Mercedes Echegaray, directora gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, participó en la pasada edición de la Semana de Tratamiento del Agua, en una sesión sobre los retos y oportunidades de la nueva Directiva TARU en España. Durante su intervención, subrayó que esta nueva directiva requiere que las aglomeraciones a partir de 1.000 habitantes en áreas con población dispersa cuenten con sistemas adecuados para la recolección y tratamiento de aguas residuales, asegurando la eliminación de la materia orgánica biodegradable antes de su vertido, con un plazo objetivo que se extiende hasta el año 2035.
Este cambio representa un desafío considerable, especialmente para una región como Castilla-La Mancha, caracterizada por su vasta geografía y la dispersión de sus pequeños municipios. La ampliación del ámbito de aplicación conlleva una inversión adicional significativa. Echegaray destacó que, aunque la implementación de estas medidas presenta desafíos importantes en términos de delimitación de aglomeraciones, viabilidad técnica y económica, así como gestión de recursos, "el gran número de acciones a realizar implicará, en términos administrativos, una carga de trabajo adicional para las administraciones, ya de por sí escasas de personal, tanto a nivel estatal como autonómico".
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En términos económicos, señaló que la ampliación del ámbito de aplicación conllevará una inversión adicional considerable, que se espera sea respaldada por fondos europeos, dada la magnitud de las intervenciones requeridas para cumplir con los nuevos estándares: "La ampliación del ámbito de aplicación a aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes supone para Castilla-La Mancha una inversión adicional de más de cien millones de euros".
Finalmente, la directora gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha resaltó tres grandes oportunidades: la generación de empleo, la investigación de nuevas tecnologías de tratamiento para pequeñas depuradoras y la mejora de la calidad de las masas de agua.
