La jornada se celebró el 25 de junio en el Salón de Actos del MITECO, en la madrileña Plaza de San Juan de la Cruz, y se retransmitió en directo por el canal de YouTube del Ministerio. Organizada por la Dirección General del Agua en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR 2023-2030), reunió a la administración hidráulica del Estado, a las comunidades autónomas, a las diputaciones y ayuntamientos, al sector empresarial y al tercer sector para hacer balance de las actuaciones de restauración fluvial y protección frente a inundaciones ejecutadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Un ciclo de inversión sin precedentes que se cierra ahora, en junio de 2026, y que deja sobre la mesa una pregunta común: cómo sostener y gobernar lo conseguido.
La jornada organizada por la Dirección General del Agua reunió a la administración hidráulica del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y ayuntamientos, el sector empresarial y el tercer sector
Una jornada conducida por la bióloga y divulgadora científica Evelyn Segura recorrió, cuenca a cuenca, tres años de obras financiadas con fondos Next Generation EU, con un hilo conductor nítido: devolver al río su espacio es, a la vez, recuperar el ecosistema y proteger a las personas.
La apertura institucional: de reparar el daño a anticiparlo
Abrió y dinamizó la jornada Evelyn Segura, que enmarcó el encuentro en un cambio de mirada sobre los ríos: de verlos como recursos que explotar o amenazas que controlar a entenderlos como corredores ecológicos, reservorios de biodiversidad y aliados frente a los fenómenos extremos. A continuación, inauguró oficialmente el acto María Dolores Pascual Vallés, directora general del Agua, que situó el sentido de la cita en una idea: ver de forma colectiva, global e integrada lo que cada administración hace por separado, porque solo así se aprecia el verdadero alcance del esfuerzo.
Pascual reivindicó un cambio de cultura en la gestión del riesgo. Frente a la tradicional respuesta reactiva —reparar el daño una vez producido, casi siempre con infraestructura para protegernos del río—, defendió una política de anticipación y adaptación que sitúa la prevención del riesgo y el aumento de la resiliencia en el centro de la acción. Bajo esa perspectiva, dijo, la restauración fluvial deja de ser solo una política de conservación para convertirse en una política de adaptación y de reducción del riesgo, una idea que recorrió también el reciente Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, RestauraRíos, celebrado en Soria bajo el lema «Restaurar las arterias del territorio para aumentar la resiliencia ante el cambio global».
La directora general respaldó ese giro con cifras. Desde 2020, el MITECO ha destinado en torno a 475 millones de euros a actuaciones de restauración fluvial y protección frente a inundaciones, de los cuales aproximadamente 422 millones se han ejecutado en el marco del PRTR con fondos Next Generation EU. El despliegue ha sido coral: las comunidades autónomas han recibido unos 100 millones a través del Ministerio —74,5 de ellos canalizados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente—, a los que se suman cerca de 25 millones en ayudas directas a territorios castigados por inundaciones recientes (eje del Ebro —Aragón, La Rioja y Navarra— y Comunitat Valenciana). En el ámbito local, 37 ayuntamientos han recibido unos 75 millones a través de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad, y en las convocatorias de 2021 y 2022 se destinaron más de 120 millones a la renaturalización y resiliencia urbana, de los que más de 64 corresponden a proyectos en entornos fluviales. Las confederaciones hidrográficas, por su parte, han ejecutado proyectos por más de 180 millones, y la propia Dirección General del Agua ha puesto en marcha desde 2023 actuaciones específicas de restauración con un presupuesto de 53 millones, ampliable en 10 millones más en 2026 y unos 75 millones previstos para 2027.
Ese esfuerzo, subrayó Pascual, ya es visible en los indicadores de seguimiento de la ENRR. Se han realizado estudios de condición hidromorfológica de más de 3.000 masas de agua; se han declarado 79 nuevas reservas hidrológicas, hasta alcanzar una red de unas 301 en todo el territorio; y se han puesto en marcha 70 proyectos de restauración que afectan a más de 350 kilómetros de cauce. En conjunto, España cuenta ya con 737 kilómetros de ríos restaurados. En materia de conectividad, el inventario de obstáculos transversales supera los 32.000 elementos, de los que en los últimos tres años se han demolido más de 300; los dispositivos de paso para peces han crecido más de un 15 % desde la aprobación de la Estrategia, con 82 azudes adaptados; y el conjunto de actuaciones ha permitido recuperar la conectividad de unos 6.150 kilómetros, hasta superar los 8.900 kilómetros de tramos fluviales conectados longitudinalmente. Es, en términos de la propia Estrategia, casi tanto cauce restaurado en tres años con fondos europeos como en todo el periodo 2005-2022.
«Lo que no se conoce no se aprecia, y lo que no se aprecia no se entiende»
La intervención cerró con el otro brazo de la política de la Dirección General del Agua: las obras de protección frente a inundaciones, cada vez más integradas con criterios de restauración. Pascual citó las actuaciones en fase final en el río Sella, en Arriondas, y en el río Adra, en Almería; las licitadas a finales de 2025 en la rambla de Cobatillas, en el entorno del Mar Menor, y en el barranco de la Barcheta, en Alzira, con una inversión conjunta superior a 25 millones; y las previstas en Los Alcázares (más de 30 millones) y en el barranco de la Saleta, en la cuenca del Júcar (más de 150 millones), que, junto con el barranco de la Casella, permitirán a la Dirección General licitar en 2026 obras de protección por cerca de 200 millones de euros. Todo ello, recordó, en un contexto europeo marcado por el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, aprobado en 2024.
El marco sectorial: las conclusiones de RestauraRíos V
Para trasladar el estado del arte del sector intervinieron Alejandro Cózar Castañeda, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, y Lluís Godé, presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), coorganizadores del V Congreso Ibérico de Restauración de Ríos celebrado en Soria del 10 al 12 de junio. La cita, consolidada ya como principal referencia ibérica del sector tras sus ediciones de León, Pamplona, Murcia y Toledo, reunió a cerca de 450 personas y más de 150 contribuciones técnicas, incluido el formato de microponencia «River Pitch».
Cózar resumió tres ideas de fondo del congreso. La primera, que restaurar es también gestionar mejor el riesgo de inundación: devolver el espacio al río recupera su capacidad de laminación natural, reduce la exposición de la población y mejora simultáneamente el estado ecológico. La segunda, que los ríos deben entenderse como sistemas complejos y dinámicos, de modo que la restauración no busca construir un cauce predefinido, sino recuperar la funcionalidad del propio río —cómo circula el agua, cómo se mueve el sedimento, cómo interactúan los elementos del ecosistema—. Y la tercera, que el desafío actual, más que técnico, es de gobernanza: compartir mejor la información, comunicar, hacer seguimiento de las actuaciones e integrar la planificación hidrológica, de inundaciones, territorial y urbanística.
El comisario ilustró estas ideas con la línea de trabajo de la propia Confederación del Duero, ordenada en las tres dimensiones de la conectividad fluvial. En la longitudinal, el organismo ha eliminado cerca de 237 azudes y adaptado unos 339 pasos mediante rampas para peces, con una actuación total en torno a 600 obstáculos. En la lateral, ha eliminado aproximadamente 140 kilómetros de motas, retranqueado unos 8,5 y descanalizado cerca de 12 kilómetros de cauce, recuperando la relación del río con su llanura de inundación en lugares como el río Castrón, en Ferreras de Abajo. Y en la vertical —la del sedimento, la más olvidada—, ha reincorporado al cauce cerca de 610.000 metros cúbicos de material en su día dragado y depositado en las márgenes.
Lluís Godé desgranó después las conclusiones del congreso por áreas temáticas. En la restauración del espacio fluvial, caudal y carga sólida, se reivindicó la gestión del sedimento y se advirtió de que el criterio de longitud de ríos libres no basta: hay que integrar también criterios ecológicos, hidromorfológicos y socioeconómicos, sin emplear solo la oportunidad como argumento para eliminar obstáculos. En la estructura y función de los sistemas fluviales se presentaron nuevos módulos de simulación de hábitats y técnicas moleculares, y se subrayó el impacto de las infraestructuras hidroeléctricas sobre la ictiofauna y el papel de la madera muerta. El bloque de soluciones basadas en la naturaleza destacó su potencial para cumplir las directivas europeas y mejorar la calidad de los efluentes, siempre con programas de seguimiento que eviten convertirlas en un eslogan vacío.
Las restantes áreas pusieron el acento en la dimensión humana. En entornos urbanos, la eliminación del hormigón y la educación fluvial son claves para sacar a los ríos de la invisibilidad y restaurar su identidad cultural. En gobernanza, se consolidó la idea de que la restauración es un proceso social e institucional que exige superar la fragmentación territorial y construir relaciones colaborativas entre administraciones, equipos técnicos, ciudadanía y comunidades locales. Y en comunicación y participación, Godé insistió en que el conocimiento previo de los ríos es el motor de su defensa, en que la participación debe empezar mucho antes de la obra y en que la comunicación sigue siendo la gran asignatura pendiente, que requiere profesionales especializados en restauración fluvial.
Una idea recorrió todo el congreso y, después, toda la jornada: restaurar ríos no es solo recuperar cauces o conectividad ecológica, es también reconectar a la sociedad con sus ríos
El marco normativo: la conectividad en el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza
La tercera ponencia del bloque de apertura abordó el encaje normativo, en una intervención conjunta de Fernando Magdaleno Mas, subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, y de Belén Calleja Arriero y Gonzalo Magdaleno Payán, de la Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Magdaleno Mas presentó el Reglamento (UE) de Restauración de la Naturaleza, en vigor desde agosto de 2024, como el primer reglamento comunitario no sectorial: cubre todos los tipos de ecosistemas —fluviales, humedales, urbanos, agrarios, forestales y marinos— y obliga a cada Estado a elaborar un Plan Nacional de Restauración (PNR). Su artículo 4 fija cinco grandes objetivos para los ecosistemas terrestres y dulceacuícolas: mejorar la condición de los hábitats, restablecer áreas de referencia, recuperar el hábitat de especies amenazadas —citó el visón europeo y el desmán ibérico—, mejorar el conocimiento y garantizar el no deterioro.
El subdirector subrayó que el Reglamento no contiene radicalismos, sino una llamada al equilibrio entre conservación y aprovechamiento, y describió un proceso de gobernanza «intensísimo»: tres grupos de trabajo —con comunidades autónomas, con entidades de la Administración General del Estado y un grupo público que reúne ya unas 500 entidades— y un calendario muy exigente. El borrador del PNR debe entregarse a la Comisión Europea antes del 31 de agosto de 2026; después, seis meses de evaluación y otros seis para revisar lo que se considere insuficiente. La cuarta y última sesión pública del proceso para ecosistemas fluviales estaba prevista para los días siguientes a la jornada. «Que sea un plan de España, no un plan del MITECO ni del agua ni de la biodiversidad», reclamó.
Belén Calleja detalló los avances en el artículo 9, relativo a los ecosistemas fluviales, que obliga a inventariar las barreras a la conectividad en sus tres dimensiones y a identificar cuáles deben eliminarse para alcanzar al menos 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre en 2030. El inventario de barreras transversales ronda ya las 50.000 sobre un total estimado de 74.500 —en su mayoría azudes y cruces con vial—, con un porcentaje relevante de obsolescencia aún desconocida; el de barreras laterales, con cerca de 25.000 registradas, es «la asignatura pendiente»; y el de verticales se ha derivado de los anteriores identificando lechos cementados. Gonzalo Magdaleno explicó la aplicación de la guía CIS nº 41 y la metodología Free Flowing Rivers: se han analizado 2.953 de las 3.182 masas de agua de tipo río de las cuencas intercomunitarias (un 92 %), equivalentes a 65.402 kilómetros, de los que en torno a un 11 % —unos 7.000 kilómetros— pueden considerarse hoy de flujo libre. A partir de ese diagnóstico, el Ministerio focaliza la intervención en barreras obsoletas, descartando las situadas en áreas de riesgo significativo de inundación, las que frenan especies invasoras o las catalogadas como bien de interés cultural, y trabaja con confederaciones, administraciones autonómicas y ONG para definir las medidas concretas antes del 31 de agosto.
La conectividad dejó de ser solo longitudinal: el Reglamento y el inventario nacional la entienden ahora en cuatro dimensiones —longitudinal, lateral, vertical y temporal—, incorporando la recuperación de las funciones naturales de las llanuras aluviales
El canal urbano: la Fundación Biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza
Cerró el bloque de marcos Cinta Luengo Borrero, jefa del Área de Ciudades de la Fundación Biodiversidad, que presentó el canal de financiación de la dimensión urbana. La convocatoria más relevante, dotada con 75 millones de euros y dirigida a ayuntamientos, diputaciones y cabildos para restaurar ecosistemas fluviales y reducir el riesgo de inundación mediante soluciones basadas en la naturaleza, fue muy concurrida: se presentaron 230 proyectos y resultaron beneficiarios 37, la mayoría situados en masas de agua y áreas de riesgo potencial significativo de inundación.
Luengo ilustró el trabajo con ejemplos repartidos por todo el país: la eliminación de dos azudes en Gijón; la permeabilización del azud de las Adoberías y la sustitución de barreras laterales en Vic; la recuperación de un meandro del Sequillo en Medina de Rioseco; los retranqueos de mota en Fraga, con la retirada de una escombrera y la creación de lagunas; la recuperación del antiguo cauce del Guadalope en Caspe; las actuaciones en Toledo y en el Manzanares a su paso por Madrid; o las campañas de eliminación de invasoras en Altea y Orihuela —esta última a lo largo de casi ocho kilómetros y con criterio ecológico—, además de Andújar y Ribera de Fresno. No ocultó las dificultades: el cambio de corporaciones municipales en 2023, cronogramas muy ajustados, la complejidad de obtener permisos y comprar terrenos, los escasos antecedentes de restauración fluvial urbana y el impacto de la DANA y del tren de borrascas, que condicionaron proyectos como los de Quart de Poblet o el Consorci de la Ribera.
Pese a todo, el balance fue positivo: 23 de los 36 proyectos ejecutados en la convocatoria de restauración fluvial han facturado más del 90 % de la ayuda, y solo tres liquidarán menos del 50 %, dos de ellos afectados por fenómenos meteorológicos extremos. En conjunto, las actuaciones han renaturalizado 144 kilómetros de río y han protegido frente a inundaciones a una población estimada en 250.000 habitantes. Luengo agradeció el trabajo de los ayuntamientos —«auténticas heroicidades para encajar estos proyectos en tiempo récord»— y el acompañamiento de las confederaciones y la Dirección General del Agua.
Del marco normativo al territorio: tras fijar el porqué, las reglas y la financiación, la jornada entró en su núcleo, los casos reales ejecutados por los organismos de cuenca y las agencias autonómicas del agua
Los casos sobre el terreno: once demarcaciones, un mismo objetivo
Tras la pausa, la jornada desplegó un recorrido por buena parte del territorio español en forma de presentaciones breves, con los ponentes subiendo al escenario por grupos. Cada intervención aportó resultados, pero también retos, peticiones y lecciones aprendidas.
Miño-Sil · Recuperación tras los incendios
Abrió el bloque Benito Viña Vila, técnico de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con los trabajos de restauración hidrológico-forestal posincendio en una demarcación que en el verano de 2025 sufrió una afección superior a las 128.000 hectáreas, repartidas sobre todo entre Ourense —comarca de Valdeorras, Macizo Central— y León —Las Médulas, Llamas de Cabrera—. En zonas de fuerte pendiente y alto riesgo erosivo, con captaciones de abastecimiento y áreas inundables aguas abajo, la confederación priorizó las actuaciones con sistemas de información geográfica y reconocimiento de campo, en coordinación con la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y el grupo Tragsa. Ejecutó más de 35.000 metros de fajinas, más de 18.800 de albarradas y dispuso más de 7.000 kilogramos de paja (mulching), además de retirada de madera quemada y repoblación de ribera con especies autóctonas. Su conclusión: cuanto antes se actúa, mejores resultados, y conviene adaptar cada solución al emplazamiento y dejar después que la naturaleza haga su trabajo.
Cantábrico · El río Saja
Mª Sandra García Montes, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, presentó la restauración del río Saja, un cauce que en los años cincuenta era anastomosado —múltiples brazos sobre la llanura aluvial— y que la mano del hombre fue convirtiendo en un canal único rectilíneo, con pérdida de biodiversidad, proliferación de invasoras y mayor riesgo de inundación, agravado por episodios recurrentes como el de 2019. Las dos actuaciones ejecutadas suman siete kilómetros (seis más uno), 31 meses de trabajo y una inversión cercana a 9 millones de euros. Se reactivaron 3,6 kilómetros de brazos históricos, se reforestaron unas 40 hectáreas con más de 50.000 ejemplares y se ejecutaron motas de protección que dejan a los núcleos ribereños a salvo de la avenida de 500 años, además de 8 kilómetros de itinerarios peatonales. Frente a la invasora reynoutria japónica, la confederación ensayó dos experiencias piloto —geotextiles de alta densidad e impulsos eléctricos de hasta 5.000 voltios, esta última pionera en España—. García Montes subrayó que la cooperación interadministrativa fue decisiva: participaron nueve administraciones, y los ayuntamientos se comprometieron a la conservación, hoy encauzada hacia un acuerdo de custodia del territorio cuya principal dificultad es la financiación.
Agencia Vasca del Agua · Urumea, Llodio y Zalla
Aitziber Urquijo Luengo, de la Agencia Vasca del Agua, explicó actuaciones financiadas con fondos Next en un territorio de ríos cortos y densamente poblados, donde el mayor riesgo natural son las inundaciones. La estrategia: recuperar espacio para el río y crear cauces de avenida que imiten el funcionamiento de los meandros, frente a la canalización que dispara los caudales punta. Lo demostró con un dato de sus estaciones de aforo en el río Butrón —en Munguía, muy urbanizado, el pico de inundación es muy alto; aguas abajo, en Gatica, con un 40 % más de cuenca, pero con llanuras de inundación respetadas, el hidrograma es mucho más bajo—. Presentó el meandro de Akarre, en el Urumea, ejecutado con fondos Next; la recuperación de márgenes naturalizadas en el arroyo San Juan, en Llodio, junto a su confluencia con el Nervión; y las sucesivas actuaciones en el río Kadagua, en Zalla, con cauces de avenida que protegen los barrios de Mimetiz y Aranguren y se convierten en espacios de ocio cuando no hay crecida.
Duero · Zapardiel y Tormes
Carlos Marcos Primo, de la Confederación Hidrográfica del Duero, presentó dos actuaciones de naturaleza distinta. En el río Zapardiel —un río efímero, pero de fuertes crecidas, desconectado del acuífero y reducido a un canal con motas—, un proyecto en el marco del Life IP Duero, con unos 2 millones de euros, abordó 35 kilómetros y eliminó unos 70 kilómetros de motas por ambas márgenes. La prueba llegó en la madrugada del 19 de enero de 2024, con la borrasca Juan: una avenida con periodo de retorno cercano a los 100 años que, gracias a las obras, se desbordó de forma controlada sobre los campos y redujo el caudal punta entre un 30 y un 40 %, evitando la inundación del casco histórico de Medina del Campo. En el río Tormes, en cambio, el objetivo fue la conectividad longitudinal: desde 2013 se han realizado 21 eliminaciones de obstáculos y 16 dispositivos de paso para peces, reconectando una red de 200 kilómetros. El proyecto incluye una monitorización biológica excepcional —más de 10.000 peces marcados con pit tag y una red de antenas que sigue sus movimientos en tiempo real—, con un resultado tangible: la boga y el barbo, desaparecidas del tramo alto, vuelven a formar cardúmenes.
Tajo · Obras emblemáticas
Ana Vicente Rangel, comisaria adjunta de la Confederación Hidrográfica del Tajo, repasó un conjunto de proyectos que, gracias al PRTR, han llevado a la demarcación de las «limpiezas de cauce» a la restauración. El Tajo es la cuenca con más reservas naturales declaradas (47, de ellas 42 fluviales): en dos fases se ha actuado en 24 de ellas —Garganta de Iruelas, Almonte y el azud de Monroy, Pelagallinas, entre otras—, eliminando o permeabilizando una treintena de obstáculos y liberando unos 1.800 kilómetros de cauce. A ello se suman el proyecto del río Alberche —con eliminación de choperas productivas abandonadas, tratamiento de alisedas afectadas por Phytophthora alni y un filtro verde a la salida de una depuradora—; una nueva fase del emblemático proyecto del Manzanares en Madrid (más de 6 millones de euros, con la retirada de la presa de la antigua Playa de Madrid y una rampa para peces); la sustitución de dos estaciones de aforo tipo V-flat infranqueables en los ríos Cofio y Tiétar; las actuaciones en Aranjuez y en la Junta de los Ríos; y el complejo arroyo Culebro, en Getafe, donde —entre depuradoras, polígonos y autovías— primero hay que recuperar antes de poder restaurar.
El bloque de ejemplos reunió a once organismos de cuenca y agencias autonómicas del agua
Guadiana · La Ribera de los Limonetes
Juan Manuel Jiménez García, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, presentó la rehabilitación de la Ribera de los Limonetes, en Talavera la Real, como obra emblemática del PRTR. Un río que la concentración parcelaria y la ocupación urbana e industrial habían simplificado y rectificado, con pérdida de funciones ecológicas y mayor vulnerabilidad. El proyecto, con unos 9 millones de euros de obra más cerca de 5,5 millones en expropiaciones, ha actuado en casi 27 kilómetros y 260 hectáreas, con más de 30.000 árboles y otros tantos arbustos plantados y más de 350.000 metros cúbicos de movimiento de tierras. Jiménez insistió en una idea: sin recuperación posesoria del espacio fluvial no hay restauración efectiva. Sobre esa base se retranquearon motas, se abrieron brazos de alivio y áreas de laminación, se eliminó la caña mediante enterramiento profundo del rizoma y se sustituyeron eucaliptales por bosque de ribera. La obra, calculada para una avenida de 100 años, resistió el tren de borrascas de enero y febrero y ganó la aceptación social de un municipio que volvió a ver su iglesia desde la carretera. Mencionó, además, una docena larga de actuaciones complementarias en la cuenca, como la rampa de flujo ascendente aguas arriba de Badajoz o la permeabilización del azud de la Granadilla.
Guadalquivir · La erosión en la Sierra Sur
La única intervención no presencial corrió a cargo de Juan Lluch Peñalver, comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mediante un vídeo pregrabado. Presentó el encargo de mejora y consolidación ecológica y reducción natural de los riesgos de inundación, heredero de un encargo «coral» de 2019 (8 millones de euros) que permitió ejecutar 124 actuaciones en diez provincias y tres comunidades autónomas, llegando a zonas afectadas por la despoblación. El nuevo proyecto, alineado con la ENRR, prevé restaurar 16,7 kilómetros y eliminar o permeabilizar 9 barreras mediante 32 actuaciones en nueve provincias, con obras iniciadas en abril de 2025. Lluch puso el foco en la erosión de la Sierra Sur sevillana —donde la incisión avanza a ritmos de un par de metros por década— y en soluciones diseñadas a partir del análisis del campo de velocidades del agua, como la escollera del río Blanco. Reclamó mejorar la tramitación y la comunicación, recurrir a consultoras especializadas ajenas al medio propio y reducir la burocracia, y reivindicó situar la erosión en primera plana del debate.
Segura · 80 kilómetros en tiempo récord
Eduardo Lafuente Sacristán, jefe de Servicio de Estudios Ambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura, relató el mayor reto en plazos de la jornada: 13 millones de euros, tres empresas, cinco lotes y nueve meses para actuar sobre unos 80 kilómetros de cauce entre Cieza, Calasparra y Murcia. El enemigo, omnipresente, es la caña —que él distinguió cuidadosamente del carrizo autóctono—: forma «túneles» que impiden ver el río, multiplica el riesgo de incendio, consume entre tres y diez veces más agua que un bosque de ribera y, en avenidas como la de septiembre de 2019, llega a mover islas de biomasa capaces de desplazar un puente. La gestión tradicional —cortar para que en dos meses vuelva a crecer— da paso ahora a métodos contrastados (corta reiterada, extracción de rizoma y cubrimiento con láminas), elegidos según el valor ecológico y el riesgo de cada tramo, con el objetivo de controlar y no de erradicar. Lafuente subrayó el papel de la comunicación: un vídeo divulgativo del proyecto alcanzó 70.000 visualizaciones frente a las cientos habituales, y advirtió, sobre los ríos de flujo libre, que hay tipos de ríos mediterráneos que nunca lo serán y de la necesidad de diversificar la inversión.
Júcar · El bosque de ribera del río Girona
Sara Mª Jiménez Argudo, jefa de Área de Gestión Medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Júcar, presentó la recuperación del bosque de ribera del río Girona (Alicante), en una demarcación con unos 5.100 kilómetros de red fluvial con presencia de caña. Recordó que la caña no es una causa, sino una consecuencia de la ocupación y deforestación del espacio fluvial, y que, aun así, conviene tener presente que es mejor un río con caña que un río desnudo. De los 37 kilómetros del Girona, 19 presentan caña —9 con invasión completa— y se han recuperado cerca de 7 kilómetros desde que comenzaron los trabajos en 2019. Detalló una metodología depurada —desbroce y triturado sin generar residuo, colocación de coberturas, planta certificada producida en vivero propio junto al CIEV de la Generalitat, plantación y, sobre todo, mantenimiento—, con el objetivo declarado de reducir el plástico, y advirtió de que una actuación de este tipo necesita entre cinco y siete años para dar resultados. Su mensaje final: Es posible restaurar incluso ríos muy invadidos, pero hace falta un plan de recuperación integrado en la planificación hidrológica y acorde a la ENRR.
Ebro · Caudales líquidos y sólidos
Miriam Pardos Duque, comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, abordó una dimensión menos visible de la restauración: la recuperación de los caudales y los sedimentos. Los embalses, con todas sus ventajas, contribuyen al déficit de sedimentos, simplifican la geomorfología y generan una falsa sensación de seguridad aguas abajo. Frente a ello, la confederación trabaja en una gestión integrada y adaptativa que enmarca bajo la estrategia GISDE (Gestión Integral de Sedimentos de la Demarcación) y la iniciativa «Ebro Fluye» de demolición y permeabilización de obstáculos. El próximo plan hidrológico incorporará caudales generadores en unas 40 grandes presas, y Pardos destacó las crecidas controladas del bajo Ebro —sueltas desde Mequinenza, jugando con el nivel de Ribarroja— que, nacidas para controlar macrófitos, se han convertido en un laboratorio de transporte de sedimentos, además de la reinyección de material acumulado en la desembocadura del Siurana. Insistió en la mejora continua del conocimiento, en la colaboración interdisciplinar y en que la mejor manera de restaurar un río es, muchas veces, dejarle hacer a él mismo.
Agencia Catalana del Agua · El Distrito de cuenca fluvial de Cataluña
Cerró el bloque Mónica Bardina Martín, jefa del Departamento de Planificación y Restauración de la Agencia Catalana del Agua, con nueve proyectos ejecutados con fondos PRTR (unos 6 millones de euros) y otros veinte en marcha o en redacción. Destacó la eliminación de un azud de seis metros de una antigua colonia industrial, con un seguimiento junto al CSIC que demostró una notable reducción de las emisiones de metano tras retirar el agua estancada; el caso de Manlleu, donde se conservó parte del azud para musealizar su memoria industrial, compatibilizando mejora ambiental y patrimonio; un conector fluvial lateral que permite a los peces superar dos azudes; la reconexión de un meandro del Ter en Colomers; y dos proyectos de recuperación de humedales —el estany de Sils y el delta del Llobregat— donde la principal incógnita es la gobernanza del mantenimiento: quién explota y gestiona las compuertas una vez terminada la obra. La Agencia ha empezado, además, a incorporar talleres de participación local en las zonas con conflicto social o componente de inundabilidad.
No hay receta única: el bloque dejó claro que cada proyecto exige soluciones muy adaptadas a su tramo, y que el seguimiento y la monitorización son los que permiten demostrar —y comunicar— que la restauración funciona
La gobernanza y el mantenimiento: el día después del PRTR
La sesión de tarde se reservó para la mesa redonda «Gobernanza en las actuaciones de restauración fluvial. Mecanismos para agilizar y garantizar la ejecución y el mantenimiento», moderada por Francisco Javier Sánchez Martínez, subdirector general del MITECO. Reunió a los actores complementarios a los organismos de cuenca —administración local, foral y autonómica, sector privado y tercer sector—, como un muestrario de todos los niveles de gobernanza, con la coordinación, la financiación y el mantenimiento como ejes de la conversación.
Elena de la Paz, del Ayuntamiento de Madrid, responsable del mantenimiento y conservación del Manzanares, presentó la actuación de bioingeniería en la margen derecha del río: el retranqueo del aliviadero del tanque de tormentas de Abroñigales, con un cuenco amortiguador y disipadores vegetales, y un muro Krainer de cerca de once metros de altura en la margen opuesta. Su principal aportación a la gobernanza fue metodológica: gracias a los acuerdos marco municipales —de redacción de proyecto, ejecución de obra y asistencia técnica— el Ayuntamiento pudo cumplir unos plazos muy estrictos, ejecutando obras en aproximadamente un mes desde su planificación.
Fernando Enríquez, presidente de ASERPYMA (la asociación de empresas de conservación y mejora del paisaje), puso el foco en el gran ausente del debate: el mantenimiento. De nada sirve restaurar si después no se mantiene —tratamiento de la vegetación, limpieza de cauces, monitoreo de la calidad del agua, gestión de la ictiofauna—. Como prueba del valor de ese cuidado, mostró una nutria detectada a menos de cuatro kilómetros del centro de Madrid. Su reclamación, compartida por buena parte de la mesa: ahora que los fondos europeos se agotan en junio, hay que pensar en procesos de licitación específicos de mantenimiento para no perder lo conseguido.
Mª José Clavijo, de la Estrategia Ebro Resilience (Gobierno de La Rioja), describió un modelo de gobernanza interadministrativa en el tramo medio del Ebro: 325 kilómetros entre Logroño y La Zaida en los que la Dirección General del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro y los gobiernos de La Rioja, Navarra y Aragón coordinan sus competencias para implementar el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación con soluciones basadas en la naturaleza y en las personas. El ámbito se ha dividido en una quincena de tramos, con estudios de alternativas y talleres deliberativos desde el propio diseño. Citó como caso de éxito la adecuación morfológica de Milagro-Alfaro, con cinco meandros restaurados entre 2020 y 2024 que funcionaron en la avenida de febrero de 2024. Clavijo atribuyó el éxito a la coordinación técnica de la Comisaría de Aguas y a la estabilidad del núcleo técnico —el mismo equipo desde 2017, pese a sucesivos cambios políticos—, y subrayó la combinación de fondos LIFE, PRTR, ministeriales y autonómicos, siempre alineada con las estrategias europeas.
Daniel Jones, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Fraga, contextualizó la importancia de su proyecto: dos terceras partes de la población viven en la llanura de inundación del Cinca, y casi 8.000 personas se sitúan en zona inundable para la avenida de 500 años. Con cuatro millones y medio de euros —tres procedentes de la Fundación Biodiversidad—, el municipio ha retranqueado tres kilómetros de mota al norte y al sur del casco urbano, ha retirado una escombrera de 116.000 toneladas y ha devuelto al río más de veinticinco hectáreas de llanura de inundación, con cerca de 35.000 ejemplares plantados. Jones puso en valor el acompañamiento de la Fundación Biodiversidad —el modelo de tutor que sigue el proyecto desde el primer momento— y el trabajo previo con la confederación, que permitió ejecutar más del 100 % del proyecto, aportando incluso fondos propios; y reclamó que los municipios que cumplen puedan beneficiarse de los excedentes de quienes no logran ejecutar.
María Moreno, directora gerente de SEOPAN (la patronal de constructoras y concesionarias), presentó un informe elaborado por TYPSA sobre estrategia e inversiones para la resiliencia hídrica en España. Su capítulo de adaptación al clima y reducción de inundaciones identifica actuaciones por unos 19.200 millones de euros, organizadas en siete tipologías —medidas estructurales de gestión del riesgo (3.550 millones), drenaje urbano sostenible (9.443 millones), infraestructuras verdes y restauración fluvial (1.500 millones), permeabilidad de infraestructuras lineales, adecuación de presas (4.600 millones), entre otras—, frente a una realidad de 2,7 millones de personas en zonas inundables. Moreno defendió que, más que financiación, el reto es de gobernanza, y avanzó propuestas de simplificación de la contratación pública, modelos colaborativos de contratación, acuerdos marco y colaboración público-privada.
Sales Tomás Pons, de la Fundación Limne, aportó la mirada del tercer sector y la custodia fluvial. La fundación, nacida en 2007, trabaja la restauración de la mano de la participación ciudadana y mantiene convenios de custodia con la Confederación Hidrográfica del Júcar desde 2015. Presentó el proyecto «Caña a la Caña», ejecutado con la Fundación Biodiversidad y el Consorci de la Ribera en trece municipios y 75 kilómetros de río, con cerca de 300.000 metros cuadrados de caña eliminada, un muro Krainer y la plantación de más de 55.000 helófitos, 56.000 arbustivas y 1.300 árboles. Más allá de la obra, destacó la dimensión social —un consejo consultivo de decenas de entidades, treinta centros educativos y más de 11.000 alumnos implicados, acuerdos de custodia con propietarios privados— y la proyección estatal e internacional a través del Foro de Entidades de Custodia Fluvial (FREC) y del proyecto RIWET. La clave, dijo, es diversificar las fuentes de financiación públicas y privadas y actuar de nexo entre administraciones.
Arantza Unzurrunzaga Iturbe, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, explicó cómo gestiona el territorio sus 800 obstáculos inventariados mediante un sistema de «semáforo» —verde para los tramos ya liberados, naranja para los que se están interviniendo y rojo para los que no se actuará antes de 2035—, con tres criterios de priorización: la oportunidad técnica, la conservación y el presupuesto, completado en un 60 % con fondos europeos. Defendió la demolición por fases para controlar la movilización de sedimentos, como en un azud de siete metros demolido en tres tandas, y relató el caso de Soraluze, donde de cuatro azudes se demolieron dos tras las reuniones con el pueblo y los condicionantes de arqueología. Señaló como «puntos rojos» de la gobernanza el no ser autoridad hidráulica, los tiempos de arqueología y la sensibilidad social ante la lámina de agua embalsada, protegida en muchos pueblos como paisaje.
El debate posterior cristalizó las demandas transversales de la jornada: la urgencia de articular contratos de mantenimiento al concluir el ciclo de fondos europeos; la necesidad de simplificar y modernizar la contratación pública —SEOPAN avanzó hasta cinco propuestas, desde reforzar la coordinación de los distintos planes hasta la digitalización del seguimiento—; y, una y otra vez, la comunicación y la sensibilidad como condición de éxito, porque los proyectos que salen adelante son los que cuentan con consenso, y los que no se cuentan son, precisamente, los que carecieron de él.
El PRTR termina en junio de 2026. Tras un ciclo intenso de ejecución, el reto pasa a ser mantener y sostener lo hecho, y gobernar la coordinación entre administraciones con competencias e intereses distintos
La clausura: la restauración como inversión de futuro
Francisco Javier Sánchez Martínez y Evelyn Segura cerraron la jornada con un diálogo de síntesis. Recapitularon un viaje por casi todo el territorio que dejó enemigos comunes —la caña, con el celebrado eslogan «darle caña a la caña»— y objetivos compartidos: la conectividad en sus distintas dimensiones, la recuperación de caudales y sedimentos y, sobre todo, la idea de empezar por devolverle al río su espacio. Segura insistió en que restaurar un río no es solo mejorar un ecosistema, sino construir territorios más seguros, resilientes y habitables, y reivindicó que cuidar la naturaleza no significa ir en contra del desarrollo.
Sánchez Martínez subrayó que el éxito de la ejecución presupuestaria de estos casi cuatro años se explica por un trabajo previo de maduración y consenso: muchos de los proyectos presentados ya estaban redactados, tramitados y evaluados cuando llegó el PRTR, que vino «como anillo al dedo» para poder ejecutarlos. Ambos coincidieron en que la sociedad ha aprendido «a malas» —los récords térmicos batidos esa misma semana, más de dos grados por encima del registro histórico, y los eventos extremos de los últimos años así lo demuestran— y en que el reto que queda exige seguir invirtiendo en conocimiento y ciencia para tomar decisiones inteligentes, intervenir lo justo y sostener lo hecho mediante la cooperación entre administraciones y la búsqueda de nueva financiación.
Por debajo de cada caso, el hilo común de la jornada fue triple, en línea con las ideas que el propio Ministerio había fijado como marco: un esfuerzo sin precedentes desplegado al amparo del PRTR; una colaboración de todas las administraciones —confederaciones, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos— sin la cual nada habría sido posible; y un futuro que pasa por seguir cooperando y por conseguir nueva financiación que dé continuidad al trabajo iniciado. La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos contabiliza ya, además, una intensa labor divulgativa —más de 630 actividades para población general, con más de 24.150 asistentes, y unas 1.870 en centros escolares, con más de 69.700 estudiantes— y 249 reservas naturales fluviales declaradas, la mitad de ellas ya con medidas de gestión en marcha.
La grabación íntegra de la jornada puede consultarse en el canal de YouTube del MITECO, y la conversación queda emplazada para la próxima edición del Congreso Ibérico de Restauración de Ríos, que tomará el relevo de Soria.
