El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “antepone los intereses de los ciudadanos y los intereses del Medio Ambiente, a los ‘intereses nucleares” ante el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que suspende el Decreto del Consejo de Gobierno de octubre de 2016 por el que se ampliaba la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito. En este sentido, para defender la Directiva Hábitats, el consejero advierte que “si fuera necesario” el Gobierno recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El consejero ha aclarado que el Gobierno regional es la “autoridad competente” en materia de Medio Ambiente” y está obligado a trabajar por la preservación de los espacios naturales y proteger los hábitats de las aves esteparias, como es el caso, además de otra avifauna. Ése es también el cometido de la Comisión Europea, por lo que “hay que hacer cumplir la Directiva Hábitats y todos los informes dictan que hay que preservar el espacio en torno a la Laguna de El Hito”.
En cualquier caso, Martínez Arroyo ha manifestado su “respeto" a las sentencias judiciales pero ha insistido en que el Gobierno regional "siempre antepondrá los intereses de los ciudadanos y medioambientales a los intereses nucleares", haciendo alusión a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la que se basa esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de la región.
Respecto a los “intereses nucleares” que defienden las sentencias y que pasan por transportar desde toda la península residuos radioactivos “por las carreteras de toda España a un basurero nuclear que quieren instalar en Villar de Cañas", el consejero ha considerado que “no se está teniendo en cuenta el consiguiente riesgo que puede suponer ese transporte por todas las carreteras, no sólo de Castilla-La Mancha sino del país”. Frente a eso, ha concluido, “nosotros estamos trabajando por defender el interés del medio ambiente y de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.
