente a él, una urgencia: modernizar unos regadíos sociales antiguos, muchos todavía bajo tutela de la confederación, con canales de sesenta y setenta años que pierden mucha agua. A ese desafío técnico suma dos frenos. El primero, el exceso de burocracia: modernizar cien hectáreas exige una evaluación de impacto ambiental ordinaria, y reclama un procedimiento simplificado para no perder ayudas, como ocurrió en el valle del Jerte —el regadío tradicional del cerezo, célebre por su floración de marzo—, donde se perdieron veintiocho millones de euros de fondos Next Generation gestionados por SEIASA porque las concesiones de agua, solicitadas en algunos casos desde hace veinte años, no llegaron a tiempo. El segundo, unos caudales ecológicos fijados, a su juicio, sin un estudio económico real de su repercusión sobre el regadío.
«Con la digitalización pasamos a tener datos exactos; no de la intuición, sino que ya tenemos un dato y podemos actuar de una forma más precisa»
El PERTE ha aterrizado en la cuenca con doce proyectos que movilizan unos seis millones de euros de inversión en la segunda convocatoria. Gómez destaca un logro conseguido a través de Fenacore: rebajar el umbral mínimo de inversión de cien mil a veinticinco mil euros, para que las comunidades pequeñas pudieran acogerse a la solución de gestión digital. La digitalización —con sensores de humedad y de retorno y la gestión desde el móvil— aporta transparencia hacia el regante y hacia la administración, rentabilidad para el agricultor y protección del medio, al aplicar a cada cultivo solo lo necesario.
Mirando al futuro, Gómez sitúa tres líneas: la formación de técnicos y regantes en digitalización e inteligencia artificial, todavía poco implantada en la gestión de las comunidades; la modernización pendiente recogida en la planificación; y la fijación de dotaciones reales por cultivo. En este último punto recuerda que el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2025, dio la razón a la Asociación del Consejo Europeo del Pistacho y anuló las dotaciones de riego fijadas para el almendro, el pistacho y el nogal en la cuenca del Tajo por carecer de justificación técnica suficiente, y avanza que la federación ha elaborado, junto a la Universidad Politécnica de Madrid, un estudio de dotaciones por cultivo en cinco o seis zonas de Guadalajara, Toledo, Madrid y Cáceres para llevarlo a la confederación. Con el horizonte del 30 de junio como fin de los fondos europeos, su petición a las administraciones es clara: que la inversión no se detenga.
El registro de aguas: la columna administrativa invisible que se vuelve digital
El episodio cambia de plano para asomarse a las grandes piezas administrativas del sistema con Imanol García Sendón, consejero técnico de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su ámbito es el registro de aguas, donde quedan inscritos los derechos de uso del agua igual que el Registro de la Propiedad recoge la titularidad de los inmuebles. Custodiados por los organismos de cuenca y las comunidades autónomas competentes, esos registros empezaron a llevarse a principios del siglo XX en libros físicos; en 2013 el Gobierno impulsó el registro de aguas electrónico y la base central del agua, un repositorio único que reúne la información de todos los organismos para el conjunto de España.
La dimensión del reto es notable: alrededor de trescientas mil inscripciones que suman cerca de treinta mil hectómetros cúbicos concedidos, repartidas entre demarcaciones de realidades muy distintas y acumuladas bajo normativas que han cambiado con el tiempo —inscribir un aprovechamiento exigía decenas de datos en 1987 y centenas en la actualidad—. Pero García Sendón insiste en que la mayor complejidad no es técnica, sino organizativa: como en todo proyecto de transformación digital, lo decisivo es la gestión del cambio en las organizaciones, que en este caso ha contado con el trabajo de unas confederaciones siempre dispuestas a colaborar.
«Tener información consistente con la misma calidad en diferentes organismos te permite aumentar la transparencia en los derechos del uso del agua»
Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han sido, en sus palabras, decisivos para impulsar las dos patas del proyecto: el desarrollo de la herramienta informática, ya en producción, y la ingente tarea de adaptar las inscripciones existentes a un formato consistente y explotable, con una inversión que ha alcanzado los veintidós millones de euros. El beneficio, subraya, va más allá de la eficiencia administrativa: el ciudadano puede obtener certificados por sede electrónica y recibir notificaciones automáticas, las administraciones ganan una foto precisa de los derechos concedidos para la gestión del dominio público y la planificación, y el conjunto de la sociedad gana en transparencia.
Los próximos pasos pasan por culminar la transición en los organismos de cuenca pendientes, dar la bienvenida a las comunidades autónomas a la base central del agua y, a medio plazo, mejorar la explotación de la información geográfica —parcelas y puntos de captación—, una funcionalidad que García Sendón considera llamada a transformar la gestión del agua.
La nueva directiva de aguas residuales: una década de exigencia para la depuración
El episodio se cierra con el marco europeo de la mano de Irene Morante Sánchez, jefa de Área de Saneamiento y Depuración de la Subdirección General de Planificación Hidrológica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La protagonista es la Directiva (UE) 2024/3019, de tratamiento de aguas residuales urbanas, una refundición de la norma de 1991 que durante más de tres décadas mejoró sustancialmente la calidad de las aguas receptoras. Publicada a finales de 2024 y en vigor desde el 1 de enero de 2025, su transposición obligará a sustituir la normativa española vigente —el Real Decreto-ley 11/1995 y su reglamento— por una nueva norma, probablemente con rango de ley, que incorpore exigencias inéditas.
«Lo que necesitamos es que también la Unión Europea empiece a abrir nuevas vías de financiación para hacer frente a todos estos nuevos requisitos».
Los retos técnicos son considerables. La directiva amplía su umbral de aplicación desde los dos mil hasta los mil habitantes equivalentes, lo que obligará a las pequeñas poblaciones a contar con colectores y tratamiento secundario antes de 2035. Endurece los límites de nitrógeno y fósforo y pone el foco en las grandes depuradoras de más de ciento cincuenta mil habitantes equivalentes, que deberán eliminar nutrientes —viertan o no a zonas sensibles— e incorporar un tratamiento cuaternario para retirar los microcontaminantes o contaminantes emergentes. A ello se suman el tratamiento de los desbordamientos de aguas de tormenta y escorrentía urbana, la neutralidad energética del sector en 2045, la vigilancia de microplásticos, gases de efecto invernadero, resistencia antimicrobiana y aguas residuales con fines epidemiológicos, y nuevos requisitos de circularidad, como la responsabilidad ampliada del productor y la valorización del fósforo y los nutrientes de los lodos.
El calendario es exigente y progresivo: la transposición debe completarse antes del 31 de julio de 2027 —el principal reto inmediato del Estado—, seguida de un programa nacional de implementación y del sistema de responsabilidad ampliada en 2028, con objetivos que se escalonan hasta 2045. Y todo ello, recuerda Morante, sin haber cerrado aún el cumplimiento de los retos heredados de 1991. En ese contexto, la digitalización es para ella una pieza fundamental: optimizar la operación y la monitorización de las plantas permite mejores rendimientos incluso con la infraestructura actual, y plataformas como el Observatorio del Agua o NABIA refuerzan también la capacidad de control y reporte de las administraciones.
Epílogo: del dato propio al dato común, y el cierre de una primera temporada
Lo que une a los seis bloques de este episodio no es la geografía —el Tajo cruza media España y reúne escalas que van de la gran ciudad al pueblo de cien habitantes—, sino una misma convicción, la que los participantes pusieron sobre la mesa al responder a una pregunta común: qué hace falta para que el dato deje de ser un recurso de cada organismo y se convierta en una herramienta compartida. Las respuestas se complementan. Para la confederación, el reto ya no es generar el dato, sino el saber hacer para comunicarlo y trabajarlo de forma conjunta. Para el operador metropolitano, el valor no está en la cantidad de datos, sino en su calidad y en la gobernanza del dato. Y desde la entidad comarcal y el regadío, la petición es la misma: un espacio común donde administraciones grandes y pequeñas viertan información real y útil, no un portal más.
Esa pieza compartida tiene ya nombre y fecha. El 30 de junio entra en funcionamiento el Observatorio GOTA, el cuadro de mando unificado del Estado que integrará en un único portal los datos de las confederaciones, de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), del programa europeo Copernicus y del Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones (EFAS). Pero, como advirtieron los propios invitados, una herramienta así solo funciona si todos la alimentan con datos reales y de calidad y si se mantiene y actualiza con el tiempo; de lo contrario, será otro portal inservible. El dato común no es un punto de llegada, sino una disciplina que hay que sostener.
Con este capítulo se despide la primera temporada de Conexión Agua. Doce episodios han recorrido España de norte a sur y de este a oeste —las grandes cuencas peninsulares y los territorios insulares— para mostrar que el agua de este país no se entiende sin su diversidad: cada cuenca con su problema, su modelo y su solución, pero todas atravesadas por un mismo hilo. Ante el cambio climático, el crecimiento de la demanda, las nuevas exigencias europeas y los episodios extremos, la digitalización del ciclo del agua ha dejado de ser un lujo para convertirse en una infraestructura crítica que se está construyendo ahora. El PERTE ha actuado como catalizador de una transformación que, en muchos casos, ya estaba en marcha por necesidad. El reto, a partir de aquí, es que el dato compartido siga creciendo —y sosteniéndose— cuando se apaguen los focos de los fondos europeos. Porque, como ha demostrado esta temporada, el agua de España se gestiona mejor cuanto más se comparte lo que sabemos de ella.
